HAITÍ
Un año después del asesinato del Presidente de Haití, ¿qué ha pasado con los colombianos detenidos?
Esposas, hermanos y madres de los 18 exmilitares colombianos detenidos hace un año por el magnicidio del Presidente de Haití, reclaman atención del Gobierno y reiteran que ellos son inocentes.
“Al mundo entero le hacemos un llamado de auxilio, somos inocentes. Estamos en un país en donde nos están matando, por favor ayúdennos. Cómo es posible que nos van a dejar aquí aguantando hambre, la gente se está muriendo”. Así, suplicando ser escuchados, algunos con su vestimenta sucia o rota y con varios kilos menos, es como se puede ver en un corto video conocido hace dos meses, a algunos de los 18 exmilitares colombianos que hoy cumplen 365 días detenidos en Haití, luego de que fueran acusados de participar en el asesinato del presidente de ese país, Jovenel Moïse. El drama no solo se vive en el país más pobre de América, también en varios rincones de Colombia, donde sus familias claman para que sus seres queridos sean tratados con humanidad.
Tras cumplirse un año del magnicidio del Presidente de Haití, las dudas sobre la investigación son innumerables. Las familias manifiestan que el Gobierno colombiano no ha brindado ayuda para las investigaciones de los exmilitares, quienes aseguran ser inocentes. “No tenemos información. Tanto el FBI como las autoridades haitianas nunca nos han dado algún reporte. Nosotros lo poco que hemos sabido es que cuando ellos llegaron allá, el Presidente ya estaba muerto”, aseguró Diana Marcela Arbeláez, esposa de Naiser Franco Castañeda, quien se retiró del Ejército solo tres meses antes de viajar a Haití.
La Fiscalía haitiana tiene un archivo sobre cómo habría sido la planificación, financiación y ejecución del magnicidio, pero el expediente no ha pasado de una etapa preliminar. Según la Fiscalía, lo único ya confirmado es que el comando que entró a matar a Moïse la madrugada del 7 de julio de 2021, en su residencia oficial en Puerto Príncipe, no encontró ningún tipo de resistencia por parte de su cuerpo de seguridad.
Sofia López, esposa de John Jader Andela, militar retirado en 2016 y quien habría sido contactado por el también exmilitar Duberney Capador para viajar hasta la isla caribeña, cuenta que “la cancillería los primeros meses estuvo en contacto con nosotros, pero luego nos dejaron solos. Lo que hemos hecho ha sido con el esfuerzo de cada familiar. Contratamos a una abogada que nos está guiando en el proceso para que organizaciones como la ONU se enteren del caso y nos ayuden a que tengan un proceso en el que ellos puedan hablar y contar cómo realmente ocurrieron las cosas”, dijo López, a quien desde hace un año le ha tocado cuidar sola a sus dos hijos menores de edad.
“Ellos son inocentes, son soldados honorables que durante 20 años o un poco más sirvieron al país. Yo no sé qué espera el Gobierno, nuestros familiares hoy están en total abandono, eso no es justo. Son personas buenas que no le han hecho nada a nadie, simplemente salieron del país para brindarnos a sus familias un mejor futuro, para que sus hijos puedan entrar a una universidad y fueron capturados injustamente”, expresó la esposa de Naiser Franco Castañeda.
Según los familiares, el proceso de conseguir una abogada ha tenido muchos inconvenientes, pues aseguran que algunos cobran cantidades exageradas de dinero y otros no se atreven a tomar el caso por miedo a que sean amenazados a tal punto de que su vida pueda estar en riesgo.
“Hasta ahora ellos no han sido procesados. La situación de no conseguir abogado no es ajena a lo que pasa en Haití, pues allá ni siquiera han tenido un juez y los jueces que han estado en ese país han dejado el cargo por amenazas, motivo por el que no han tenido derecho a una audiencia”, explicó la esposa de Jader Andela, quien además contó que su última comunicación con él fue hace 20 días, a través de una carta en la que le pedía perdón por haberla dejado sola con sus hijos.
“Yo soy inocente al igual que mis compañeros. Fuimos traicionados, nos engañaron y quiero que sepas que nosotros no matamos a ese señor. Cuando llegamos él ya estaba muerto”, escribió Jader Andela en la carta.
Este mismo drama lo viven otras familias de los exmilitares. Por ejemplo, Marcela Abeláez, quien vivía con su esposo hace 15 años en Cali, relató: “En diciembre recibí la última carta, me preguntó por los niños y me dice que todo lo que yo escuché en las noticias es falso, que yo sé la clase de persona que es él y que nunca le hubiera hecho daño a nadie. Pero nunca me ha contado si ha sido torturado, lo único que sé al respecto es que una vez vi una foto de la espalda de mi esposo, lo identifiqué y me di cuenta que tenía heridas de puñaladas”.
Entre tristeza y algunos recuerdos, Julian Gómez, hermano de Jhon Jairo Ramírez, otro de los capturados en Haití, manifestó que aunque no se tiene mucha información de los tratos que han recibido, “en las primeras cartas que fueron enviadas habían palabras claves para que nosotros descifráramos los mensajes sobre las torturas a las que fueron sometidos. Él en esos relatos nos contaba que fueron encadenados durante 30 días en una celda muy pequeña en donde dormían unos sobre otros. En circunstancias deplorables”, sostuvo Gómez, quien recordó que el único sueño de su hermano era trabajar para comprar una vivienda.
Según los familiares, estar alejados de sus seres queridos ha sido uno de los retos más difíciles que nunca esperaron llegar a vivir, todos coinciden que esta situación se generó por una propuesta de trabajo que terminó siendo un engaño, pues han manifestado que fue a través de WhatsApp que recibieron la oferta y que esta consistía en brindar seguridad a altos funcionarios.
“A ellos los contactaron por medio de WhatsApp, a mi hijo le comentaron que había un proyecto bueno para ir a hacer seguridad a otro país. Ese es el sueño de casi todos los exmilitares en retiro, ser contratados en otra parte del mundo para brindar protección a personas importantes y así poder dar una mejor calidad de vida a sus familias”, dijo entre lágrimas María Irene Gómez, madre de Jhon Jairo Ramírez.
“Le exigimos al Gobierno que por favor ponga la mano por ellos y que nos ayuden. Son seres humanos honorables y tienen derechos, no iban a dañar sus vidas y su trayectoria por cometer un acto como este”, precisó Diana Marcela Arbeláez.