Fiscalía aplica extinción de dominio a 13 bienes que eran utilizados por las disidencias de las Farc

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, asestó un duro golpe al músculo financiero y operativo de las estructuras que delinquen en el suroccidente del país.

Esto se dio tras identificar un patrimonio ilícito que habría destinado las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

Dichos bienes les habrían facilitado su actuar criminal. Con ellos, según la Fiscalía, daban apariencia de legalidad a recursos provenientes de las actividades delictivas que desarrollaban en el suroccidente del país.

En total son 13 bienes que se encuentran ubicados en Putumayo, Caquetá, Cauca y Nariño, los cuales estarían al servicio de los dos grupos armados ilegales.

Las propiedades detectadas constan de seis inmuebles rurales, dos de los cuales eran utilizados para organizar reuniones en las que se planeaban acciones ilegales, además de acopiar y procesar estupefacientes, al igual que almacenar armas de fuego.

A esto se suman un restaurante, una droguería, así como cinco vehículos.

La Fiscalía mencionó que los activos fueron puestos a nombre de las compañeras sentimentales y personas cercanas a los cabecillas de las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño, con el fin de intentar ocultar su origen y destinación ilícita.

El objetivo era poder dificultar la trazabilidad del origen y la destinación de los recursos.

Por ello, la Fiscalía impuso sobre los 13 bienes, que superan en valor los 11.500 millones de pesos, medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro.

Presuntos responsables de hurto informático

Por otro lado, la Fiscalía judicializó a cinco personas que estarían implicadas en un hurto informático de las cuentas bancarias de la Alcaldía de Nariño, en Cundinamarca, mediante la utilización de un software malicioso.

La investigación determinó que el 7 de diciembre de 2022, un tercero habría accedido al computador del secretario de Hacienda de la alcaldía para realizar seis transferencias por 392 millones de pesos a los hoy procesados, que no tenían vínculo contractual, laboral, ni comercial con la entidad territorial.

Al parecer, los cinco detenidos prestaron sus cuentas para recibir los recursos.

En este sentido, un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó el delito de hurto por medios informáticos, cargo que no fue aceptado.

En las audiencias, cuatro de los procesados fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que a otro le fue impuesta medida de detención domiciliaria.

Uniformados de la Policía Nacional los capturaron el pasado 24 y 25 de noviembre en Cali, Bogotá, Pasto y en San Gil, en cumplimiento de una orden judicial.