Denuncian penalmente a indígenas Misak por derribar estatua de Sebastián de Belalcázar

Por "daño en bien ajeno con agravante", el abogado Hernando Morales Plaza formuló ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal en contra del gobernador de la comunidad Misak, Pedro Velasco; el secretario del movimiento de autoridades indígenas, Edgar Alberto Velasco; y los representantes de los tres pueblos y 52 autoridades a nivel nacional, en condición de determinadores del punible.

Todo esto se da por los daños a la estatua del fundador de Cali, Sebastián de Belalcázar, hecho cometido el pasado 28 de abril.

En la denuncia se argumenta en que este monumento está protegido por el plan de ordenamiento territorial como un elemento del paisaje municipal y se constituye en un hito de preservación fundamental.

En el documento también se lee que el monumento es un espacio público de interés cultural del Cali.

"El actuar de los denunciados, es dolosa y predeterminado, quienes aprovecharon la circunstancia del paro, para llegar con la gente de su comunidad con el fin de poder hacer el daño a un bien del patrimonio cultural e ícono de la ciudad de Cali", justificó el abogado.

Según Morales Plaza, "no se puede admitir las supuestas justificaciones de los aquí denunciados, pues Colombia, es un Estado Social de derecho, en el cual todos sus habitantes sin excepción alguna están sometidos al imperio de la Constitución y de la ley".

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Aseguró que si bien a las comunidades indígenas "se les respeta la forma de designar las autoridades, sus costumbres y las sanciones que imponen a los miembros de su comunidad (...) no es posible permitir que con la excusa de la defensa de sus ancestros y sus costumbres, estas autoridades excedan los límites territoriales, legales y jurisprudenciales que tienen, para cometer delitos en el resto del territorio nacional, como en el presente caso".

Recordó el profesional del derecho que las normas penales castigan en Colombia el daño en bien ajeno de 18 a 90 meses de prisión y en este caso se podría elevar a una tercera parte por las presuntas condiciones agravantes.

"Permitir esta situación, es abrir una brecha para que mañana, nuevamente cometan más delitos, presuntamente por defender sus costumbres y derechos ancestrales, o para que mañana, cualquier otro grupo étnico o religioso, atente contra bienes de los particulares o del Estado", aseveró.

Por lo anterior, el jurista pidió a la Fiscalía "investigar y llevar a juicio hasta sus últimas consecuencias" a los denunciados.

La estatua de Sebastián de Belalcázar fue retirada del sitio el pasado 29 de abril, un día después de ser derribada.

El monumento fue trasladado para ser sometido a trabajos de reparación, ante las afectaciones sufridas en el hecho.

La administración municipal no ha anunciado aún si la escultura volverá a su tradicional sitio o se hará algún cambio.