Alcaldía de Cali busca vigencias futuras por más de $80.000 millones, ¿para qué?

Esta semana se presentaron en el Concejo de Cali cuatro proyectos de acuerdo para comprometer vigencias futuras ordinarias del año 2022 por más de $81.529 millones.

Según la Administración, con estas vigencias se pretende garantizar recursos que permitan dar continuidad a programas de Bienestar Social, financiar los servicios de aseo y vigilancia, tener recursos para que se dé inicio a los estudios del Parque Tecnológico San Fernando y también se busca financiar los estudios para la semaforización inteligente de la ciudad.

Los proyectos de acuerdo se estarán discutiendo en el transcurso de este mes. Hoy, por ejemplo, se abrirá el proceso de estudio de las vigencias futuras que ha solicitado la Secretaría de Bienestar Social que ronda los $46.204 millones, según detalló el concejal Carlos Pinilla, uno de los ponentes de dicho proyecto.

Esto se hace “con el fin de garantizar que el año entrante no haya que esperar cuatro o cinco meses para poder ejecutar los programas sociales, por ejemplo, no dejar a los adultos mayores sin su seguridad alimentaria, lo mismo con los migrantes y la atención integral de los niños, entre otros”, anotó.

Pinilla explica que es necesario aprobar las vigencias futuras porque normalmente el gasto se define de enero y a diciembre y si no se establecen hoy las vigencias, podrían pasar varios meses del 2022 sin la contratación que se requiere.

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En otras palabras, las vigencias futuras se aprueban con el ánimo de garantizar que los proyectos que se iniciaron este año, tengan continuidad el próximo y no se vean afectados por los procesos administrativos.

Con las vigencias futuras “la plata queda establecida para poderse gastar desde enero porque si no hacemos eso, la gente sufriría esa crisis administrativa de contratación”, agregó Pinilla.

En este sentido, la secretaria de Bienestar Social, María Fernanda Penilla, comentó: “La radicación de este proyecto, la hacemos para dar cumplimiento a las obligaciones que afectan el presupuesto de la siguiente vigencia y en celeridad por la llegada de la Ley de Garantías, pues debemos, de manera conjunta, tanto la Administración como el Concejo de Cali, garantizar la continuidad de los programas sociales que se enfocan en primera infancia, personas mayores, víctimas del conflicto, mujeres y familia”.

Asimismo, precisó que “la idea es que teniendo estas vigencias futuras nosotros vamos a celebrar los contratos o convenios que correspondan de tal forma que podamos dar continuidad a la prestación de servicios lo que resta del año 2021 y en el 2022”.

La titular de Cartera enfatizó que hay dos contratos que tienen que estar firmados por Ley de Garantías antes del 12 de noviembre, “los otros son procesos públicos que nos dan un poco más de tiempo”, acotó Penilla.

Desde los organismos Desarrollo Económico y Datic se han solicitado vigencias futuras por $4.895 millones, recursos que estarán destinados a la ejecución de los estudios y diseños para la construcción del parque tecnológico San Fernando ($3.354 millones) y para la formulación de documentos técnicos para la implementación del modelo de Cali Inteligente ($1.541 millones).

Alexandra Hernández, concejal ponente de este proyecto de acuerdo, subrayó: “Lo que se quiere es adelantar todos los diseños arquitectónicos, estructurales, paisajísticos, hidráulicos, red de datos, la iluminación; así también los recursos para la interventoría que vela para que cada punto que se diga en el contrato se cumpla”.

De acuerdo con la cabildante, el próximo martes o miércoles se escucharán a los encargados de los proyectos y “el 23 o 27 de octubre debemos tener ya aprobado al menos en primer debate”.

Entretanto, Diana Muñoz, coordinadora del proyecto Parque Tecnológico San Fernando, indicó que los recursos para los estudios y diseños ya se tenían adjudicados este año, pero no se ejecutaron y “una de las principales razones fue la demora en la firma de la escritura de transferencia de dominio del lote del antiguo Club San Fernando”.

No obstante, una vez firmada esa escritura -hace mes y medio- se inició el proceso de concurso de méritos para estudios y diseños de San Fernando, y “por eso es necesario que tramitemos la vigencia futura y que el Concejo nos autorice que invirtamos este año un 15 % del valor de esos estudios, y el 85 % restante en el 2022”, anotó Muñoz.

Cuando se aprueben las vigencias futuras, se publicará el pliego definitivo y se espera que en un mes se pueda adjudicar el contrato para iniciar en diciembre su ejecución, lo que tardará 8 meses.

Para el proyecto de inversión de implementación de sistema de semaforización inteligente en Cali, la Secretaría de Movilidad ha solicitado una vigencia futura por $2.925 millones.

Según el concejal Harvy Mosquera, este es de gran importancia, pues “la semaforización inteligente permite tener tiempos de luz verde dinámicos, que se adaptan a las particularidades en el flujo vehicular de cada intersección. Para llegar a este nivel se requieren de una serie de estudios y diseños, que es la etapa que concierne al presente proyecto”.

Para esto se realizará consultoría que requiere conocimientos especializados en Inteligencia Artificial.

Y recalcó que se hará seguimiento. “En otras administraciones se han realizado estudios y diseños de proyectos que terminan por no ser ejecutados. Estaremos pendientes del cumplimiento en los tiempos y entregas establecidos en la exposición de motivos”.

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Con el fin de garantizar los servicios de aseo y vigilancia para el CAM y otros establecimientos a cargo de la Alcaldía, se busca comprometer una vigencia futura por $27.505 millones.

El concejal Fernando Tamayo, uno de los ponentes del proyecto, explica: “Históricamente el Municipio tiene que generar vigencias para el pago de servicio de vigilancia y aseo. Este es un proyecto que no tiene posibilidad de cuestionamientos”.

Los recursos serían invertidos en vigilancia: $10.666 millones; en aseo: $1325 millones. Además, las secretarías de Bienestar y Educación piden recursos para vigilancia y aseo de los CDI y de las instituciones educativas.

Para Bienestar se destinaría en aseo: $991 millones y de vigilancia $1566 millones, y para Educación -que es solo vigilancia-: $12.953 millones.