Exsenador aceptó cargos por multimillonario fraude en Córdoba

El exsenador del partido de La U, Musa Besaile, aceptó en audiencia con la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, los cargos emitidos en su contra por concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en el marco del desfalco al departamento de Córdoba, por contratos irregulares en la administración del entonces gobernador, Alejandro Lyons.

La Fiscalía General de la Nación sostuvo que, junto a particulares y funcionarios de Córdoba, el exfuncionario presuntamente habría direccionado convenios de ciencia y tecnología financiados con regalías.

Besaile exigía coimas equivalentes al 12% del valor de cada convenio a cambio de esto, todo como parte de una alianza criminal que mantendría con Lyons.

La investigación indica que el exsenador se habría apropiado de recursos públicos mediante maniobras de contratación irregular y uso fraudulento de registros de pacientes con hemofilia para justificar pagos falsos.

Historial de Besaile

Este no es el primer proceso del exfuncionario. En mayo de 2024, la Corte Suprema de Justicia condenó a siete años y seis meses de prisión por el caso del “Cartel de la toga”, en el cual se le acusó de cohecho y peculado relacionados con sobornos a magistrados para favorecer su causa en el Alto tribunal.

Junto con la sentencia, se le impuso una multa, además de inhabilidad para cargos públicos y reparación de daños al departamento de Córdoba.

Besaile se acogió a la sentencia anticipada tras aceptar los cargos, lo que agilizó el proceso judicial y redujo la posibilidad de ir a juicio oral pleno.

Los hechos investigados ocurrieron durante el periodo de elecciones 2012-2015 para alcaldías y gobernación, los cuales formarían parte de un esquema de corrupción que desvió millones del Sistema General de Participaciones y recursos de regalías hacia convenios ficticios y pagos irregulares vinculados al sector de la salud, entre los que estarían incluidos procedimientos médicos no suministrados.

Por otro lado, en 2023 se le acusó de haberse aliado con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para hacer campaña a la Cámara de Representantes entre los años 2001 y 2002.

En ese momento, el alto tribunal explicó que “para promover el proyecto paramilitar, garantizando su fortalecimiento político-burocrático con la asignación de por lo menos dos Secretarías en el departamento de Córdoba”, dicha coalición “le produjo réditos personales al procesado al obtener apoyo electoral.”

Tras la aceptación de cargos, el expediente seguirá trámite ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte. El exsenador podría enfrentar una pena reducida por la justicia anticipada, pero igualmente enfrentar consecuencias penales y reparaciones patrimoniales por el perjuicio ocasionado.