"Mi papá quedó invidente": La precaria situación de los presos de la cárcel de Tuluá luego del incendio

“Mi padre tiene pérdida de coherencia y de memoria. Además, quedó invidente luego del incendio que se presentó el pasado 28 de junio en la cárcel de Tuluá. Tuvo quemaduras de gravedad y un golpe en su cabeza. A pesar de eso, el trato en ese lugar no ha sido bueno, pues también presenta desnutrición avanzada”, dijo Samantha Restrepo, hija de  Dario Restrepo, uno de los reclusos del Pabellón 8 de la cárcel de Tuluá, establecimiento donde perdieron la vida 56 privados de la libertad y 5 más permanecen hospitalizados debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con Samantha, la situación de su padre ha sido complicada desde que entró al establecimiento carcelario, pues luego del incendio duró ocho días en coma, por lo que tuvo que ser internado en cuidados intensivos y, posteriormente, fue trasladado de nuevo a la cárcel sin, según ella, estar en perfecto estado de salud. Además de esto, Dario sufre de desnutrición y gastritis, por lo cual necesita unos cuidados prioritarios como: doble ración de comida y suplementos dietarios que no han sido posible entregarle porque el Inpec afirma que como el recluso cuenta con EPS, ellos deben ser los responsables de la medicación, exámenes y tratamiento.

“Yo le pago a mi papá seguridad social, por lo que las personas del Inpec han manifestado que la EPS tiene que encargarse de los medicamentos y de los controles médicos para el tratamiento que se le debe dar a sus ojos. Yo me he encargado de sacar las citas, pero el personal del Inpec no me ha colaborado con el traslado. Como si fuera poco, no ha recibido el trato pertinente a su desnutrición, pues mide más de 1.70 metros y pesa tan solo 47 kilos”, sostuvo la hija de Dario Restrepo, recluso que llevaba tan solo tres meses en la cárcel cuando ocurrió el incendio.

Este es uno de los testimonios que reflejan la problemática que se vive en este centro penitenciario del centro del Valle. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en este lugar persiste la sobrepoblación y alcanza un porcentaje del 24 %, con aproximadamente 200 personas más de las permitidas en las instalaciones de la cárcel. Al momento de la tragedia había 1267 reclusos en este centro.

“Nosotros tenemos conocimiento de que hay hacinamiento en esta cárcel, pero por la condición de mi padre tuvo que ser trasladado a un pabellón donde no hay sobrepoblación. Es inhumano que sabiendo que hay personas que quedaron graves y con secuelas de la tragedia, no se les brinde una atención oportuna y al menos se les garanticen sus derechos básicos como la buena alimentación, la salud y una red de prevención para que no vuelvan a ocurrir incendios como el que se presentó”, expresó Samantha.

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De acuerdo con el defensor nacional del pueblo, Carlos Camargo, “un equipo de esta entidad visitó el establecimiento penitenciario como parte del seguimiento. Los funcionarios evidenciaron que aún no se han tomado las medidas de prevención para enfrentar una conflagración como la ocurrida el pasado 28 de junio”.

La Defensoría del Pueblo afirmó que estas no son las únicas preocupaciones, pues en el establecimiento carcelario persisten los problemas de acceso a condiciones dignas de salud para los privados de la libertad.

“Los representantes de derechos humanos de los diferentes patios manifestaron preocupaciones por los traslados que estaban pendientes debido a un brote de varicela que hubo en el patio 10. También se mostraron preocupados por la terminación del servicio de farmacia al interior del establecimiento desde el 2 de agosto pasado”, expresó la Defensoría.

Camargo añadió que en la jornada de verificación también se evidenció que el establecimiento no cuenta con un cronograma de valoración médica intramural para la población privada de la libertad, y no se registra seguimiento oportuno a los tratamientos médicos que requieren, con casos de citas que se demoran hasta tres meses con médicos especialistas.

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Con este testimonio coincide Samantha, pues afirma que “hasta para ingresar un medicamento que necesitan los reclusos es un problema. No es justo que no les brinden la atención oportuna por un incendio que sucedió dentro de las instalaciones de la cárcel. Mi padre no es el único afectado, tenemos conocimiento de otra persona que también perdió la vista y otra que quedó con problemas mentales”.

“Finalmente, desde la Defensoría del Pueblo insistimos en la necesidad de un trato digno y conforme a los derechos humanos para las personas sindicadas y condenadas que se encuentran privadas de la libertad en centros penitenciarios del Valle del Cauca”, puntualizó Carlos Camargo.

Mismo llamado que realizó la hija de Darío Restrepo, “pedimos al Gobierno que se le brinde atención oportuna a los reclusos de la cárcel de Tuluá. No es justo que a personas que tienen cuidados especiales no se les brinde el tratamiento pertinente, son seres humanos que estaban al cuidado del Inpec y que no se les garantizó la seguridad el día del incendio. Mi padre gracias a Dios está vivo pero requiere tratamientos que en este lugar no se le han brindado”.

La firma de abogados Legalgroup confirmó que diez familias iniciaron el proceso de demanda contra el Inpec y el Ministerio de Justicia, para que se adelante una reparación directa en contra del Estado por la responsabilidad administrativa y patrimonial.