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Acción colectiva y no violencia

En el mundo contemporáneo y específicamente en Colombia, las acciones colectivas, las movilizaciones sociales y los movimientos sociales han cambiado de manera notable, en su contenido y en su forma.

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Álvaro Guzmán Barney
Álvaro Guzmán Barney | Foto: El País

22 de oct de 2025, 01:50 a. m.

Actualizado el 22 de oct de 2025, 01:50 a. m.

El concepto de acción colectiva es fundamental en el análisis sociológico. Supone que varios individuos actúan colectivamente, en defensa de determinados intereses. Es crucial entender la forma que toma la acción colectiva cuando se manifiesta públicamente y, de manera específica, si aparece o no la violencia. Los sociólogos privilegiamos el estudio de las acciones colectivas 'desde abajo’ que buscan cambiar las relaciones de dominación. Pero, en un análisis más complejo, se deben estudiar también las acciones colectivas que se emprenden 'desde arriba’. Interesa articular este concepto ‘micro’ de la acción colectiva con conceptos más complejos, como el de 'movilización social’, de 'movimiento social’, o de una ‘revolución’ que cambia las relaciones de poder.

En el mundo contemporáneo y específicamente en Colombia, las acciones colectivas, las movilizaciones sociales y los movimientos sociales han cambiado de manera notable, en su contenido y en su forma. El estudio pionero de Mauricio Archila para Colombia, entre 1958 y 1990, es clave para entender la conformación inicial de los movimientos sociales que se pueden entender, según sus intereses, como obreros, campesinos, cívicos o indígenas, entre otros (Idas y Venidas, Vueltas y Revueltas: Icanh, Cinep, 2003). Un rasgo central es que se manifestaron en la esfera pública y, cuando aparece la violencia, está circunscrita al objetivo inmediato de la acción.

Se puede argumentar que, desde 1991 hasta 2016, cuando se presenta en Colombia una fase de violencia muy aguda, agenciada por la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico, los movimientos sociales permanecieron latentes y se desdibujaron frente al terror. De todas maneras, hubo movilizaciones significativas por los Derechos Humanos, por la Paz y denuncias contra el desplazamiento y en defensa de territorios comunitarios locales. Fue una violencia continua y ascendente, sin nombre, que se ensañó contra la sociedad.

Es significativo que, a raíz del Acuerdo de Paz de La Habana, vuelven a aparecer en el espacio público demandas y movilizaciones sociales, pero de un nuevo tipo y con una agencia novedosa de los jóvenes, las mujeres y nuevos temas de democratización de la sociedad, en relación con la naturaleza. Aparece con mayor claridad la manifestación pública y la intención de controlar la violencia.

En las movilizaciones, desde 2018 hasta hoy, es posible diferenciar dos posiciones sobre la movilización social y el uso de la violencia, tanto en los grupos de ‘arriba’ como en los de ‘abajo’. Por un lado, del lado ‘subalterno’, es posible identificar la movilización de sectores sociales, muy influenciados por jóvenes y mujeres, que buscan una manifestación pacífica de sus demandas. Pero, del mismo lado ‘subalterno’, también hay sectores que consideran que sin el uso de la violencia no logran sus pretensiones. Por otro lado, desde ‘arriba’ también se puede captar que hay dos posturas: aquella que defiende el derecho de los distintos sectores sociales a manifestarse pacíficamente y aquella que ve en la manifestación ciudadana una extensión de la presencia guerrillera o del crimen organizado y considera que, para garantizar el orden social, el Estado debe reprimir la movilización social.

En esta situación, parece fundamental fomentar el capital social entre quienes buscan, ‘arriba y abajo’, que la representación social sea más incluyente y democrática, sin apelar por principio a la violencia, para cambiar o defender el orden social. Es un camino difícil, pero posible en el que los colombianos podemos señalar un rumbo. Llevar los Acuerdos de Paz a la vida cotidiana, a la convivencia. Por ejemplo, clave trabajar en el tema del derecho a la protesta y la movilidad ciudadana, o bien en el principio de la autonomía universitaria y el derecho al estudio.

Sociólogo de la Universidad Javeriana, M.A. y Ph.D. en Sociología de la Facultad de Graduados del New School for Social Research, Nueva York. Profesor del Departamento de Ciencas Sociales de la Universidad del Valle. Escribe en el periódico desde 1998.

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