Por corrupción, la Corte Suprema de Justicia declaró culpable al exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía

Hoy, 20 de noviembre, en medio de una audiencia pública que se llevó a cabo en la Sala Especial de Primera Instancia, el magistrado ponente, Ariel Augusto Torres Rojas, de la Corte Suprema de Justicia, dio a conocer el sentido del fallo condenatorio contra el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, por delitos de contratación sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado por la cuantía. Aún se espera conocer cuánto tiempo y en donde Abadía deberá afrontar su condena.

Por su parte, el exgobernador del Valle dijo en una entrevista exclusiva para El País que apelará la decisión, “muy triste que la Fiscalía, que es la que acusa, terminó pidiendo el archivo por encontrarme inocente. La Contraloría determinó que no se perdió ni un solo peso, que se cumplió. Lamentablemente, el magistrado toma otra decisión que, gracias a mi Dios, permite que la apele e irme a otra instancia como lo permite la ley”.

Aunque Abadía ya no se encuentra ejerciendo su cargo como gobernador, según el documento presentado por la Corte Suprema de Justicia, de igual manera será juzgado por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y por apropiación de la cuantía. “Por cuanto las conductas de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación por las cuales se lo acusó, guardan relación con las funciones de gobernador y ordenador del gasto que para la época de los hechos ejerció”, se puede leer en el comunicado presentado por el alto tribunal.

Según lo expuesto en el documento donde se explica el sentido del fallo, Abadía fue señalado en 2017 por el entonces Fiscal Noveno Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien “presentó escrito de acusación por los presuntos delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado”.

En la denuncia se registró porque aparentemente el exgobernador, junto con el entonces secretario de Educación, Eiber Navarro, llevaron a cabo un contrato de cooperación con la Fundación Calimío; el monto de ese convenio asciende a los $1072 millones, dentro del cual el departamento iba a aportar mil millones de pesos y el resto la fundación. Sin embargo, al parecer los servidores públicos habrían favorecido a una firma que no contaba con la suficiente experiencia.

“El procesado transgredió dolosamente los principios de la función pública (artículo 209 de la Carta Política) y los de la contratación pública (Ley 80 de 1993), porque la fundación no tenía como actividad social el objeto del convenio y acudió a los contratos previstos en el inciso 2o del artículo 355 de la C.P., y regulados por el Decreto 777 de 1992, pretendiendo darle apariencia de legalidad cuando por la cuantía debió adjudicarlo por licitación pública”.

En el comunicado además se explica que además se presentó en una subcontratación para adquirir los libros. “Incluso, refirió que por el valor real con el que fueron adquiridos los textos era aplicable la modalidad de selección abreviada prevista en el numeral 2o literal ‘b’ del artículo 2o de la Ley 1150 de 2007, por la contratación de menor cuantía”.

Finalmente, y teniendo en cuenta que el caso sigue bajo estudio, el magistrado dispuso que Abadía continúe en libertad hasta la emisión de la sentencia.

“Como quiera que en la decisión bajo estudio, sé advierte que a pesar de la no procedencia del subrogado de la suspensión condicional. De la ejecución de la pena, no se dispondrá su privación de la libertad, en razón a que asistió voluntariamente a la audiencia de formulación de imputación ante el Juez de control de garantías, en su contra no se solicitó medida de aseguramiento y en la etapa de juzgamiento concurrió al juicio oral, queda en evidencia que tal estudio efectuó en el proyecto puesto a consideración de la Sala, estimo que la decisión de mantener en libertad carece de la fundamentación requerida, por lo que al carecer de la motivación necesaria puede constituir una vía de hecho”.