Juan Carlos Abadía no estaría pagando su condena en prisión; esta es la razón

A pesar de que la Corte Suprema lo condenó a 21 años de prisión, el exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía no estaría pagando su pena en un centro penitenciario debido a que es padre cabeza de familia.

El exmandatario departamental, condenado por corrupción, actualmente cumple su condena en la Escuela de Carabineros en Cali, según reveló El Tiempo. Esta versión indica que un juez de ejecución de penas aceptó las pretensiones de la defensa de Abadía, pese a la orden del alto tribunal que lo envió a la cárcel.

El abogado defensor argumentó que recluir a Abadía a un establecimiento carcelario “conllevaría a romper el vínculo, construido durante 11 años, y expondría al menor a episodios fuertes de depresión y ansiedad, a la estigmatización y señalamiento de la sociedad, a la baja autoestima”.

La Corte Suprema de Justicia no cedió ante esta petición y ordenó que el exmandatario departamental fuera enviado a prisión. “La separación que ahora padecerá su hijo no deriva de una decisión jurídica injusta o arbitraria, sino que la misma procede de la acción criminal dolosa”, aclaró el alto tribunal.

Aun así, un juez de ejecución de penas decidió enviar al exgobernador del Valle del Cauca al pabellón especial de la Escuela de Carabineros. Esa determinación, según la defensa de Abadía, se tomó teniendo en cuenta que es aforado y su seguridad podría estar en riesgo.

“En el fallo se incluye que por protección especial a su hijo menor de edad, del cual tiene la patria potestad, y por su arraigo cultural, se designó la Escuela de Carabineros de Cali”, dijo el abogado defensor al mencionado medio.

Cabe recordar que en febrero de 2024 la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Abadía como coautor penalmente responsable de los delitos de contrato e incumplimientos de requisitos legales, agravado por apropiación y agravado por la cuantía.

La razón por la cual Abadía fue condenado en primera instancia tiene que ver con un convenio de cooperación en enero de 2010 con la fundación ‘Calimío’. Dicho acuerdo buscaba dotar de libros a 40 bibliotecas escolares en diez municipios del Valle del Cauca, por un valor de $1.072 millones de pesos.

Según lo que dio a conocer la Corte, la fundación hizo la adquisición de los libros a dos organizaciones. Por lo tanto, en dichas negociaciones, determinó el alto tribunal, hubo sobrecostos que les permitieron a los representantes legales de la entidad sin ánimo de lucro, y a esas dos empresas apropiarse de recursos públicos.

Además, el alto tribunal determinó que de los libros se pagaron solamente $182 millones, lo cual implica sobrecostos de 817 millones que presuntamente se apropiaron en provecho los representantes legales de las empresas.