Presidente de la JEP fue denunciado ante la Comisión de Acusación por presuntas irregularidades en viaje a exclusivo hotel en La Guajira

Algunas semanas después de la polémica que generó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cuando varios de sus magistrados se hospedaron en un lujoso hotel en Palomino, La Guajira, para dialogar sobre temas relacionados con cómo acelerar las sentencias, se conoció que Alejandro Ramelli, presidente del tribunal, fue denunciado al respecto.

Horas después en que se conociera esta noticia como una revelación de la revista Semana, la JEP emitió un comunicado en el que detalló que se realizó una “jornada de trabajo” en dicho corregimiento, en donde el objetivo principal fue “fortalecer y acelerar los procesos dentro de la Jurisdicción”.

En ese sentido, durante las últimas horas, una ciudadana radicó un documento en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en donde ella pide que se abra una investigación penal y disciplinaria en contra del magistrado a causa de las supuestas irregularidades que se dieron en aquellos días.

Algunos de los argumentos de la petición es que Alejandro Ramelli habría impulsado el viaje “sin vínculo funcional con actuaciones judiciales específicas ni aprobación del órgano de gobierno. (…). Se realizaron actividades calificadas como talleres y espacios de reflexión institucional, en un entorno turístico y en condiciones de ostentación”.

Asimismo, la ciudadana cuestionó que el encuentro se llevó a cabo en un momento en que la JEP tenía pendientes varias decisiones judiciales de fondo en macrocasos relacionados con violaciones a los derechos humanos sucedidos durante el conflicto armado.

Por lo tanto, para la denunciante, el viaje realizado por los magistrados contrarió a “la misión de la JEP y su visión institucional centrada en la austeridad, el enfoque restaurativo y el respeto al mandato constitucional”.

Otros de los argumentos expuestos por la ciudadanía fue que hubo una expedición de más de 30 comisiones de servicio sin que se justificara judicialmente.

“Estas comisiones no tenían relación con audiencias ni actos procesales urgentes, fueron utilizadas para justificar un retiro masivo de magistrados del ejercicio jurisdiccional, supusieron una pérdida de días laborales institucionales y una paralización sustancial de la actividad judicial ordinaria”, detalló.

En su momento, la entidad fue clara en hacer énfasis en que la jornada, “que se desarrolla sin afectar los términos judiciales ni interrumpir el quehacer de la Jurisdicción, es posible gracias al apoyo de una fundación privada que no está ligada al gobierno de Estados Unidos”.

Según el togado, durante la jornada se buscó fortalecer la coordinación interna y externa para la aprobación de los proyectos de sanción.