El precio de la misoginia

El Pacto Histórico, el gobierno del cambio, impulsó las listas cerradas, cremallera, lo que permitió aumentar la presencia femenina en el Congreso hasta cerca del 30 %. De haberse aprobado la reforma política, Colombia habría estado más cerca de consolidar la masa crítica de mujeres que se necesita para que Colombia vaya avanzando hacia una ‘ginecocracia’. Sin embargo, esa apuesta pierde coherencia cuando se aplaude —o se tolera— la misoginia dentro de sus propias filas. El costo político de esa contradicción se reflejará en las urnas: más de un millón y medio de votos perdidos.

Desde finales del siglo pasado, el movimiento social de mujeres logró avances fundamentales, como la ley de cuotas surgida tras la Constituyente, que abrió espacios en los niveles decisorios del Estado. A ello se suma el trabajo de la bancada de mujeres en el Congreso, que ha impulsado normas como la Ley Rosa Elvira Cely, que tipifica el feminicidio como delito autónomo. Aunque su aplicación sigue enfrentando obstáculos en el sistema judicial y en la acción policial, representa un hito en la protección de los derechos de las mujeres.

En el 2025 se aprobó la Ley Estatutaria 2453, una norma histórica que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política. Esta ley reconoce y castiga agresiones físicas, psicológicas, económicas, simbólicas y digitales, y garantiza el ejercicio libre de la participación en cargos públicos y de elección popular.

El Valle del Cauca ha sido pionero en la participación política femenina. Tres gobernadoras consecutivas, así como gabinetes con una presencia mayoritaria de mujeres altamente capacitadas. Nombres como Liza Rodríguez, con doctorado en administración pública; Consuelo Bravo y María Cristina Lesmes, recordada por su liderazgo durante la pandemia, entre otras, son mujeres súper calificadas.

El camino para las mujeres en política no ha sido fácil, sobre todo si han demostrado que son mejores gobernantes, que practican la ética del cuidado y que los ciudadanos se sienten representados y protegidos. Infortunadamente, enfrentan ataques constantes: insultos, desinformación y acusaciones sin sustento. Estas prácticas, profundamente arraigadas en la cultura política, se intensifican cuando las mujeres alcanzan posiciones de poder, como la dirección de partidos políticos.

El error del Pacto Histórico fue estratégico y simbólico. En lugar de consolidar alianzas con liderazgos femeninos —especialmente en regiones clave como el Valle del Cauca— optó por la confrontación, incluso mediante burlas y ataques. La respuesta no se hizo esperar: una demanda al transgresor por misoginia.

Francia Márquez llegó con más de 800.000 votos propios, obligando a Petro a escogerla como su fórmula vicepresidencial; también fue víctima de misoginia y su proyecto bandera, el Ministerio de la Igualdad, nunca se le permitió consolidarlo. A ello se suma su decisión de no compartir espacio político con un funcionario cuestionado por violencia intrafamiliar, una postura que ha defendido como coherente con sus principios.

Ya saben, mujeres en la política no las pueden atacar ni agredir y con este éxito legislativo, para atrás ni para echar impulso.