Cuando las diferencias suman

En los próximos meses, los colombianos acudiremos a las urnas para elegir al próximo presidente, quien —independientemente de quién sea— enfrentará una tarea titánica. Hoy, el país no atraviesa una sola crisis, sino varias, resultado de la impecable aplicación de políticas estatales erróneas, como dijo Humphrey, un burócrata inglés en la serie Yes, Minister.

De acuerdo con el más reciente informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, aunque el recaudo al inicio de 2026 superó las expectativas, las presiones de gasto, deuda y liquidez mantienen un desbalance significativo en las finanzas públicas. Esto limita la capacidad de ajuste en el corto plazo y eleva las alertas sobre la sostenibilidad fiscal. A febrero de este año, el gasto total alcanzó el 3,8 % del PIB, por encima del mismo período del año anterior, mientras que el gasto primario llegó al 2,9 %, evidenciando presiones superiores a los promedios históricos. A esto se suma un presupuesto para 2026 de $474 billones, que no incorpora plenamente los ajustes de financiamiento, así como una presión adicional de $43 billones por reservas de 2025. En materia de deuda, la cifra bruta alcanzó el 65 % del PIB tras el aumento registrado en diciembre, impulsado principalmente por el crecimiento de la deuda externa, llegando a niveles históricamente altos.

El panorama energético tampoco es alentador. La brecha entre oferta y demanda se encuentra en niveles críticos —entre 1 % y 2 %—, lo que compromete la confiabilidad del sistema ante cualquier contingencia. Esta vulnerabilidad se agrava ante la posible llegada del fenómeno de El Niño, que podría reducir significativamente los aportes hídricos, base de la generación eléctrica del país. Lejos de ser un fenómeno coyuntural, esta situación responde a años de rezagos en la expansión del sistema. La ausencia de nuevos proyectos y los retrasos en la entrada de capacidad han erosionado el margen de respaldo energético. Hacia adelante, las proyecciones son aún más preocupantes: para 2028, el déficit de energía en firme podría alcanzar el 6 %, equivalente a 2500 MW, comprometiendo la capacidad de atender la demanda.

Ahora, aunque las energías renovables han crecido, estas no son suficientes por sí solas para garantizar estabilidad, especialmente en horas de alta demanda o sin generación solar. A ello se suman cuellos de botella regulatorios, permisos y consultas previas que han impedido materializar proyectos: entre 2020 y 2025 se proyectaban más de 23.000 MW, pero solo se materializó la entrada en firme de menos del 20% esperado.

En salud, la situación es aún más crítica. Un informe de la Procuraduría evidencia un aumento exponencial de quejas, tutelas y desacatos, reflejando el deterioro progresivo del sistema. Las intervenciones a EPS, lejos de estabilizarlo, han agravado problemas de acceso y sostenibilidad. El caso de Nueva EPS es ilustrativo: el costo de prestación superó los ingresos, pasando de 95,6 % en 2022 a 121 % en 2023, con un patrimonio negativo de $4,4 billones en 2024. Para 2025, se proyectan más de 131.000 tutelas y 33.000 incidentes de desacato, evidencia de una pérdida de capacidad de respuesta.

Además, el sistema enfrenta un déficit cercano a $16,86 billones, con indicadores de siniestralidad del 109 %: por cada $100 que ingresan, se requieren $109 para cubrir costos. A esto se suma un nivel de endeudamiento alarmante: por cada $100 en activos, existen obligaciones cercanas a $193. Esto refleja, entre otras cosas, la magnitud del desajuste de la estructura del sistema.

En materia de seguridad, la tendencia también es preocupante. En los primeros 34 meses del actual gobierno, el secuestro aumentó un 102 %, revirtiendo más de una década de reducción. En paralelo, el pie de fuerza de los grupos armados ilegales creció 23,5 %, superando los 27.000 integrantes, acompañado de un incremento del 34% en los enfrentamientos. Hoy existen al menos 13 zonas en disputa activa y presencia de estos grupos en 797 municipios, equivalente al 71 % del país. El fortalecimiento de economías ilícitas agrava el panorama: la minería ilegal está presente en 29 de los 32 departamentos, y se estima que el 85 % del oro exportado tiene origen ilícito, y el 70 % de este está bajo el control de actores armados ilegales.

Por este motivo, el que resulte elegido para gobernar a partir del 7 de agosto tendrá un panorama complicado y deberá tomar una serie de decisiones impopulares, pero necesarias, para estabilizar las crisis del país y sentar las bases para el futuro de Colombia. Para ello, será clave contar con equipos capaces de formular políticas públicas basadas en evidencia y con la capacidad de construir consensos en medio de las diferencias. Como afirmó Lyndon B. Johnson, expresidente estadounidense, en 1964, actualmente “vivimos en un mundo que se ha reducido a un vecindario antes de convertirse en una hermandad”, y debemos cambiar esta tendencia. En vez de profundizar la fragmentación, como incentivan algunas campañas presidenciales, e inclusive el presidente Petro, es imperativo ampliar el diálogo y construir desde las diferencias. Por eso es tan valiosa la propuesta liderada por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, dos personas diferentes, con ideas políticas divergentes y numerosos desacuerdos, pero que comparten un propósito común, construir un mejor futuro para Colombia. Al fin y al cabo, para que el país cambie y salga adelante, no se necesita un mesías, sino el trabajo mancomunado de todos los colombianos, hacia un norte claro.

Twitter: @Mariocarvajal9C