Ya han recolectado 100 pruebas sobre la masacre de jóvenes en Buga

Los equipos especiales que están desde el domingo pasado en Buga investigando la masacre de cinco jóvenes, entre los 17 y 18 años, no descartan ninguna de las hipótesis que rodean el caso, ya que el objetivo es poder esclarecer este hecho que tiene consternado al Valle y al país.

Entre las hipótesis que siguen es que el hecho se habría podido tratar de un intento de secuestro.

Al parecer, varios hombres armados llegaron hasta la finca ubicada en la vereda Cerro Rico, del corregimiento Chambimbal, a unos diez minutos de la variante, y dispararon indiscriminadamente contra las personas que departían en ese lugar, luego de que el hijo del dueño del predio se opuso a un presunto plagio, hecho que habría desencadenado un tiroteo.

Asimismo, otra de las pistas de las autoridades es un celular hallado en el lugar de la masacre y que no correspondería a ninguno de las personas que estaban departiendo esa madrugada.

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De la misma manera, los investigadores esperan que las versiones que puedan brindar las dos personas que resultaron heridas, entre ellas un hombre de 60 años, y quien sería el mayordomo de la finca.

Incluso, la vicefiscal Martha Mancera anunció ayer, desde Buga, que trabajan sobre cuatro grandes hipótesis de lo que podría estar detrás de la masacre.

“Hoy (ayer) recorrimos nuevamente la escena del crimen, recolectamos los elementos probatorios y verificamos si teníamos alguna otra información desde escena. Tenemos al menos 100 elementos materiales probatorios, que van para los distintos laboratorios para hacer los análisis necesarios. Hay un equipo amplio de expertos, investigadores y un despliegue técnico científico para este caso”, dijo Mancera.

Entre tanto, según el secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana de la Ciudad Señora, Emilio Bejarano Cobo, en la zona montañosa de Buga se ha detectado en los últimos días la presencia de grupos armados al margen de la ley y de delincuencia común que están sembrando terror.

“Lo que se está investigando es si son grupos pertenecientes a las disidencias de las Farc o al paramilitarismo que quieren amedrentar a la población”, indicó el funcionario.

En el mismo sentido se pronunció el personero de Buga, Efraín Rojas Doncel, quien dijo: “en mi despacho he recibido declaraciones por desplazamiento forzado, que fueron enviadas a la Unidad de Víctimas, en los sectores de La Habana y El Placer”, en las estribaciones de la cordillera Central.

El grupo de fiscales especializados que investigó la masacre de cinco menores en el barrio Llano Verde de Cali fue designado para investigar este hecho en Buga.

En lo que sí coinciden el Secretario de Gobierno y el representante del Ministerio Público es que ya se conoce de denuncias por parte de finqueros y propietarios de predios rurales del municipio de Buga sobre extorsiones por parte de grupos armados que oscilan entre dos y tres millones de pesos para dejarlos trabajar.

De acuerdo con algunos habitantes de la zona montañosa de Buga, se sabe que individuos armados están visitando los predios para exigir las ‘vacunas’.

Es de recordar que el pasado 10 de enero, en el mismo sector en donde se registró el asesinato de los cinco estudiantes bugueños, desconocidos le quitaron la vida al exconcejal de ese municipio por el partido Cambio Radical Carlos Erlid González Cortés y dejaron gravemente herido al hermano de la víctima, a quienes les propinaron múltiples disparos.

Una de las versiones sobre este homicidio es que el exconcejal González Cortés había adquirido un predio en extinción de dominio que era propiedad de los hermanos Múnera, más conocidos como ‘Los Mellizos’, el cual estaba parcelando para revenderlo por lo que había sido amenazado.

Asimismo, las autoridades tienen conocimiento de que el pasado 14 de octubre la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana número 046-20 ante los posibles riesgos de alteración del orden público y vulneración de derechos a la población civil en zona rural de Tuluá y el centro del Valle.

El órgano nacional, encargado de la defensa y protección de los derechos humanos, indicó que “en la región se configura una amenaza inminente derivada de los enfrentamientos entre estructuras delincuenciales tanto en la zona urbana como rural”.

Lo que sí es un hecho, es la presencia en la región del grupo disidente de las Farc Adán Izquierdo, por lo que en su momento el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del departamento, Camilo Murcia, había manifestado que le iba a solicitar al Gobierno Nacional el aumento del pie de fuerza para atender esta situación.

Por otro lado, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, quien ayer estuvo en algunos de los actos fúnebres de las cinco víctimas, dijo que “estamos viviendo un momento muy doloroso por ver a cinco familias y a la familia de los dos heridos, viviendo un dolor inmenso, por lo sucedido a estos jóvenes que acababan de empezar sus carreras universitarias, pero no podíamos dejar pasarlo sin venir a expresarles nuestra solidaridad, trabajamos para que este hecho no quede impune”.

La Mandataria afirmó que la recompensa de $200 millones que se ofreció por el caso “ya comenzó a surtir efectos y se han recibido informaciones valiosas, con reserva del sumario”.