Autoridades aplicaron extinción de dominio a 21 bienes de exfuncionarios públicos en Valle, Boyacá y Bogotá

En las últimas horas, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, llevó a cabo un operativo de extinción de dominio sobre 21 bienes presuntamente adquiridos de forma ilícita por exfuncionarios públicos.

El procedimiento se desarrolló en: Jamundí, Buenaventura y Cali (Valle del Cauca), así como en Duitama (Boyacá) y Bogotá, en el marco de las acciones contra la corrupción administrativa.

El mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional, reveló los resultados de la operación en su perfil oficial de X.

De acuerdo con el reporte de Triana, entre los bienes ocupados por el Estado se encuentran cinco apartamentos, seis parqueaderos, dos lotes, un depósito, dos vehículos, dos establecimientos de comercio y tres sociedades comerciales, todos avaluados en más de 22.500 millones de pesos.

Los inmuebles y activos estaban a nombre de exfuncionarios de Buenaventura y Popayán, quienes habrían utilizado sus cargos directivos para desviar recursos públicos mediante contratos irregulares que no cumplían con los requisitos legales.

Con este golpe, se busca enviar un mensaje claro: los bienes obtenidos a través de la corrupción no quedarán en manos de los responsables.

Se espera que en los próximos días las autoridades brinden un mayor reporte de las personas implicadas en este caso y revelen si existen más personas implicadas o hay otros bienes pendientes por ser declarados extintos por la Fiscalía.

¿Qué significa la extinción de dominio?

La extinción de dominio es un proceso mediante el cual el Estado reclama los bienes adquiridos con dineros de origen ilícito o que han sido utilizados en actividades ilegales, directa o indirectamente.

Según el Ministerio de Justicia, incluso si el propietario asegura desconocer el origen del dinero, puede verse involucrado en el proceso.

En estos casos, es clave actuar rápidamente:

• Reúna pruebas que demuestren su buena fe en la adquisición del bien y en las actividades realizadas dentro del mismo.
• Acuda a la Fiscalía General de la Nación para presentar oposición al inicio del proceso antes de que llegue a un juez.

• Si el proceso llega al juzgado, tendrá 10 días para aportar pruebas y defender la legalidad de su propiedad.

La investigación sobre la veracidad de las pruebas aportadas puede durar hasta 30 días. Posterior a ese tiempo, el juez encargado del caso es el encargado de decidir si el bien debe pasar a ser propiedad del Estado o volver a ser del propietario original.