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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Sancionan al Banco Popular por tardarse 10 meses en suspender envío de mensajes a cliente

La Superintendencia de Industria le impuso al Banco Popular una multa de $269 millones porque se demoró más de 10 meses en sacar de sus bases de datos a un ciudadano que no quería recibir más información comercial.

23 de septiembre de 2020 Por:  Redacción de El País - Colprensa
La Superintendencia de Industria le impuso al Banco Popular una multa de $269 millones porque se demoró más de 10 meses en sacar de sus bases de datos a un ciudadano que no quería recibir más información comercial. | Foto: Colprensa

Con una multa de $269 millones fue sancionado por la Superintendencia de Industria el Banco Popular, por la violar la protección de datos, luego de que se demoró más de 10 meses en sacar de sus bases de datos a un ciudadano que no quería recibir más información comercial.

El caso se sustenta en el reclamo que hizo un ciudadano al Banco Popular al decirle que no autorizaba el uso de sus datos personales para el envío de información comercial como las promociones, descuentos y similares, a la vez que le solicitó la remoción de su información de las “listas y/o bases de datos de sus campañas comerciales”.

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De acuerdo con la Superindustria, el banco omitió la solicitud del ciudadano y continuó remitiendo mensajes de texto con información publicitaria.

“Durante la investigación se comprobó que el Banco, de una parte, vulneró el derecho que tienen las personas de revocar su autorización y suprimir sus datos en los casos permitidos por la ley. De otra parte, dicha entidad tampoco tramitó debidamente el reclamo presentado por el ciudadano, los cuales deben responderse dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo”.

La entidad le pide además al Banco Popular evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a la investigación, respetar y garantizar oportunamente los derechos de los titulares de los datos y aplicar el principio de responsabilidad demostrada con especial énfasis en utilizar mecanismos de monitoreo y control, que permitan comprobar la efectividad de las medidas adoptadas para garantizar en la práctica los derechos de los titulares de los datos personales respecto de los principios que rigen el tratamiento de datos personales.

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