¿Cuál es el panorama de los migrantes venezolanos en Cali?

"Me daba miedo cuando salía a la calle, sobre todo en las noches. Todo porque había gente enojada con los venezolanos, pues algunos estaban cometiendo fechorías”.

El testimonio es de *Emilio Aguirre, un migrante, de 50 años, quien llegó hace 22 meses a Colombia procedente de Maracaibo. Estuvo poco tiempo en Cali y no encontró trabajo.

Su suerte cambió cuando alguien le sugirió viajar al norte del Valle. No lo pensó mucho. Se mudó con su esposa al municipio de La Unión donde lo contrató un pequeño empresario. Ahora es parte de los 425 migrantes establecidos en esa localidad. Allá es todero: albañil, aseador, jardinero y hasta empacador de frutas. Sus patrones no tienen queja de él. Afirman que “es una persona trabajadora, honesta y seria”.

Sin embargo, *Emilio deja entrever que en ocasiones se siente intranquilo por la desconfianza que pueda despertar, pues señala que lastimosamente “hay algunos de los nuestros que se han metido en problemas”.

La anterior es apenas una pequeña radiografía de la vulnerabilidad de los migrantes. Actualmente 95.452 están distribuidos en los 42 municipios del Valle, de ellos 64.200 en Cali, según datos de la Personería Municipal.

Debido a que hace una semana la Policía capturó a dos personas de nacionalidad venezolana como presuntos autores del asesinato del deportista Felipe Tobón, cuando subía al Cerro de las Tres Cruces con su novia, el hecho causó gran conmoción y despertó enojo hacia ese grupo poblacional.

Tanto que el propio secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Alberto Rojas, declaró que “esta bomba migratoria nos está generando mucha presión. Temas de invasiones y participación de extranjeros en actividades delictivas están afectando la vida de cada ciudadano”.

Según algunos analistas, lo dicho por Rojas fue desafortunado. Expertos como Alberto Sánchez, señalaron en Twitter que “hay que rechazar cualquier apelación a la xenofobia como explicación de la inseguridad en Cali. La coyuntura de inseguridad que atraviesa Cali se deriva de la incapacidad de los encargados y de la falta de una clara estrategia, no de la migración”.

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De igual manera, el exsecretario de Seguridad, Andrés Villamizar, afirmó que “echarle la culpa del incremento de la delincuencia a la migración puede dar puntos ante la opinión pública, pero no contribuye a solucionar el problema por una sencilla razón: es falso que el aumento de migrantes explique el deterioro de la seguridad”.

Frente a tal coyuntura, el consultor en Asuntos Públicos, Migración y Comunicación y exasesor presidencial, Andrés Segura, pone de presente que “aunque no se está generando una xenofobia sí hay una discriminación, pues se le dan condiciones diferentes a una persona por su nacionalidad, y eso no solo está penalizado en materia de derechos humanos sino por el Artículo 100 de la Constitución”.

Recuerda que Cali tuvo muchos brotes de discriminación racial, y ahora en el caso de los venezolanos eso no contribuye a su integración a la sociedad. “Sería caer en la misma trampa y desconocer los avances de Cali y su ejemplo al resto del país”.

“Por eso es importante una mayor responsabilidad política de algunas autoridades y líderes frente a sus comentarios”, recalca el experto.

Reconoce que infortunadamente “en términos de seguridad existe un problema serio, pues hay personas en dificultades económicas que son vulnerables y al mismo tiempo víctimas al ser reclutadas por grupos delictivos. Pero es falso que la criminalidad haya aumentado por los venezolanos”.

De acuerdo con Migración Colombia de las 100.000 personas privadas de la libertad, 2700 son extranjeros, de ellos 1500 venezolanos.

Esa población migrante también ha sido blanco de la violencia cuando cruza por las trochas en zonas de frontera y se enfrentan a grupos armados. Según Medicina Legal en el 2020 fueron asesinados 201 venezolanos, algunos de ellos en territorio vallecaucano.

Otra visión frente al tema tiene la antropóloga, socióloga y directora de la maestría de Estudios Culturales de la Universidad Autónoma de Occidente, Liz Rincón Suárez. Explica que para prevenir la xenofobia “es clave profundizar en los procesos de sensibilización y visibilización del tema migratorio, pues nos falta mayor cultura de la hospitalidad”.

Atribuye esa situación a la carencia de una infraestructura para atender un fenómeno de migración tan importante. “Para eso se necesita mayor educación, discusión y la creación de espacios de participación entre la población caleña y los migrantes”.

Asimismo, la especialista resalta que la vulnerabilidad de los caminantes es alta cuando llegan sin apoyo humanitario, “en especial los jóvenes que son más susceptibles de reclutamiento forzado por parte de actores armados”.

Por lo tanto, “muchos pasan de victimarios a víctimas, por ejemplo, de los grupos de microtráfico. Esa vulnerabilidad los pone en manos de la violencia”, añade.

En ese sentido, la doctora Rincón Suárez pide intensificar las campañas de corte institucional, con énfasis en las mujeres, que ahora están protagonizando las nuevas olas de migrantes y deben ser protegidas.

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A su turno, Diana Cuevas, directora de la Fundación Unidos Colombia y Venezuela, Funcolven, dice que “por fortuna ese fenómeno no es tan arraigado en Cali como en Bogotá, pues se comprende que por el error de alguno no se puede manchar la imagen de los que aquí trabajamos honestamente”.

Para reforzar esa imagen, señala que su institución promueve campañas de concientización para divulgar los aportes de los ciudadanos de ese país a la ciudad en materia social, cultural y económica.

Pese a lo anterior, la vocera de Funcolven, asegura que “todavía existe cierta discriminación, ya que unos pocos empresarios piden no contratar venezolanos por los malos comentarios que escuchan, lo cual es injusto”.
Controles y justicia

Los analistas del tema migratorio dicen que los migrantes venezolanos tienen alta vulnerabilidad y por ello algunos caen en conductas delictivas ante la falta de una fuente para generar recursos de sobrevivencia.

Cali, es hoy una de las ciudades que más atrae a los migrantes. Su número actual (64.200) se asemeja a la población de un municipio pequeño del Valle. Y cada vez llegan más, sobre todo porque el cierre de las fronteras en Ecuador y Perú por la pandemia. Muchos se regresaron a Colombia.

Pese a que algunos cometen delitos, el personero municipal, Harold Andrés Cortés, indica a que “las muestras de xenofobia no son el camino a tomar”.

Admite que el accionar de algunos migrantes está identificado por las autoridades, es especial en materia de hurtos, pero “esta situación (de rechazo) no se debe generalizar entre la comunidad porque es riesgoso frente al respeto de los derechos humanos”.

Sin embargo, el funcionario considera que “debe haber una posición férrea de las autoridades, ya que todo migrante que llegue al territorio colombiano a infringir las normas y atentar contra los bienes y la honra de los ciudadanos, debe ser objeto de sanción bajo la ley penal”.

El Personero coincide con la especialista de la UAO, Liz Rincón, al afirmar que la falta de apoyo está poniendo a los migrantes en una situación de vulnerabilidad y en “presa fácil de grupos que los llaman a engrosar las filas de la delincuencia, lo cual es una muestra de lo que está ocurriendo”.

Recalca que “algunos conocen la actividad delictiva en su país y vienen a ejercerla acá porque están indocumentados y en el momento de su captura la sanción muchas veces es expulsarlos del país por que no hay una identificación clara de ellos”.

De hecho, el año pasado fueron expulsados 200.000 venezolanos según Migración Colombia. “Esta es una cifra muy alta”, señala Cortés.

Al respecto, Sander Van Niekerk, jefe de la representación de la oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, para el suroccidente colombiano, opina que lo sucedido al deportista Felipe Tobón “es una tragedia”, pero recalca que “la delincuencia no tiene nacionalidad y quien esté aquí debe cumplir con la ley y sus regulaciones”.

Destaca, empero, que “la xenofobia es un fenómeno social muy complejo, pero hay que reconocer que Colombia ha sido un país muy generoso y solidario con la población venezolana, y un ejemplo de ello es Cali donde hay una alianza con la Alcaldía para ayudar a los migrantes”.

El señor Van Niekerk recuerda que en gran medida esa vulnerabilidad (de los migrantes) obedece a que muchos están en la informalidad por lo que “sufren de abusos y discriminación, en especial mujeres y niños ante la falta de oportunidades”.

*Nombre cambiado a petición de la fuente.

Para el personero municipal, Harold Andrés Cortés, en teoría el Estatuto que regulariza a los migrantes (a partir de mayo) es importante, “pero seguramente se van a presentar dificultades”.

Anota, que los personeros estarán al pie de su aplicación con el apoyo de organizaciones como USAID y asesores en materia de migraciones.

En ese sentido, Sander Van Niekerk, jefe de Acnur, para el suroccidente colombiano, dice que “el Estatuto no es una solución definitiva, pero si una oportunidad para que esa población logre un estatus legal”.

De manera, el estatuto, agrega el vocero de esa organismo, “permitirá identificar a quienes están en el país para quedar sujetos a las leyes colombianas contra la criminalidad.

Y, de paso, contar con beneficios para mitigar su exposición a la violencia, los abusos y la explotación”.