Según registros de la Fiscalía, hasta el 12 de septiembre de 2025, en Colombia se han presentado 52 asonadas contra el Ejército y 30 casos de secuestros de militares por parte de comunidades. Estos hechos ocurren principalmente en zonas cocaleras y de minería ilegal: el Cauca, la zona alta de Jamundí, el Guaviare, Nariño, entre otras.

El caso más reciente tuvo lugar esta semana en Ipiales, donde un grupo de ciudadanos intentó impedir un operativo contra el contrabando. En Puerto Guzmán (Putumayo), alrededor de 100 personas intentaron desarmar a soldados; y en El Tambo (Cauca), 600 personas secuestraron a 72 militares en la vereda Los Tigres, presionados —según informes— por las disidencias de las Farc, específicamente el frente Carlos Patiño.

Detrás de estos hechos se oculta una estrategia de control territorial que, aunque no es nueva, ha puesto en jaque las operaciones del Ejército. La Fuerza Pública se encuentra limitada, pues no puede enfrentarse a civiles desarmados sin contravenir el Derecho Internacional Humanitario.

“Es una práctica que se volvió rutinaria desde el gobierno de Juan Manuel Santos. Si bien hay resistencias de campesinos frente a la erradicación forzada de cultivos ilícitos, el verdadero trasfondo es la presión de los grupos armados ilegales para mantener el control territorial y las rentas de la coca y la minería ilegal. Los campesinos cocaleros están prisioneros de estas mafias y, por eso, muchas veces son puestos en la primera línea para bloquear el avance militar”, explica Camilo González Posso, presidente de la Fundación Indepaz.

Según el Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria —de la Universidad Nacional y la Universidad del Rosario— entre diciembre de 2016 y febrero de 2021 se registraron 129 enfrentamientos entre comunidades campesinas y el Ejército durante operativos de erradicación de cultivos ilícitos.

En varios de estos episodios se reportaron muertes violentas de campesinos y asesinatos de civiles a manos de soldados, lo que desató presión internacional y procesos judiciales contra miembros del Ejército. Desde entonces, la instrucción dentro de los batallones es clara: jamás disparar contra civiles, salvo en casos de legítima defensa o intentos de desarme, como ocurrió recientemente en Putumayo, cuando una multitud intentó quemar vivos a dos soldados.

El hecho ocurrió mientras tropas desmantelaban un laboratorio de coca en la vereda Soloé, en Villa Garzón.

Camilo González añade que, desde que la Fuerza Pública adoptó una política de no enfrentarse con civiles, los grupos armados ilegales desarrollaron un sistema para bloquear las operaciones, presionando a las comunidades a realizar asonadas. “Existe un protocolo no escrito que se replica en distintas regiones del país”, advierte.

Una fuente que pidió reserva de su identidad explicó el método: crear ‘organizaciones campesinas’ para entablar diálogos cuando llegan las tropas. Detrás, en realidad, están los disidentes, que se escudan en procesos sociales adelantados por los campesinos y en plataformas de derechos humanos.

“Buscan estatutos de organizaciones reales para saber qué los ampara, pero su único objetivo es detener al Ejército en zonas cocaleras. Arrancan con una supuesta conversación con las tropas, argumentando que su presencia los pone en riesgo. También reúnen a presidentes de Juntas de Acción Comunal para advertirles que deben sacar a los soldados. Luego, por cadenas de WhatsApp, ordenan cerrarles el paso. Incluso usan chalecos con mensajes alusivos a guardias campesinas. Todo está coordinado. Muchas veces la gente no está de acuerdo, pero los líderes de las JAC no tienen opción: o movilizan a la comunidad o los matan”.

La tensión ha escalado tanto que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, declaró públicamente que se estudia la posibilidad de “disparar a las piernas” cuando una turba intente detener o secuestrar tropas, una práctica que —según él— se aplica en países como Perú. La declaración generó polémica y evidenció el clima hostil actual.

El analista y columnista de El País, Diego Arias, advierte sobre los riesgos de esta medida. “Proponer disparar a las piernas puede interpretarse como un uso desproporcionado de la fuerza, prohibido por normas internacionales. Es una situación extrema: ¿cómo evitar que eso termine en la pérdida de vidas humanas?”, señala.

Porque ese es el gran riesgo: que los soldados terminen disparando. Una fuente advierte que los disidentes de las Farc hoy son niños, reclutados cuando son menores de 18 en muchos casos, que ni siquiera tienen antecedentes judiciales. Por eso, también, a sus comandantes se les facilita camuflarlos como ‘campesinos’.

¿Y la erradicación de los cultivos de coca?

Parte de la tensión en las zonas cocaleras se debe a una ofensiva del Ejército para erradicar cultivos y destruir laboratorios. Esta estrategia se reactivó tras las alarmantes cifras presentadas por la ONU a inicios de 2025. Según el más reciente Informe Mundial sobre Drogas, Colombia concentra el 67 % de los cultivos mundiales de hoja de coca y ha registrado un aumento del 53 % en la producción.

Miguel Yusty, asesor en seguridad de la Gobernación del Valle, señala que estas cifras reflejan el fracaso de la política de Paz Total del Gobierno.

“El secuestro de militares, disfrazado de retenciones o asonadas, es en realidad una estrategia para proteger los cultivos de coca. No podemos seguir pensando de forma romántica; hay que retomar la aspersión con glifosato. La erradicación manual ha fracasado”, sostiene.

Ante las constantes asonadas, una de las propuestas es fumigar con drones. Incluso el presidente Gustavo Petro —quien en campaña se opuso a las fumigaciones con glifosato— afirmó: “Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al Ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia sobre las fumigaciones. Allí donde la ciudadanía ataque al Ejército, habrá fumigación aérea”.

Sin embargo, Camilo González advierte que la fumigación aérea no es tan viable como parece. Primero, por la logística: se necesitarían miles de drones para cubrir cerca de 300.000 hectáreas. Segundo, por la geografía accidentada de muchas zonas cocaleras, lo que obliga a volar bajo y expone los drones al fuego enemigo.

“El uso de glifosato solo empeora las cosas. Provoca daños ambientales severos y un rechazo social que termina volviéndose contra el Gobierno. Siempre ha ocurrido: el glifosato termina en los cultivos legales, en el agua, en los animales. Y el debate se convierte en una batalla política contra el Estado”, subraya González.

Para Indepaz, la única solución real es integral: debe combinarse una estrategia de control militar con un plan social masivo que ofrezca alternativas económicas viables a los campesinos, impidiendo además el ingreso de insumos clave para la producción de coca.

“El Estado debe ganarse a la gente, arrebatándosela a las mafias, con propuestas concretas y presencia institucional sostenida, no solo militar”, concluye González.

No obstante, eso toma tiempo. En el corto plazo, analistas como Diego Arias proponen revisar las tácticas militares: realizar operativos relámpago, con rápida evacuación de tropas; dotar a los soldados con armas no letales como gases lacrimógenos y balas de goma; y, sobre todo, judicializar a los responsables.

No se debe olvidar que impedir un operativo del Ejército es un delito. De hecho, según el artículo 469 del Código Penal colombiano, cometer una asonada contra la Fuerza Pública puede acarrear penas de entre uno y dos años de prisión. Aumentar las penas, entonces, es otro de los planes que se consideran para detener las retenciones a los soldados.

Pero en definitiva, enfrentar los secuestros de militares no es solo una tarea de seguridad, sino de recuperar el control del territorio, la autoridad del Estado y, sobre todo, la confianza de las comunidades, concluyen los analistas.