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Dos de cada cinco homicidios a líderes ambientales en el mundo ocurrieron en Colombia; estas son las razones
Las zonas rurales del suroccidente son las más afectadas. 37 víctimas eran líderes ambientales indígenas y afrocolombianos.
Colombia, por segundo año consecutivo, fue en 2023 el país con más homicidios a líderes ambientales en el mundo, según los registros de la ONG Global Witness; además es la nación con más asesinatos a este tipo de defensores desde 2012, aportando 2 de cada 5 casos de los 196 que se presentaron en el planeta.
Cabe mencionar que la mayoría de los ataques han ocurrido en el suroccidente del país, con 26 registros en el Cauca, 9 en Nariño y 7 Putumayo, ya que según el consultor en seguridad experto en inteligencia estratégica, Iván Carvajal, quienes están en contra de la minería ilegal, las siembra de hoja de coca y luchan por la pertenencia de la tierra y el agua son blanco fácil de ataques.
“Un escenario es la deforestación y tala de árboles, otro es la minería ilegal y el tercero es la pugna interna por agua en algunas comunidades. Hay que enfatizar en que los tres casos ocurren principalmente en la zona rural de difícil acceso para la presencia del Estado y por supuesto muy difícil control de la Fuerza Pública”, explicó Carvajal.
Además, de acuerdo con el informe anual de Global Witness, 31 víctimas eran pertenecientes a comunidades indígenas y 6 afrodescendientes. “La inmersión delincuencial en estos territorios logran fricciones con los líderes que representan esas comunidades”.
¿Quiénes son los autores?
Un experto en seguridad consultado por El País, aseguró que la mayoría de los homicidios a líderes ambientales son producidos por organizaciones criminales como las disidencias de las Farc, el ELN o el Clan del Golfo, quienes se adueñan de territorios ancestrales y de los recursos naturales de las comunidades rurales.
“Estos grupos amenazan a los que protegen estas tierras rurales porque no les conviene que estas personas estén haciendo ruido y denunciando delitos contra el medio ambiente. Esta misma situación ocurre en países de la región como Brasil o México, la minería y la deforestación son negocios que mueven mucho dinero y los delincuentes no están dispuestos a soltarlos”, comentó el especialista.
Por estas razones, el consultor en seguridad, experto en inteligencia estratégica, indicó que es indispensable que se tracen rutas de protección y de atención expeditas, es decir, “que no se generen tanto desde el Gobierno Nacional, sino que le permitan herramientas a los gobiernos locales en la zona rural con un acompañamiento del Gobierno Nacional para poder atender a los líderes amenazados por rutas oportunas, todo esto con el objetivo de salvar vidas y bajar las cifras”.
Ante este difícil panorama, los especialistas coincidieron en que es necesario que el Estado haga presencia en las zonas afectadas, con el fin de salvaguardar la vida de los líderes y garantizar la protección de los recursos naturales.
“Mientras se investigan las amenazas el líder ambiental sigue en el terreno y pasan por lo menos tres meses hasta que se realice el procedimiento entre la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección, pero durante todo ese tiempo la persona sigue a merced de la organización criminal que lo amenazó”, añadió Carvajal, quien expresó que la manera más factible para proteger a estos defensores debería ser trasladándolos a una ciudad intermedia para evitar que sean asesinados en territorio mientras se les asigna un esquema de seguridad.
Por su parte, el experto consultado por El País afirmó que en zonas como los Farallones de Cali se han realizado operativos contra la minería, “se han cerrado socavones y destruido maquinaria, pero sí es necesario que las autoridades lleguen más constantemente para cuidar los recursos de todos los vallecaucanos, pero también para que las personas que alzan las voz contra la contaminación de los afluentes hídricos no sean amenazadas ni mucho menos asesinadas”.
