¿Regresará el aguardiente Amarillo a Bogotá? Esta es la iniciativa que se estaría promoviendo sobre la restricción en la venta de licores

El Concejo de Bogotá está promoviendo una iniciativa para que la capital del país sea un puerto libre para todos los licores del país, dejando de lado la autoridad de Cundinamarca. Esta propuesta permitiría que las bebidas como lo son el Aguardiente Amarillo de la Industria Licorera de Caldas (ILC) se vendan sin restricciones en la ciudad.

Como se ha conocido desde hace tiempo, la comercialización del aguardiente Amarillo en Bogotá ha sido toda una travesía que se ha visto impedida al intentar obtener la autorización de la gobernación de Cundinamarca.

En el mes de junio de 2023, fue revocada la autorización que permitía la venta de este licor, dejando a los residentes de Bogotá sin acceso directo a este producto emblemático sin el sello de aprobación de Cundinamarca.

Esto se basa al artículo 31 del Estatuto de Rentas de Cundinamarca, la cual establece que las autoridades departamentales ejercen control sobre la producción de licores destilados en la región. Esto implica un monopolio de distribución y comercialización a través de la Empresa de Licores de Cundinamarca (ELC), las ganancias de esta licorera es destinada a fines educativos, de salud pública y protección del bienestar comunitario.

Con respecto a lo expuesto, esta propuesta es con el fin de eliminar esta restricción, además de que fomentaría la libre competencia y elevaría la disponibilidad de productos para los consumidores, a su vez, la capital podría salir beneficiada económicamente al permitir una amplia diversidad de opciones en el mercado de licores.

El concejal Juan David Quintero del partido Nuevo Liberalismo, busca reabrir el debate sobre este tema, argumentando que el control actual “dificulta” la competencia justa y el funcionamiento del mercado libre, especialmente en lo que respecta al aguardiente.

De acuerdo con Quintero, quien declaró a El Tiempo, “Bogotá es la capital de todos los colombianos y, por lo tanto, debería operar como un puerto libre”.

Aunque realizar cambios en esta normativa puede ser un desafío clave debido al monopolio estatal sobre la producción y comercialización de licores destilados, establecido en el artículo 336 de la Constitución y regulado adicionalmente por la Ley 1816 de 2016.