¿Cuánto cuesta un bloqueo de carretera?

Con una bien sustentada exposición de motivos, el Representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Christian Garcés Aljure, con otros parlamentarios, el pasado 14 de agosto, radicó el Proyecto de Ley N° 194/24, “por medio del cual se establecen medidas para garantizar la libre movilidad, la continuidad de la cadena de suministros, el comercio nacional e internacional y la seguridad alimentaria en vías de importancia estratégica del país y se dictan otras disposiciones”

Entre enero y junio de 2024, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga, Colfecar, reporta 348 bloqueos en vías nacionales que causan $1,9 billones de pérdidas económicas. Cinco departamentos son los más afectados por bloqueos este año, regiones que históricamente han sufrido taponamientos que repercuten en la economía regional: Bolívar con 52; Atlántico: 46; La Guajira: 34; Cauca: 29 y Córdoba con 24.

Por ejemplo, el Valle del Cauca es el departamento que más carga ha movilizado por sus carreteras en los últimos años: 27 millones de toneladas en 2022 y 26 millones de toneladas en 2023. Por información de Fenalco, en 2016, el comercio perdió cerca de $90.000 millones, por un bloqueo en Nariño que duró 46 días. El Consejo Gremial y Empresarial del Cauca señaló que en 2023 la vía Panamericana sufrió 29 bloqueos. La situación para 2024 es peor: A corte de junio, van 35 obstrucciones en la misma vía. ¡Con dos días de bloqueo se pierden $13.000 millones!

En 2021 hubo desabastecimiento de alimentos en las 29 centrales mayoristas de Colombia. Por información del Ministerio de Agricultura, las pérdidas en el sector agropecuario llegaron a $3,6 billones, y pusieron en riesgo 1,8 millones de empleos. Otro ejemplo de la afectación en la seguridad alimentaria se da con el cierre de la vía Panamericana en el municipio de Rosas, Cauca. Cerca del 40% de los productos agropecuarios que se consumen en el Valle, provienen de Cauca, Nariño y Putumayo. Por el bloqueo dejaron de ingresar 576 toneladas de alimentos a la Central de Abastos de Cavasa.

Algunos transportadores comentaron que, por el bloqueo en Rosas, muchos camiones provenientes de Nariño y el sur del Cauca, tuvieron que desviarse por rutas alternas como la de El Tambo, lo cual genera un incremento del flete de $1 millón a $4 millones. Un conductor de carga, al toparse con un bloqueo en Piendamó, tomó la ruta alterna de Santander de Quilichao a Morales; Fue interceptado en el municipio de Buenos Aires por un retén ilegal. Al no detenerse, fue alcanzado más adelante y atacado a tiros por hombres armados, causándole la muerte. Otro insólito hecho ocurrió el 19 de abril: Estudiantes de la Institución Educativa Técnica-Agropecuaria en Dominguillo, Santander de Quilichao, bloquearon la vía Panamericana en Quinamayó, debido a la falta de aulas y pupitres.

Es evidente que, a pesar de estar tipificada como delito en el Código Penal Colombiano (Art 353A), la toma de vías se ha vuelto un ‘mecanismo efectivo’ para las comunidades y una ‘violación tolerada’ por las autoridades. Por ello se requieren nuevas disposiciones legales que escarmienten a los infractores y prevengan a las autoridades sobre la gravedad de permitir impunemente el delito.

Este proyecto de Ley, como garantía del Orden Público, obliga al Ministerio de Defensa a identificar las ‘vías estratégicas’ para movimientos logísticos. En esas rutas se prohíbe cualquier interrupción de la movilidad. Igualmente, dispone que las autoridades promoverán mesas de diálogo entre los actores involucrados en manifestaciones dentro del área de esas vías, para resolver pacíficamente los conflictos que originan las interrupciones del tránsito. Vale destacar que esta ley contempla que, después de 12 horas de iniciado el bloqueo, el Ministerio de Defensa y las autoridades territoriales deberán hacer uso de la fuerza para levantarlo. Paralelamente, dispondrán mecanismos jurídicos, tributarios y administrativos de compensación y reparación para los sectores y ciudadanos que puedan resultar afectados. También, se sancionará disciplinaria y/o penalmente, por acción u omisión, al servidor público que, estando en el deber de levantar el bloqueo, no lo haga.

El proyecto de ley es una respuesta inaplazable al insoportable problema de los bloqueos en las vías de Colombia y compensa de alguna forma pérdidas hasta ahora ignoradas. ¡Estamos pendientes!