El exfiscal Eduardo Montealegre es el nuevo ministro de Justicia del gobierno de Gustavo Petro

El exfiscal general de la Nación Eduardo Montealegre Lynett, cercano al presidente Gustavo Petro e impulsor de la consulta popular en la que insiste el mandatario por encima de las demás ramas del poder público, es el nuevo ministro de Justicia.

Montealegre ha estado muy cerca al presidente Petro en los últimos meses, como contratista del Estado y recientemente como asesor en la expedición del decreto con el que va a ser convocada la consulta popular.

Precisamente, Montealegre tomó la vocería del Presidente ante los medios el día que se conoció que el decreto será una realidad. Y justificó el decreto pues, según él, el Senado nunca se pronunció sobre la consulta o lo hizo de manera irregular.

Por lo tanto, su designación en la cartera de justicia sería un mensaje directo de Petro a enfrentar al Congreso judicialmente para defender sus reformas y sus cambios.

Sin embargo, también han sido muchos los cuestionamientos por los contratos que el exfiscal lleva con el Gobierno, como lo denunció el concejal Daniel Briceño.

“1.788.856.667 es la suma que ha recibido Eduardo Montealegre por parte del gobierno Petro. El que está respaldando jurídicamente el acto dictatorial de expedir la consulta popular recibe buena plata”, señaló.

La posible llegada de Montealegre se da tras la salida de Ángela María Buitrago, quien dejó el cargo el pasado viernes 16 de mayo, confirmando que trasladó a las autoridades penales y disciplinarias pruebas sobre presuntas injerencias externas que, según ella, afectaron su gestión desde marzo.

Buitrago se despidió reiterando que no permitirá que terceros sin competencia tomen decisiones en áreas clave del Ministerio.

Ella señaló directamente al ministro del Interior, Armando Benedetti, y a Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), como responsables de estas presiones, que incluían propuestas, solicitudes y envío de hojas de vida para reemplazar a funcionarios en ejercicio por personas sugeridas por terceros con intereses administrativos o personales.

Benedetti negó las acusaciones y anunció que emprenderá acciones legales contra Buitrago por injuria y calumnia.

En su momento, el presidente Petro, quien se encontraba realizando una visita en China, declaró que fue él quien le solicitó la renuncia de Buitrago, argumentando que existían conflictos con los ejes fundamentales de su política de paz. Petro defendió a Benedetti, afirmando que no se debe acusar a inocentes.

La exfuncionaria sentenció que el Estado no puede responder a intereses políticos ni convertirse en “la bolsa de empleos de algunos”. Aunque reconoció que es válido recomendar personas con experiencia y conocimientos, rechazó las imposiciones. “Si me dicen cambie al director de una unidad porque lo ordena el presidente, tengo que saber si esa persona es capaz”, añadió.