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Informe de Human Rights Institute asegura que el expresidente Álvaro Uribe es inocente
La entidad además ha realizado el monitoreo a las garantías judiciales del caso.
En el caso que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe, por soborno a testigos y fraude procesal, viene siendo monitoreado por Human Rights Institute y Derechos & Justicia Abogados desde el 2018.
Esta entidad no solo ha velado por las garantías judiciales en el caso, sino que también acaba de publicar un informe en el que expone las pruebas suficientes que demostrarían la inocencia del expresidente.
“Este informe establece la existencia de la evidencia y argumentos jurídicos penales suficientes y la ausencia de material probatorio incriminatorio, más allá de toda duda razonable que corroboran la inocencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo que debería conllevar a la finalización de la persecución penal, tal como lo ha expresado en dos ocasiones el ente acusador de Colombia sobre dicho caso”, manifiestan las entidades autoras del informe a través de un comunicado.
El documento también sostiene que el proceso judicial contra el líder del Centro Democrático ha sido atípico, ya que se ha querido desvirtuar su inocencia sin haberlo logrado hasta el momento.
“Un proceso en idénticas situaciones, sin la presencia de presiones, injerencias o asuntos relacionados con la política o intereses promovidos desde sectores ideológicos contrarios, hubiese concluido en la cesación inmediata de la acción penal al establecerse que no existe prueba y/o evidencia que conlleve a la atribución de responsabilidad penal alguna”, agrega Human Rights Institute y Derechos & Justicia Asociados.
El informe realizado por estas entidades aborda en 50 páginas los siete hechos jurídicamente relevantes del caso, a saber: Episodio Picota, Neiva, Alias ‘El Tuso Sierra’, Hilda Niño, Cómbita, Harlington Mosquera y Alias ‘Víctor’.
En cada uno de estos se menciona la conducta que se le imputa a Álvaro Uribe y, seguidamente, las conclusiones que corroboran la inocencia del expresidente. Este es el documento desarrollado por las mencionadas instituciones:
El expresidente Álvaro Uribe tendrá que ir a juicio
La jueza 41 penal del Circuito de Bogotá, Laura Estella Barrera, encontró mérito para continuar con el llamamiento a juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe por el delito de soborno, a pesar de la solicitud de la Fiscalía de que el caso precluyera.
En una audiencia que se prolongó por varias horas, la jueza encontró que había pruebas necesarias para llevar al exsenador y expresidente a juicio por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal.
La jueza Barrera tenía la responsabilidad de definir el futuro de la investigación en contra del exsenador, pues mientras las víctimas solicitaban seguir adelante con el juicio, desde la Fiscalía General de la Nación pedían que fuera archivada la investigación.
Aunque la audiencia aún está en curso, la juez Laura Barrera decidió no precluir el primer hecho contra el exmandatario, en el que presuntamente participó en el soborno al testigo Juan Guillermo Monsalve a través del abogado Diego Cadena.
Al respecto, la togada señaló que Javier Cárdenas, fiscal del caso, no hizo un esfuerzo serio de la investigación que se llevaba en curso y en el cual había pruebas testimoniales que acreditaban la presunta comisión del delito de soborno.
Cabe resaltar que son siete hechos jurídicamente relevantes que se llevan en estudio en este caso contra el exmandatario. No obstante, esta primera decisión es un posible camino a la decisión final que se espera sea comunicada por la jueza.
Estas presuntas irregularidades se habrían cometido con ayuda de su abogado Diego Cadena, quien habría ido hasta la cárcel la Picota, en Bogotá, para ofrecerle beneficios como ingresarlo a la JEP y luego amenazar al testigo Monsalve para que se retractara de sus acusaciones en la Corte Suprema de Justicia contra el exmandatario.
Cabe recordar que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca suspendió a Diego Cadena por dos años y 10 meses del ejercicio de sus funciones profesionales por su presunta participación en la manipulación de testigos.
