Controversia por la creación del Instituto Nacional de Vías Regionales, que podrá contratar ‘a dedo’ y por cualquier valor

Hace solo unos días, el 15 de noviembre, el Gobierno Nacional aprovechó sus facultades extraordinarias para firmar el decreto 1961 de 2023, por el cual crea una nueva entidad pública: el Instituto Nacional de Vías Regionales, Invir.

De acuerdo con el escrito del decreto, la entidad se encargará de la construcción, el mejoramiento y la conservación de las vías territoriales en el país, “en cooperación con los departamentos, municipios, o con otras entidades oficiales, semioficiales o privadas”, por lo que solo reemplazará al Invías en ese propósito de los corredores territoriales.

Sin embargo, ya existe polémica y reticencia hacia la creación de este organismo vía decreto, debido a que tiene la facultad de contratar de manera directa el desarrollo de los proyectos, sin pasar por la Ley 80, con “organizaciones populares, unidades de economía popular, organismos de acción social, comunal o comunitaria” y otras referidas en el documento.

De manera precisa, el artículo 35 del decreto 1961 sostiene que se podrá realizar “la contratación con comunidades rurales, cabildos, organizaciones populares, unidades de economía popular, organismos de acción comunal, social o comunitaria u otras formas de organización social, grupos y/o comunidades étnicas, comunidades en todas sus diversidades, mujeres y víctimas, para el desarrollo de proyectos e infraestructura vial, las cuales se someterán a la contratación directa, sin importar su cuantía, en los términos y condiciones que determine en Manual de Contratación del Instituto”.

Pero, además de esto, será la misma junta directiva de la nueva entidad la que podrá definir a su antojo el Manual de Contratación.

La preocupación no puede ser mayor. “El Gobierno no puede cambiar por decreto la Ley 80, que impone que es la licitación pública la norma de la contratación, con todas sus exigencias, y que lo excepcional es la contratación directa. Para eso no se le dieron las facultades excepcionales”, señaló el senador Juan Felipe Lemos, quien se desempeñara como ponente del Plan de Desarrollo a inicios del presente año.

Durante el debate del PND en el Congreso ya se tenían dudas al respecto por el buen destino de los recursos públicos, por lo que el Gobierno aseguró que la contratación para vías regionales no iría más allá de valores correspondientes a la menor cuantía, los cuales van hasta los 1000 salarios mínimos mensuales, es decir, levemente por encima de los $ 1100 millones.

Sin embargo, la expresión de “contratación directa, sin importar su cuantía” contenida en el decreto genera alarma en los entes de control por los alcances que esto pueda tener.

El Gobierno ha defendido desde las discusiones mismas a la nueva entidad. Por un lado, convencieron indicando que para poder contratar con organizaciones sociales y comunitarias para estes proyectos de beneficio local era necesario flexibilizar el régimen de contratación para estos casos, lo que se podría entender como la mencionada contratación directa.

De otro laso, se señaló que existen muchas obras que se planifican, pero no se terminan realizando por el poco interés que los grandes contratistas muestran en estos, por lo que la propia comunidad, siendo la beneficiada de manera directa, podría buscar la manera de concretar esas obras por su cuenta. De hecho, sostuvieron que se han contratado cerca de $ 1.3 billones por este mecanismo.

Durante el debate del PND se habló sobre el temor de que exista contratación sin transparencia saliendo desde el nuevo Invir, y detallaron que esto podría ocurrir de dos maneras.

En primer lugar, esto se podría prestar para pagar favores políticos o electorales con ciertas organizaciones sociales y comunitarias, o incluso los recursos se podrían ir a grupos criminales que estén en los territorios, según advirtió el fiscal general, Francisco Barbosa, hace algunos meses. “Es meter en un sifón los recursos”, aseguró.

Pero, de otro lado, hay preocupación por el hecho de que pueda existir fraccionamiento de contratos, es decir, que un proyecto que en realidad cuesta más de los permitido por una menor cuantía sea dividido en varias partes o contratos para poder ser entregados, ya que, de lo contrario, tocaría sacar una licitación pública, la cual cuenta con todos los controles y exigencias de la contratación con el Estado.