"Tengo toda la capacidad para trabajar con soldados y policías": nuevo Mindefensa

Diego Molano, uno de los funcionarios de mayor confianza del presidente Iván Duque, enfrenta ya el enorme reto de reemplazar como ministro de Defensa a Carlos Holmes Trujillo, fallecido a causa del Covid-19.

Si bien sus contradictores le achacan una supuesta falta de experiencia en temas de seguridad, Molano le contó a Colprensa sobre su cercanía con la Fuerza Pública.

“Tengo toda la capacidad para trabajar hombro a hombro con los soldados y policías para garantizar la confianza de todos los ciudadanos”, dice al tiempo que sus vínculos con los organismos de seguridad vienen de su familia.
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Y en la misma línea de su antecesor, ha prometido acelerar el combate contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales, a los que señala de ser los principales responsables de las masacres y los asesinatos de líderes sociales en el país.

El nuevo titular de la cartera de Defensa asegura que a finales de marzo se podrían estar culminando los procesos que permitirán cumplir con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional para retomar las fumigaciones de cultivos ilícitos.

¿Qué va a hacer desde el Ministerio frente al narcotráfico?

El combate al narcotráfico ha sido una prioridad del presidente Duque, porque es la fuente que alimenta la violencia, y por eso vamos a profundizar y a acelerar esa lucha. Esto implica el desmantelamiento de las bandas narcocriminales como el ELN, ‘el Clan del Golfo’, ‘Los Caparros’ y las disidencias de las Farc, además de ‘la Segunda Marquetalia’, porque esas son las estructuras que realizan todo tipo de crímenes en las regiones, desde el narcotráfico hasta la extorsión y la minería ilegal, con el fin de aumentar su capacidad destructiva y generar zozobra en las comunidades.

Hasta ahora no ha sido posible reducir significativamente las masacres y los asesinatos de líderes sociales en el país. ¿Qué cree que debe hacer la Fuerza Pública al respecto?
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La protección de los líderes sociales y garantizar que esas masacres no se den es una prioridad y, para lograrlo, la única forma es desmantelando esas bandas. Hemos podido identificar que de 33 asesinatos colectivos, 14 fueron perpetrados por el ELN, ‘el Clan del Golfo’ o las disidencias de las Farc, es decir, hay una relación directa entre el asesinato de líderes sociales y ese tipo de masacres. Por eso el desmantelamiento de esas bandas es la mejor estrategia para proteger la vida de estas personas y evitar que esto siga sucediendo.

Uno de los objetivos por los que más trabajó Carlos Holmes Trujillo fue retomar la fumigación de cultivos ilícitos. ¿Cree que en lo que queda de este Gobierno será posible volver a esa estrategia?

La meta de las autoridades tiene que ser disminuir los cultivos de coca. Cada hectárea que se siembre es más combustible para la violencia. El Gobierno del presidente Duque ha logrado reducir sus hectáreas de casi 170 mil a 154 mil. El año pasado se logró una meta de 130 mil, que debería garantizar una mayor reducción, y por eso hay que combinar todos los mecanismos existentes.

Para este año las metas en erradicación son de 130 mil hectáreas, además de seguir con el desarrollo alternativo y la sustitución de cultivos ilícitos, pero allí donde corresponde, en algunos territorios, la aplicación de la aspersión con precisión, con el cumplimiento de todos los requisitos que exige la Corte Constitucional. En ese proceso estamos, para que se pueda culminar a finales de marzo y de ese modo iniciar con la aspersión con precisión.

Se conoció un informe según el cual las cifras de erradicación de cultivos ilícitos son infladas y la capacidad del narcotráfico para hacer daño parece cada vez mayor. ¿No es hora de revisar esa estrategia?
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Yo creo que son dos cosas diferentes. El informe ya se había presentado en julio pasado, a partir de algunas denuncias, y se le dio respuesta por parte del Ministerio, pero además se establecieron diez mecanismos de control para garantizar la confiabilidad de esas cifras.

Entre estos mecanismos están la toma de información con GPS en los sitios de erradicación, para que estos datos puedan subirse automáticamente; la capacitación y formación por parte de Naciones Unidas, con el fin de que se garantice independencia; el uso del sistema de información y monitoreo de la Policía (Sima), de modo de que se verifique que las hectáreas sí están siendo bien reportadas, entre otros.

Estos mecanismos deben permitir que haya mayor confiabilidad y tengo la certeza de que el Gobierno avanzó en esta meta y que cada vez la información puede ser mejor, pero el objetivo es erradicar para disminuir las hectáreas de coca en sus territorios.

¿Qué va a hacer para recuperar la confianza de la ciudadanía en la Fuerza Pública frente a casos como los del 9 de septiembre en Bogotá o la Estación de Policía de Soacha?
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Lo que sucedió el 9 de septiembre debe ser investigado, como se está haciendo, y si se llega a encontrar que alguno de los oficiales o de los patrulleros cometieron algún tipo de delito, deben ser juzgados, pero se les debe dar la garantía del debido proceso y, en el caso de ser hallados culpables, deben ser judicializados. Algunos de ellos ya fueron retirados de la institución y en ese ejercicio debe aplicarse todo el peso de la ley. Sin embargo, no se puede generalizar, porque lo que tenemos es un cuerpo policial que ha sido preparado y entrenado y que cumple su misión con total apego en la ley.

Ahora, para recuperar la confianza se van a realizar dos esfuerzos fundamentales: recientemente se aprobó el protocolo de manejo de las protestas, donde se establecen unas reglas y procedimientos para el manejo de estas, y la aplicación del uso de la fuerza proporcionado cuando se presenten hechos de violencia, los cuales deben ser capacitados, reforzados y manejados por la Policía.

Como segundo punto, está el proceso de formación y capacitación en Derechos Humanos, con el que ya cuenta la Policía y vamos a preparar todo un ejercicio para que se garantice la defensa técnica y especializada de los miembros de la Fuerza Pública.

Sus contradictores dicen que usted tiene gran experiencia en el servicio público, pero poca en temas de seguridad. ¿Puede ser ese un inconveniente para ejercer el cargo?
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En 25 años de experiencia en el servicio público he tenido que ver con conocimiento desde la institucionalidad con el sector de la Defensa, con las Fuerzas Militares y de Policía. En Acción Social, hace unos años, coordinamos el esfuerzo del Centro de Coordinación de Acción Integral, un mecanismo que ha acompañado la seguridad democrática con inversión social y proyectos productivos en un esfuerzo combinado.

Como director del Icbf trabajamos en coordinación con la Policía de Infancia y Adolescencia para garantizar los derechos de estos, y como director administrativo de la Presidencia hice parte de los consejos de seguridad y tuve a cargo los consejeros de Estabilización y Derechos Humanos.

Conozco la Fuerza Pública, soy de familia militar, respeto y honro a nuestras Fuerzas Militares y de Policía y tengo toda la capacidad para trabajar hombro a hombro con soldados y policías para garantizar toda la confianza de los ciudadanos.

¿Cambiarán sus posturas frente a la protesta social y la JEP?

Mi postura siempre ha sido una. En el caso de la protesta social, la respeto porque así está garantizada en la Constitución, pero cuando grupos infiltrados utilizan el vandalismo y buscan destruir, eso no se puede permitir, porque cuando usted afecta una estación de Transmilenio, un bus o apedrea o incendia un CAI, eso no es protesta, eso es vandalismo y terrorismo, y por eso ahí debe actuar la autoridad con total contundencia.

En el caso de la JEP, es claro que el país en algún momento estuvo dividido entre la votación del Sí y el No. Algunos no estábamos de acuerdo con la aplicación de lo pactado y con algunos lineamientos que allí se señalaban y pedimos modificación, entre ellas de la JEP. Por eso hicimos manifestaciones pacíficas, planteamos nuestros puntos, votamos en el plebiscito y después de eso se tomaron unas decisiones por parte del Gobierno anterior que establecieron esa institución que hoy va avanzado, que ha logrado unos mínimos avances, particularmente en lo que se mostró la semana pasada con el macrocaso de secuestro. Sin embargo, lo que esperamos todos los colombianos es que no haya impunidad, que realmente se garantice la reparación a las víctimas.

Pero entonces su postura frente a la JEP no ha cambiado...
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Pues lo que nosotros establecíamos era que la JEP iba a garantizar impunidad y hasta ahora el proceso no ha avanzado. Esperamos que los casos de secuestro y particularmente de reclutamiento armado den resultados y se repare a las víctimas.

"En estos 17 meses, concentraremos nuestros esfuerzos en cuatro acciones principales: continuar y acelerar la lucha contra el narcotráfico, particularmente, que estos grupos narcocriminales sepan que nos les vamos a dar tregua”.

“Que sepa ‘Otoniel’, que sepa ‘Iván Márquez’, que sepa ‘Sántrich’, ‘Iván Mordisco’ y ‘Gabino’ que los vamos a buscar por mar, aire y tierra”.

“Estamos comprometidos con la vacunación. Esta, que es una tarea para todos los colombianos, también es una nueva tarea para la tropa. Estamos preparados para hacer presencia en todo el territorio”.