Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, será imputado por escándalo de corrupción en la UNGRD

La Fiscalía General de la Nación confirmó este martes, 3 de junio, que se le imputarán cargos al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Desde el ente judicial indicaron en una rueda de prensa que son dos los delitos por los que sería procesado Bonilla: Interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias por su presunta participación en el entramado de corrupción.

Aunque la Fiscalía General de la Nación aseguró que es un hecho la imputación de cargos en contra del exministro del gabinete de Petro, hasta el momento no se ha confirmado la fecha en la que se llevará a cabo la audiencia correspondiente.

María Cristina Patiño, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, señaló durante la rueda de prensa que no se descarta la posibilidad de solicitar medida de aseguramiento en contra de Bonilla.

En el marco del escándalo que saqueó los recursos de la UNGRD, la Fiscalía General de la Nación está investigando cuatro sucesos. Y es, justamente, en el cuarto suceso investigado por el ente acusador en el que habría participado Bonilla.

Desde que estalló el escándalo, el exministro de Hacienda ha sido una de las figuras políticas salpicadas. Puntualmente, sobre Bonilla se ha dicho que presuntamente ordenó el pago de dádivas a cambio de votos a favor de iniciativas del gobierno Petro en el Congreso de la República.

La principal testigo en su contra es María Alejandra Benavides, su exasesora y quien firmó un principio de oportunidad, con el que se comprometió a declarar en su contra. La investigación reveló que el exlíder de la cartera de Hacienda y Crédito Público habría intervenido en el direccionamiento de tres contratos por un total de 92.000 millones de pesos por orden de su exjefe.

Esos contratos, asignados a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar), habrían sido utilizados como mecanismo para influir en congresistas de la Comisión de Crédito Público.

La intención, de acuerdo con el seguimiento del ente acusador, era lograr que varios legisladores votaran a favor de la aprobación de créditos solicitados por el Ejecutivo. Se trata de Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, junto con el exrepresentante Juan Diego Muñoz.

Cabe recordar que en mayo fue imputado Carlos Ramón González, la ficha más alta del Gobierno Petro, que ha pasado por imputación de cargos hasta el momento en el marco de este entramado de corrupción. Aunque el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia asegura que se trata de una calumnia, se prevé que el próximo 6 de junio, la Fiscalía General de la Nación pida medida de aseguramiento en su contra.