Caos vial y exceso de negocios: habitantes de San Antonio están 'arrinconados' en su propio barrio

El crecimiento ‘desordenado’ de los establecimientos de comercio en algunos barrios residenciales tiene aburridos a muchos de los caleños.
Las quejas se dirigen, sobre todo, a la ocupación inadecuada del espacio público, ruido excesivo e incumplimiento del uso del suelo, aspectos que perturban a la comunidad, sin que encuentren solución con las autoridades.

San Antonio es uno de los barrios más afectados por esta situación. Según sus habitantes, prácticamente no hay andenes libres para caminar, debido a que los vehículos se estacionan en estos cuando visitan los restaurantes del sector.

“Algo que nos está afectado mucho ahora es la llegada del restaurante Primos, el cual se comprometió a no impactar con el estacionamiento de vehículos, pero ahora vemos que sus clientes invaden los andenes e impiden que las personas puedan guardar los carros en sus garajes y hasta tengan que arriesgar su vida bajando a la calle para poder transitar”, dijo Éttiene Demange, habitante del barrio San Antonio.

Ante esta queja, los propietarios del restaurante Primos manifestaron que tienen convenios con parqueaderos aledaños y que pagan una hora de parqueo a cada uno de sus clientes.

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El arquitecto y coordinador del Comité de Patrimonio de la JAC de San Antonio, Diego Carrejo, recordó que este sector está protegido como barrio patrimonial desde 1958, por lo que las dinámicas de construcción y comercio deben ser especiales.

“El POT dice que el barrio es residencial neto, pero permite algunos usos complementarios que deben estar ubicados solamente en la calle 2 y en la carrera 10, pero eso no está siendo cumplido”, comentó Carrejo.
El líder comunal manifestó que han denunciado estos aspectos a la Alcaldía, pero que no obtienen respuesta.

“Además, hay algo grave y es que, según las normas de protección patrimonial, los establecimientos ubicados en esas zonas que mencioné solo pueden tener la actividad comercial en el 25 % del predio y el otro 75 % debe ser residencial, con el fin de conservar el valor histórico del predio, pero esto tampoco se cumple”, dijo Carrejo.

Al respecto, Brany Prado, director ejecutivo de Acodrés, indicó que esta es una situación que se está presentando hace muchos años y que, por ello, están implementando algunas estrategias.

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“Tenemos un programa que se llama Pilas, y es donde orientamos a las personas, a los comerciantes gastronómicos sobre qué es el POT, cómo sacar su uso del suelo y demás aspectos de funcionamiento. Ya son 700 establecimientos que hemos ayudado con esta estrategia desde septiembre del año pasado”, resaltó Prado.

No obstante, el líder de Acodrés dijo que la tramitología hace que las personas, en ocasiones, no saquen la totalidad de sus requisitos para operar.

“Siempre he dicho que debe existir una Ventanilla Única en donde el emprendedor pueda ir y formalizar su establecimiento, en lugar de visitar casi ocho instituciones. En ocasiones, esa tramitología hace que las personas tengan pereza de cumplir la ley”, recalcó.

Una situación similar viven los habitantes del barrio Prados del Norte. Una vecina del sector manifestó que entre las calles 34a y 39 y entre las avenidas 3 y 4, se han inaugurado muchos establecimientos de comercio que han perturbado la tranquilidad de los habitantes.

“Según el POT, hay algunas zonas netamente residenciales y otras mixtas, pero el comercio se ha extendido al interior del barrio, en donde se supone que no puede operar; eso ha hecho que se genere mucho ruido y percepción de inseguridad”, dijo la mujer.

El subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali, José Calle, indicó que los barrios en los que más se generan quejas de los ciudadanos por afectaciones de restaurantes y almacenes son: Capri, Gran Limonar, Valle del Lili, Centro y los aledaños a sectores de diversión nocturna.

“Nosotros hacemos operativos diariamente y verificamos que el documento de Cámara y Comercio coincida con el uso del suelo. En 2022 hicimos 3401 visitas y en 1886 no fue aportado ningún documento de concepto de uso del suelo, pero las sanciones son potestad de los inspectores de la Policía”, recalcó el funcionario.

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En cuanto a la invasión del espacio público, Calle dijo que han hecho operativos en sectores como Tequendama y en San Antonio, en donde han hecho retirar a los infractores y hasta han decomisado elementos.

“Siempre atendemos las quejas ciudadanas. Por ejemplo, hay una persona en el centro que tiene 19 comparendos por invasión al espacio público, pero hace caso omiso porque trabaja informalmente. Por otra parte, hemos visto que hay acumulación de procesos para los inspectores de Policía a raíz de la proliferación de comercios que hubo durante y después de la pandemia”, concluyó Calle.

El Concejal Juan Martín Bravo denunció que “Hay una mafia de uso del suelo, en donde venden a las personas este requisito así el lugar no sea apto para la actividad”. Además, dijo que hay sobornos a los inspectores de Policía para que no existan emitan sanciones.