Democracia en riesgo

Ante los crecientes hechos de violencia en distintos departamentos del país, los gobernadores volvieron a plantear serios reparos a la figura de la paz total y reclamaron del Gobierno escuchar el clamor de las regiones.

En un comunicado, los mandatarios le reiteran al presidente Petro evitar que la paz siga siendo utilizada por los grupos ilegales como una oportunidad para incrementar sus actividades delincuenciales. Las constantes denuncias de los gobernadores sobre el control territorial, que estarían ejerciendo grupos armados, adquieren mayor importancia ante la proximidad de las elecciones regionales del 29 de octubre. Sus quejas deben ser atendidas. Que en el empeño del Gobierno por alcanzar la paz total no se descuide la seguridad que reclaman todos los colombianos.

En varias regiones del país la población siente temor e incertidumbre, pues en medio de anuncios de cese al fuego, que la Fuerza Pública respeta, no sucede lo mismo con los grupos criminales que han anunciado detener sus acciones.

La carencia de mecanismos efectivos de verificación hace más complicada la situación de orden público. El Gobierno tiene que tener muy claro que lo que está en juego en octubre va mucho más allá de los mismos comicios. La prioridad es la democracia y, para ello, son necesarias unas elecciones seguras, transparentes, en paz y con garantías suficientes para todos los aspirantes, independiente de cuál sea su militancia.

Petro se ha desentendido de la crisis de seguridad en los territorios, no enfrenta los problemas de orden público que está generando la acción de los grupos armados ilegales que son de gran magnitud. Es creciente la dificultad para hacer proselitismo en zonas con la presencia de tales grupos. Se necesita que en todo el territorio el Estado haga presencia efectiva e integral que garantice la tranquilidad de sus habitantes.

El Gobierno tiene el reto de que la búsqueda de la paz total no se haga afectando la seguridad de la gente, como tampoco el que se produzca un crecimiento de los grupos armados. A nadie, excepto a los criminales, le conviene un debilitamiento de la capacidad estatal de proteger a los colombianos. Se debe negociar pensando en las personas que sufren el control territorial con sus extorsiones y confinamientos que hoy padecen poblaciones en departamentos como Nariño, Norte de Santander, Chocó, Cauca y Arauca.

Según la Defensoría del Pueblo, los 113 municipios que se encuentran en alerta máxima por posibles alteraciones del orden público, están ubicados en 16 departamentos. En el Valle del Cauca se encuentran tres municipios: Tuluá, Buenaventura y Jamundí. En cuanto a los factores que generan ese riesgo, la Defensoría ha identificado la presencia, tránsito o injerencia de grupos como ‘el clan del golfo’, el Eln, las disidencias de las Farc y los grupos del crimen organizado. Todos ellos son responsables de amenazas para las comunidades y para las elecciones.

Petro no se ha dado cuenta de que se va a quedar con poco territorio para gobernar. Podrá seguir ejerciendo como jefe de Estado, mientras que los grupos armados ilegales, no solo controlan buena parte del territorio, sino que aspiran imponer sus candidatos a gobernadores, diputados, alcaldes y concejales para las próximas elecciones de octubre, con los que esperan gobernar un territorio que ya consideran propio. Se deben tener unas elecciones libres, sin riesgo de que la democracia termine secuestrada.