José Leonairo Dorado, el testigo que ayuda a buscar víctimas de desaparición del Palacio de Justicia

Una grave situación de presunta manipulación del lugar donde se hallarían los restos de Irma Franco Pineda, exintegrante del M-19 y desaparecida tras la toma del Palacio de Justicia, encendió las alarmas en el sistema judicial, luego de que integrantes del Ejército cavaran un hueco en el sitio exacto indicado por José Leonairo Dorado, testigo clave ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

El hecho irregular, según reveló una investigación de Blu Radio, ocurrió el pasado 3 de febrero en la Escuela de Logística del Ejército, ubicada en el sur de Bogotá, en predios que históricamente albergaron la Brigada XX, el Batallón Charry Solano y el Comando de Inteligencia y Contrainteligencia, unidades señaladas por graves violaciones a los Derechos Humanos en los años ochenta.

La diligencia judicial, que contó con la presencia de magistrados de la JEP y expertos forenses, tenía como objetivo iniciar las labores de exhumación en los puntos señalados por el sargento retirado del Ejército, Dorado Gaviria.

Este exagente de inteligencia identificó hasta 15 posibles lugares dentro del batallón, donde podrían estar sepultadas víctimas de desaparición forzada. Entre estos, Dorado señaló un punto específico donde, según su testimonio ante la JEP, militares habrían inhumado el cuerpo de Franco Pineda.

La sorpresa de la comisión judicial fue mayúscula al encontrar una excavación reciente de 1.30 metros por 93 centímetros y 1.40 metros de profundidad, justo en el punto de interés forense número cuatro, previamente establecido para la búsqueda de los restos de Franco.

Junto al hueco se encontraron dos palas, una camiseta militar y fragmentos de plástico, incluyendo un empaque de alimento con fecha de caducidad de 2012.

Este hallazgo motivó una enérgica reacción por parte de la magistrada de la JEP, María del Pilar Valencia, quien denunció los hechos ante la Fiscalía e interpuso un incidente de desacato el pasado 7 de febrero contra el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez; el director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo; y el comandante del Batallón de Contrainteligencia, coronel Johan Slead Gélvez.

El mismo día del hallazgo, el Ministerio de Defensa ordenó la intervención de la Policía Militar Número 13 en la Escuela de Logística para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas por la JEP, que desde septiembre del año anterior prohibían cualquier acción que pudiera alterar el terreno de la Escuela de Logística y el Batallón de Contrainteligencia.

Adicionalmente, el 4 de febrero, el fiscal Carlos Arturo Mutis Flórez reportó la presencia de miembros del batallón de ingenieros del Ejército cerca de otro punto de interés, con un plan de trabajo en unas alcantarillas, acción que fue impedida por las medidas cautelares vigentes.

Un valioso testimonio

El testimonio de José Leonairo Dorado Gaviria ante la JEP se reveló como una pieza fundamental en la investigación de la desaparición de Irma Franco y otros presuntos crímenes.

Este indígena, quien desde su adolescencia actuó como informante y agente de inteligencia, y posteriormente perteneció al Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia, Binci, Brigadier Charry Solano, aportó información crucial sobre la victimización de miembros de la Unión Patriótica (Caso 06) y crímenes cometidos por agentes del Estado en el marco del Caso 08.

Su corta edad en el momento de los presuntos crímenes no disminuyó la relevancia de sus declaraciones; por el contrario, su testimonio ofreció una visión particular y, en muchos aspectos, más vulnerable de la atmósfera de terror que se habría vivido en los alrededores y, posiblemente, al interior del batallón.

En sus declaraciones, Dorado habló sobre seguimientos, retenciones ilegales, interrogatorios, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos de líderes políticos, sociales, defensores de derechos humanos y sindicalistas que habrían ocurrido entre 1984 y 1998 en varias regiones del país.

Su conocimiento del funcionamiento interno de las estructuras de inteligencia militar y su presunta participación o conocimiento de hechos delictivos, lo convirtieron en un testigo de alto valor para la JEP.

De hecho, Dorado ya declaró en contra del general Iván Ramírez Quintero, excomandante de Inteligencia del Ejército, quien fue condenado por los desaparecidos del Palacio de Justicia.

La información proporcionada por Dorado permitió a la JEP priorizar la investigación en zonas críticas como Ariari-Guayabero, Magdalena Medio, Urabá, Cundinamarca-Sumapaz y Tolima, donde se concentró la violencia contra la Unión Patriótica, partido que sufrió el asesinato o desaparición forzada de al menos 5733 de sus miembros entre 1984 y 2007.

El reciente hallazgo de un fragmento de costilla humana en la Escuela de Logística, en un punto señalado por Dorado, añadió peso a sus declaraciones y aumentó la expectativa de encontrar los restos de Irma Franco y otras víctimas en el lugar.

¿Epicentro de violaciones de DD. HH.?

El Batallón de Infantería Charry Solano se convirtió, durante los años ochenta, en un nombre tristemente célebre debido a las persistentes acusaciones sobre su utilización como centro clandestino de detención y tortura.

Las denuncias, provenientes de familiares de detenidos, exprisioneros y organizaciones de Derechos Humanos, describían un patrón sistemático de tratos inhumanos dirigidos a personas sospechosas de subversión o vinculadas a movimientos de oposición.

Estas acusaciones, aunque reiteradas, enfrentaron durante años la falta de pruebas contundentes y la reticencia de las autoridades militares a reconocer cualquier irregularidad.

El posible hallazgo del cuerpo de Irma Franco en este lugar específico no solo podría confirmar la veracidad de estas denuncias históricas, sino que también abriría la vía para establecer responsabilidades penales por los crímenes cometidos.

La conexión entre la desaparición de Franco y las acusaciones de tortura en el Charry Solano otorgaría una nueva dimensión a las investigaciones y podría impulsar la búsqueda de otras víctimas de desaparición.

La desaparición de Irma Franco

La desaparición de Irma Franco Pineda en noviembre de 1985, tras los trágicos sucesos de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y la posterior retoma por las Fuerzas Militares, se erigió como un símbolo doloroso de las violaciones de Derechos Humanos y la desaparición forzada en Colombia.

A pesar de las investigaciones previas y las exigencias de justicia, el paradero de Franco permaneció desconocido durante décadas, alimentando la impunidad y la sensación de desamparo entre las víctimas.

El potencial hallazgo de sus restos en el antiguo Batallón Charry Solano representaría un avance significativo en la búsqueda de verdad y justicia para su familia y para la sociedad colombiana en general. Confirmaría una conexión largamente sospechada entre la desaparición de la militante del M-19 y las prácticas que se habrían llevado a cabo en instalaciones militares como el Charry Solano.

El proceso de exhumación

Desde que el testimonio de José Leonairo Dorado proporcionó nuevas pistas sobre la posible ubicación de restos humanos en el antiguo Batallón Charry Solano, la Fiscalía intensificó las labores de exhumación en el predio.

Equipos forenses especializados llevaron a cabo excavaciones meticulosas en las áreas señaladas por el testigo y por otras informaciones recabadas durante la investigación.

Los restos óseos encontrados fueron trasladados a laboratorios de genética forense para su análisis y cotejo con muestras de ADN de familiares de personas desaparecidas, incluyendo a Irma Franco.

El proceso de identificación podría tomar tiempo debido a la complejidad de los análisis y al estado de los restos. Sin embargo, la diligencia con la que se adelantan las investigaciones y la contundencia del testimonio de Dorado generan expectativas de que finalmente se pueda esclarecer el destino de Irma Franco y, posiblemente, de otras víctimas de la violencia estatal.