Violencia electoral, una realidad que muchos están padeciendo y ya ha cobrado vidas en el Valle del Cauca

A dos meses de las elecciones regionales, la violencia política electoral en el Valle del Cauca es crítica. La Defensoría del Pueblo alertó que los municipios de Tuluá, Jamundí y Buenaventura están en riesgo extremo, otros 15 en riesgo alto y 11 más en riesgo medio en la región.

Para la entidad, la presencia de grupos armados al margen de la ley y de bandas criminales aumentan las posibilidades de que se presenten hechos de violencia que afecten el proceso electoral que culmina el próximo 29 de octubre, cuando se celebran los comicios regionales.

La Fundación y Paz y Reconciliación, Pares, señaló que desde que empezó el año electoral, es decir, desde el 29 de octubre de 2022 hasta el 29 de agosto de 2023, se han registrado 15 hechos de violencia en el departamento que han dejado 6 víctimas fatales.

Para Alejandro Sánchez, coordinador del MOE, en el Valle del Cauca, “la situación de violencia que estamos viviendo es muy importante leerla en clave histórica. Hay que reconocer que en las elecciones locales se disputa el poder local y eso hace que en el Valle haya episodios violentos que se distribuyen de distinta manera en cada elección”.

Es así como la zona alta de Jamundí ha estado vedada para algunos candidatos desde elecciones anteriores, al igual que la zona rural de Buenaventura donde han ocurrido masivos desplazamientos desde 2022. “Aún reconociendo esto, también podemos decir que ha habido un aumento escalonado de la violencia desde 2018, al que hay que prestarle atención”, subrayó.

Gerson Vergara, defensor regional del Pueblo, explicó que luego de un monitoreo realizado en todo el departamento establecieron que Jamundí, por la presencia del Frente Jaime Martínez; Tuluá, donde tiene injerencia la compañía Adán Izquierdo, y Buenaventura, donde actúan el ELN, las AGC y la Jaime Martínez, además de los Shottas y Espartanos, en el casco urbano, están en riesgo extremo.

“El homicidio de una candidata al Concejo en Jamundí, así como las amenazas a dos candidatos a la Alcaldía y a uno al concejo, el homicidio de un precandidato a esa corporación y de la secretaria de Tránsito en Tuluá, sumado a diferentes situaciones, nos llevan a alertar de un riesgo muy alto en estos municipios”, afirmó Vergara.

Además, a las zonas rurales altas de los municipios de Tuluá y Jamundí, “algunos candidatos tienen mayor dificultad para ingresar y hacer proselitismo político, pero también en la zona rural de Buenaventura”, anotó.

Entre tanto, el defensor regional del Pacífico, David Torres Vivero, dijo que aunque en la zona urbana están más tranquilos con la tregua entre Shottas y Espartanos, en la zona rural la presencia de grupos al margen de la ley no permite que haya libertad absoluta para los candidatos en materia electoral.

“Hemos conocido denuncias de un candidato a la JAL y antes de las inscripciones, de Ligia del Carmen Córdoba, pero desde que se inscribieron, no hemos recibido ni una denuncia por amenazas a los diferentes candidatos”, sostuvo. Y agregó: “A la zona rural no se puede ir por la presencia de los grupos al margen de la ley, no porque haya denuncias de que alguien no lo pueda hacer”, expresó.

¿Qué dicen los candidatos?

Gustavo Vélez Román, candidato a la Alcaldía de Tuluá por el Partido Conservador, quien ha sido objeto de amenazas y atentados, (el pasado 27 de agosto lanzaron un artefacto explosivo a la residencia de sus padres), afirmó que “durante los tres meses que llevamos de campaña no hemos podido salir una sola vez a hacer reuniones con la ciudadanía en Tuluá, con candidatos al concejo o líderes y tampoco desplazarnos a la zona rural. Hay un constreñimiento total”.

Según dijo, estas amenazas obedecen “a una alianza político- criminal de quienes hoy ostentan el poder en Tuluá, del alcalde actual y algunos funcionarios”.

Libia Mosquera Viveros, aspirante a la Alcaldía de Buenaventura por el Partido En Marcha, también denunció amenazas. “A medida que se ha posicionado mi candidatura, han aumentado los mensajes y llamadas intimidantes e incluso, de manera directa a través de mi familia y redes sociales”.

No obstante, dice que llegará hasta el final con este proyecto, y que las autoridades del Distrito han sido informadas de estas amenazas.

Entre tanto, William Andrés Cruz, candidato a la Gobernación del Valle por el movimiento Contra las Maquinarias Políticas (inscrito por firmas), dijo que la situación de Tuluá ya había sido advertida por la Defensoría.

“Como candidato preocupa la situación de seguridad, pero, sobre todo, el miedo que se ha generalizado en el municipio para mostrar el favoritismo sobre algunos candidatos. Hay una disputa entre dos bandas (La Oficina y Cancerberos) que ha logrado silenciar hasta los medios de comunicación que no pueden hacer entrevistas a ciertos candidatos porque se convierten en objetivo militar”, afirmó Cruz.

El candidato a la Alcaldía de Jamundí, Édgar Yandy Hermida, por el Mais, si bien reconoció la presencia de grupos armados al margen de la ley en la parte alta rural de la población, anotó que “creo que ningún candidato ha tenido problemas en el municipio”. Respecto a la aspirante al Concejo que fue asesinada el pasado sábado, aseguró que “lo que se escucha es que no tiene nada que ver con la actividad política, aunque se está investigando”.

Juan Manuel Velandia, investigador de la Fundación Pares, sostuvo que “la presencia de grupos armados ilegales en los territorios no significa que sea ejercida en contra del proceso electoral”, ya que según las investigaciones, se les atribuye el 30 % de la violencia política electoral en el país. En el otro 70 % no se sabe quienes son los perpetradores.

Respecto a Tuluá, expresó que se da un fenómeno muy grave por la presencia de bandas criminales como La Oficina y Cancerberos. “La injerencia de violencia política electoral es muy selectiva y focalizada en este municipio, porque ellos sí están interfiriendo con las elecciones”.

El secretario de Convivencia del Valle, Camilo Murcia, indicó que hay una Comisión de Seguimiento Electoral y Mesas de Seguridad para revisar los riesgos derivados del territorio e invitó a los candidatos a denunciar a fin de activar el Plan Padrino y hacer los acompañamientos respectivos.