Un mal de no acabar: las otras invasiones que afectan a Cali

La Administración se ha centrado, durante los últimos diez días, en la recuperación de los terrenos invadidos en la hacienda La Aldovea, en el corregimiento de Navarro, pero diferentes sectores de la comunidad han cuestionado que existen muchos otros lugares de la ciudad con el mismo problema, a los cuales no se les ha dado la misma atención.

Uno de los más preocupantes es el de la laguna de El Pondaje, que ha sido invadida en su zona circundante desde hace varios meses. En una carta dirigida a la Alcaldía, el gerente de la Unidad Estratégica de Negocio de Emcali, Haimer Humberto Serna, pide que sean reasentadas no solo estas personas, sino las familias que todavía ocupan el jarillón del río Cauca, a su paso por Cali.

“Actualmente, Emcali tiene un contrato con el Consorcio Laguna Sur para el mejoramiento hidráulico de la laguna. No obstante, se han encontrado dificultades que impiden su avance por los asentamientos que comprenden, entre otros sectores, Brisas de la Paz, Playa Alta y Nueva Ilusión”, menciona la carta de Serna.

Debido a la ocupación del espacio, tanto el contrato de ejecución de la obra como el de la interventoría se encuentran suspendidos, a la espera de que las personas en dichas invasiones puedan ser reasentadas.

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El oriente de la ciudad es uno de los sectores más afectados por esta situación. De hecho, solo en el corregimiento de Navarro, la Administración tiene caracterizados para intervenir los predios privados de La Dalia y el Patio Taller del MÍO, así como uno público ubicado en Mojica y el público-privado del Cinturón Ecológico de Navarro, entre otros.

Además, según el Comité de Control de Invasiones y Protección de Ecosistemas, este año se han recuperado los predios: Humedal Ibis, dos veces; la Subestación de Energía de Aguablanca, sector 7 palos; una chatarrería ubicada en la calle 23 con carrera 53, y una zona verde que era usada como lavadero ilegal en la avenida Ciudad de Cali.

Aun así, Cali cuenta con más sectores afectados. En el barrio Remansos de Comfandi, por ejemplo, una comunidad que fue desalojada del jarillón del río Cauca ocupa irregularmente una cancha y dos sectores más.

César Augusto Lemos, subsecretario de Servicios de Acceso a la Justicia, contó que “en este lugar tenemos una querella que avanza. Ayer hicimos una nueva inspección y estamos esperando que se realice la audiencia y se tome una decisión al respecto”.

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Por otra parte, el concejal Roberto Ortiz denunció que no se están interviniendo con la misma vehemencia otras invasiones en la ciudad, y mencionó una que se encuentra en el cerro de Cristo Rey, cercana al lugar donde se realizan las obras del sendero que se construirá en el monumento.

“Esta invasión no es nueva, el corregidor está enterado, ya le corresponde a la Secretaría de Seguridad y Justicia dar respuestas concretas a la comunidad. Los lotes, que se estarían vendiendo a $ 40 millones, podrían afectar la inversión que proyecta el Gobierno Distrital con el gran sendero a Cristo Rey”, afirmó el concejal.

También habría afectaciones en el corredor de la vía ferroviaria de la ciudad, en algunas partes de la ribera del río Cali y en los corregimientos de La Buitrera y Pance.

El subsecretario César Lemos explicó que restituir todas las invasiones de la ciudad es una tarea muy compleja, ya que todo el tiempo están apareciendo nuevos asentamientos.

Frente a este panorama, el subsecretario Lemos manifestó que “es falso que no estemos interviniendo también en otros puntos, ya que hay predios grandes y pequeños en toda la ciudad que ya hemos restituido”.

Entre estos trabajos estarían los de apoyo a la Sociedad de Activos Especiales y el Invías para recuperar sus predios, así como las querellas para otros terrenos públicos y privados: el espacio que rodea a la Galería Santa Elena, varios separadores viales de la ciudad, terrenos en Bataclán, el cerro de Cristo Rey, La Viga y el sector aledaño al río Pance.

La Administración tenía presupuestado intervenir alrededor de 2000 techos irregulares durante el cuatrienio y a la fecha, con corte al mes pasado, ya se habían destruido cerca de 8000.

“Yo sí le quiero recordar a la ciudadanía que todos los días, las inspecciones de Policía y los corregidores adelantan diligencias para realizar las restituciones necesarias, solo que no todas terminan siendo tan llamativas como la de Navarro”, declaró Lemos.

Durante el desalojo de Navarro, varias personas aseguraron ser desplazadas de la violencia del cordón Pacífico y querer una oportunidad de vivienda digna.

El concejal Roberto Rodríguez sostuvo que es justamente esta población, mayormente afro, la que debería tener más apoyo del Estado en cuanto a tierras y demás oportunidades.

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César Lemos, subsecretario de Seguridad, manifestó, por su parte, que se ha fallado en brindar una amplia y accesible oferta de Viviendas de Interés Social (VIS) y Prioritario (VIP).

“El Municipio debe reconsiderar su estructura actual para proveer nuevas zonas habitables”, puntualizó Lemos.