Irene Vélez recibió beneficios económicos tras dejar su cargo en Londres; señalan posible irregularidad

La exministra de Minas y Energía, ahora directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Irene Vélez, vuelve a estar en el centro del debate público tras conocerse que recibió más de 92 millones de pesos por repatriación pese a no cumplir el tiempo mínimo exigido por ley en su cargo diplomático en Londres.

En la mañana de este lunes, 12 de mayo, el representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero denunció que Vélez dejó su cargo como cónsul general en el Reino Unido antes de completar un año de servicio, pero aun así recibió un cuantioso desembolso por parte del Estado colombiano.

“Tras su designación en la (Anla), Irene Vélez no renunció como debía al cargo que tuvo en Londres por menos de 1 año, sino que logró su “retiro del servicio”, afirmó Forero en su perfil de X.

Según el Decreto 274 de 2000, para acceder a beneficios como viáticos, tiquetes aéreos y prima de instalación por repatriación, el funcionario debe cumplir al menos 12 meses en el exterior, de lo contrario no tiene derecho a acceder a estos reconocimientos económicos.

No obstante, Vélez recibió una suma de dinero destinado a la repatriación de ella y su grupo familiar, los cuales sumaban a más de 14.416 dólares y 9.881.954 pesos, sumándole los tiquetes aéreos que costaron 20.263.000 pesos.

Conforme a la explicación del funcionario, la salida de Vélez se registró oficialmente el 10 de abril, pero su nombramiento en la ANLA ocurrió desde el 21 de marzo. A su juicio, el hecho de que su desvinculación se haya tramitado bajo la figura de “retiro del servicio” y no como renuncia voluntaria, podría haber sido una maniobra para evitar la restricción que establece el Decreto 274 de 2000.

Aunque desde el Gobierno no se ha emitido una respuesta oficial sobre la denuncia, el tema suscitó preocupación en sectores políticos y ciudadanos que cuestionan el uso de recursos públicos en este tipo de casos.

Además, internautas señalan que en medio de los ajustes y recortes que realizó el Gobierno para este año, con el objetivo de enfrentar el déficit del presupuesto nacional, este tipo de pagos resulta contradictorio y preocupante.

La entrega de beneficios económicos a funcionarios que no habrían cumplido los requisitos establecidos por la ley ha sido vista como una señal de falta de coherencia entre el discurso oficial de austeridad y las decisiones administrativas

Por último, la funcionaria, no ha dado declaraciones respecto a las acusaciones de Forero. Se espera que en las próximas horas aclare el hecho.