Colombia reconoce su responsabilidad internacional por el asesinato de Jaime Garzón

Veinticinco años después de que cinco disparos apagaran la vida del periodista, humorista y mediador humanitario Jaime Hernando Garzón Forero, el Estado colombiano reconoció este lunes 9 de junio su responsabilidad internacional en los hechos.

Lo hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, aceptando que agentes estatales participaron en la ejecución del asesinato, ocurrido el 13 de agosto de 1999 en Bogotá, cuando Garzón se dirigía a su lugar de trabajo.

La admisión, presentada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ANDJE, mediante un documento de observaciones adicionales, es un giro trascendental en un caso que ha sido símbolo de impunidad y lucha por la verdad.

En ella, el gobierno colombiano reconoció que vulneró los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad de pensamiento y expresión de Garzón.

“El Estado lamenta profundamente los hechos que resultaron en el silenciamiento de uno de los más destacados líderes de opinión y periodismo crítico del país”, expresó el Gobierno, que además admitió que las demoras judiciales y las vulneraciones en el proceso penal han afectado los derechos de los familiares de la víctima, particularmente los relacionados con el acceso a la verdad y la integridad personal.

El reconocimiento se da en el marco del caso 15.015 ante la CIDH, que desde 2022 estudia la responsabilidad del Estado en el asesinato.

En el documento de observaciones adicionales sobre el fondo del proceso se describió a Garzón como “un líder representativo para la sociedad colombiana que, a través del periodismo y el humor, denunciaba a los distintos actores involucrados en las dinámicas de violencia y corrupción que atravesaba el Estado en ese momento”.

En 2016, el caso fue declarado crimen de lesa humanidad, lo que impide su prescripción, pero hasta la fecha solo han sido condenadas dos personas: el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, y el exjefe paramilitar Carlos Castaño, asesinado en 2004.

Narváez, condenado a 26 años de prisión, fue señalado de sugerirle a Castaño atentar contra la vida de Garzón, basándose en la falsa idea de que el periodista estaba vinculado con las FARC.

Garzón había fungido como mediador en liberaciones de secuestrados por parte de ese grupo y del ELN, labor que fue malinterpretada o manipulada por sectores del Ejército y grupos paramilitares.

Según la información recopilada por la CIDH, se llegó a creer que el periodista se beneficiaba económicamente de esas gestiones, lo cual, según la familia, lo convirtió en objetivo militar.

El crimen fue ejecutado por sicarios de la banda La Terraza, que operaba bajo órdenes del paramilitarismo y, según las investigaciones, con la “aquiescencia de agentes del Estado”.

En su momento, la justicia administrativa también declaró responsable a la Nación, al establecer que miembros del Ejército Nacional y del desaparecido DAS participaron en el asesinato.

Yebrail Andrés Haddad Linero, director de Defensa Jurídica Internacional de la ANDJE, aseguró que el Estado colombiano adoptó inicialmente una postura negacionista ante la CIDH, pero que una revisión del expediente condujo al cambio de postura.