Ocho implicados en contrabando, a través de los almacenes Lili Pink, se declararon inocentes

Ocho presuntos implicados en pertenecer a una red dedicada al contrabando, lavado de activos y concierto para delinquir se declararon inocentes, en el marco de las investigaciones contra la cadena de almacenes Lili Pink.

Los llamados a responder son los empresarios Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.

Las pruebas que la Fiscalía tiene contra la empresa Lili Pink revelan que la red de contrabando estaba compuesta presuntamente por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel. Entre los elementos que traían están prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos.

“Las maniobras estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal”, explicó la Fiscalía.

En total y hasta el momento, el ente investigador ha documentado el lavado de activos en cuantía de $730.000 millones, enriquecimiento ilícito por más de $430.000 millones, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), avaluadas en más de $54.000 millones, y un posible contrabando que superaría en valor los $75.000 millones.

Por este caso, ya fue enviado a la cárcel Walter Francisco Martínez Martínez, porque habría participado en la constitución, administración y representación legal de, al menos, siete empresas de papel importadoras, utilizadas para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros.

Sobre Lili Pink

La Fiscalía impuso medidas cautelares sobre 405 locales comerciales relacionados con Fast Moda S.A.S. La empresa cuenta con más de 500 puntos de venta entre las marcas Lili Pink, Yoi y otros formatos en Colombia y algunos mercados internacionales.

Antes de la intervención, la empresa reportaba más de 3.000 empleos directos e indirectos, una parte importante ocupados por mujeres y madres cabeza de hogar.

Posteriormente, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) advirtió que un eventual cierre de algunos locales pondría en riesgo inicialmente 260 empleos, correspondientes a los establecimientos afectados por solicitudes de terminación de contratos de arrendamiento.

Las tiendas siguieron operando bajo administración estatal mientras avanza el proceso de extinción de dominio.

Sin embargo, comenzaron a cerrarse o estar en riesgo algunos puntos por varias razones, entre ellas porque los centros comerciales solicitaron terminar los contratos de arrendamiento. La SAE informó que recibió 87 solicitudes de propietarios y administradores de centros comerciales para cancelar unilateralmente los contratos de locales ocupados por Lili Pink y Yoi.