OESTE DE CALI
Trece muertes violentas en menos de cinco meses: ¿qué está pasando en el Oeste de Cali?
Habitantes del oeste de Cali, preocupados por violencia Entre enero y los primeros días de mayo se presentaron 13 homicidios en ese sector. Los vecinos dicen que hay mucho miedo porque los casos de hurto ocurren con violencia. Piden articulación de las autoridades.
Con el asesinato de Liliana Florence Orozco por hurtarle el celular cuando estaba en una avenida del barrio Normandía para recoger a su niña, de 4 años, del jardín infantil, el oeste de la ciudad ya sumó 13 muertes violentas entre enero y el 11 de mayo pasado, lo que tiene en alerta a sus habitantes, que creen que el problema requiere de un conjunto de soluciones integrales que no se están ejecutando en este momento por parte de las autoridades correspondientes.
Según habitantes de la zona, el incremento de la delincuencia en la Comuna 2, que está conformada por 19 barrios y seis urbanizaciones, se ha presentado en varios sectores al mismo tiempo, entre ellos Chipichape, Centenario, Brisas de Los Álamos, Granada, entre otros.
Cuentan que, históricamente, se han visto afectados por robo a personas y hurto a comercio, pero la violencia armada se ha venido recrudeciendo en los últimos años, dejando casos recientes como el de Liliana y el de Martha Lucía Páez, quien también fue asesinada a tiros la semana pasada, en el barrio Bellavista, cuando se encontraba atendiendo en un punto de venta de choclos.
“Cuando se hacen los comités de seguridad para evaluar la situación de la comuna, tanto a la Policía como a la Secretaría de Seguridad se le transmite que las principales problemáticas son el hurto a personas y a comercio, no tanto los asesinatos, pero este año la tendencia es que como agrupación comunitaria estamos aportando a las estadísticas de homicidios y eso nos hace preocupar mucho”, dice Darschan Ocampo, líder cívica y edil de la Comuna 2.
87,9% de los habitantes de los estratos altos se sienten inseguros.
Una vecina cuenta que con el tiempo el temor se ha apoderado de los habitantes. Se ha llegado al punto en el que ya no se puede salir al barrio con bolso. Los elementos importantes como la billetera, documentos, celular y un puñado de dinero van dentro de las bolsas de tela que se usan para mercar. Una especie de camuflaje urbano contra los depredadores de objetos de valor.
Alba Espitia, quien vive hace 28 años en Normandía, dice que siempre ha existido un compromiso de cuidado entre los vecinos que ayuda a mantener la paz y la tranquilidad, pero desde que se han presentado los ataques con arma de fuego hay una sensación de zozobra generalizada, pues hay sevicia de parte de los delincuentes a la hora de atracar.
“Nosotros sentimos temor de salir a las calles luego de lo que pasó con estos crímenes. Esto no es muy común en el barrio, pero siempre esta situación nos genera miedo porque matan a las personas solamente por robarle un celular. El miedo se incrementa porque no hay presencia policial, solo se ve a los uniformados cuando ocurren hechos así”, añadió.
Sobre esto, la más reciente encuesta de Cali Cómo Vamos mostró que el 82,3 % de los ciudadanos se siente inseguro en la ciudad, mientras que apenas un 5,4 % se siente seguro. Por zonas, en el oeste el porcentaje se eleva a 85,6 % de habitantes que se sienten inseguros.
No es para menos, allí se han presentado casos de alto perfil. No solo las trágicas muertes de Liliana y Martha, también robos de alto nivel como a finales del año pasado cuando delincuentes usaron explosivos para estallar un cajero automático. Antes ocurrió que más de diez personas que se movilizaban en motocicletas llegaron a un restaurante en El Peñón, amenazaron a los clientes y les hurtaron joyas, dinero y celulares. Además, se llevaron elementos tecnológicos del establecimiento.
Precisamente, son los hurtos y los homicidios los que más contribuyen a esta sensación de inseguridad entre los caleños y los vecinos de la comuna. En la ciudad, el 77,2 % considera que eso es lo que lo hace sentir más vulnerable. Esta cifra es del 77,6 % en el oeste.
La edil Ocampo dice que, para ella, parte de la explicación de esto es que hay distintos problemas que terminan por converger, creando un caldo de cultivo para la violencia. Por un lado, explica que la naturaleza de la zona, en la que se concentran grandes cantidades de servicios comerciales, gastronómicos y de entretenimiento nocturno, la hacen un botín muy deseado para los delincuentes.
Lo que no puede pasar es que por esos hechos cedamos espacio a los delincuentes, porque no podemos estar sometidos al terror y al miedo”. Fernando Tamayo, concejal
“Esta zona es en sí misma una pequeña urbe, la cantidad de sedes bancarias y de locales comerciales, hace que muchas bandas se concentren en el hurto. Pero no hay unas dinámicas concentradas en atender esa situación. Esto no puede quedar solo en manos de la Policía, que no tiene las herramientas y la capacidad humana para patrullar y evitar todos los robos. Se requiere un trabajo mancomunado entre todas las autoridades y la sociedad civil”, advierte.
Agrega que hay otros problemas más estructurales como presencia de bandas de microtráfico, que tienen disputas por control de territorio y por deudas económicas, y que están generando aumentos en los índices de homicidios.
Otra situación es la población en situación de calle, que en algún porcentaje, cometen robos, en especial del mobiliario público y de las partes de vehículos.
En este momento, la Comuna 2 es atendida por 112 patrulleros, divididos en 7 cuadrantes. Los vecinos dicen que esta administración le apostó a recuperar el parque automotor de los patrulleros, y que se han pasado de nueve a quince motos en uso.
Además, hay 161 cámaras de vigilancia, pero no se conoce la información de cuántas están en funcionamiento y en qué sectores.
De acuerdo con la edil, actualmente hay un problema de hacinamiento en la estación de Policía que atiende la comuna, por lo que se entorpecen las funciones de patrullaje de los agentes, quienes se ven superados por la cantidad de solicitudes y de responsabilidades que tienen a cargo.
Por su parte, el concejal Fernando Tamayo cree que la situación del oeste es consecuencia del desbordamiento de la violencia en el resto de la ciudad, con la diferencia de que allí hay aglutinados objetivos de alto valor, por lo que los delincuentes han desarrollado capacidad de adaptación criminal a las dinámicas sociales de los distintos barrios.
“Cada vez más se enfocan en atacar en momentos de alta vulnerabilidad, centrando su accionar en las horas de la mañana, en inmediaciones a parques, afectando a las personas que hacen deporte, también en lugares en los que notan que no hay mucha densidad de uniformados. Tienen muy claras sus rutas de escape”, dice Tamayo.
Las autoridades de Cali están ofreciendo una recompensa de hasta $10 millones por información que permita identificar al autor del crimen de Liliana Orozco.
El Concejal cree que una de las causas de esta degradación es que ha faltado una respuesta contundente de las autoridades frente a los crímenes y, sumado a las altas tasas de impunidad, se ha generado un efecto expansivo con distintas consecuencias como que hay menos confianza de la ciudadanía para denunciar, lo que, a su vez, hace que los delincuentes sientan que pueden actuar sin miedo a represalias judiciales. Para el cabildante, eso ha provocado que haya una degradación del delito, que cada vez se comete con más violencia, con ataques mortales para cometer robos que antes se hacían apenas con intimidación.
En días pasados, desde la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali habían resaltado que hay renovaciones y mantenimiento de diferentes alarmas comunitarias y botones de pánico, dispositivos cuya operatividad facilita acciones para dar respuesta diferencial en cada comuna.
Conmoción por asesinatos
Después de la muerte de Liliana Orozco se presentó el asesinato de Martha Lucía Páez, quien se dedicaba a vender choclos en la zona.
La Policía confirmó que ella era la madre de Eliana Andrea Jaramillo Páez, una mujer que fue asesinada con metralleta en el mismo sector hace un año y tres meses, al parecer por parte de una organización ilegal.