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Procuraduría sancionó a Rodolfo Hernández por decirle “mentiroso” y “ladrón” a un servidor público
El excandidato presidencial debe pagar aproximadamente $41 millones por referirse al exalcalde de Floridablanca, Santander, como mentiroso, ladrón, entre otros.
En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó al excandidato presidencial Rodolfo Hernández, por proferir en público expresiones, injuriosas, peyorativas y denigrantes calumniosas contra un servidor público.
La sanción corresponde a tres meses sin poder ejercer su cargo y perder un salario equivalente a $41,207,226, que es lo que ganaba en el momento de los hechos.
La razón de los hechos obedece a que el también exalcalde de Bucaramanga hizo comentarios muy ofensivos en contra de Héctor Mantilla, quien era el alcalde de Floridablanca en ese momento. Hernández arremetió contra el funcionario en una emisión de su programa ‘Hable con el Alcalde’, que se emitió a través de las redes sociales Instagram y Facebook.
En sus declaraciones, Hernández acusó a Mantilla de no pagar lo que debía, de devolver contratos varias veces, y de ser mentiroso y cómodo con la politiquería.
“Que pague lo que debe allá, nos ha devuelto veinte veces el contrato y no le gusta pagar, que no sea mentiroso y lo hemos tolerado, solamente está cómodo con la politiquería…”, fueron las palabras de Rodolfo Hernández.
A su vez, el ente disciplinario evidenció que el servidor público vulneró el principio de la moralidad contenido en la Constitución Política, en el ejercicio de sus funciones al exponer públicamente al administrador municipal, para la vigencia 2019.
Tampoco podrá aspirar a cargos públicos en 12 años
En las últimas horas, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, expidió el acto administrativo mediante el cual ejecuta el fallo de la Procuraduría General de la Nación que sanciona a Rodolfo Hernández, con 12 años de inhabilidad para aspirar a cargos públicos.
Esto, porque el ente de control encontró pruebas que señalan el interés indebido del entonces alcalde de Bucaramanga en el proceso contractual para la implementación de una nueva tecnología para el tratamiento de las basuras en el relleno sanitario El Carrasco.
En el caso, conocido como el proceso Vitalogic, también está involucrado un hijo del exmandatario quien suscribió un contrato de corretaje para supuestamente favorecer a una empresa en el proceso contractual. El diario Vanguardia ha hecho seguimiento al escándalo con varias publicaciones, entre las que se incluyen los presuntos chats entre Luis Carlos Hernández, hijo del exalcalde, y su socio de entonces, Luis Andelfo Trujillo, quien ahora es uno de los testigos en el juicio penal.
En su momento, la invitación pública fue muy cuestionada por los entes de control, particularmente porque el gran favorito, la firma Vitalogic RSU, no presentó en su oferta una póliza de garantía como lo exigía la ley.
La convocatoria pública fue declarada desierta y, posteriormente, se anunció que el contrato se iba a suscribir con Vitalogic de manera directa, sin la apertura de un nuevo proceso contractual.
El caso tomó un giro en 2020 cuando la Fiscalía encontró pruebas que demostrarían que el exmandatario intervino para que el contrato consultoría 096 de 2016 le fuera adjudicado al contratista Jorge Hernán Alarcón, uno de los personajes clave en el proceso contractual.
Por estos mismos hechos, en octubre de 2021 la Procuraduría formuló pliego de cargos en contra del exgerente de la empresa municipal de aseo, Emab (operadora de El Carrasco), José Manuel Barrera. El proceso es adelantado por la Fiscalía, que el 30 de noviembre de 2021 inició la audiencia preparatoria del juicio. Mientras tanto, Hernández alcanzó a llegar a la segunda vuelta presidencial y logró 11 millones votos, se posesionó como senador de la República por el Estatuto de Oposición y posteriormente renunció para no inhabilitarse en su aspiración a la Gobernación de Santander.
