Ayudas humanitarias para enfrentar la crisis en el Catatumbo se encuentran varadas ante campos minados

El procurador Javier Sarmiento, quien previamente se desempeñó como delegado en Derechos Humanos y ahora se encarga de supervisar el cumplimiento del acuerdo de paz, lideró durante varios días la comisión enviada por la Procuraduría al Catatumbo.

El objetivo era atender la crisis humanitaria y monitorear la respuesta del Estado ante el enfrentamiento entre las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN. El informe de Sarmiento fue preocupante y evidenció el aumento de la violencia en esta región del país, que ha dejado miles de víctimas.

Además, destacó la paralización de la ayuda humanitaria debido a diferencias políticas, y el peligro de cientos de hectáreas infestadas con minas antipersonal, lo que hace casi imposible el regreso de las personas que tuvieron que abandonar sus hogares para escapar del conflicto.

Tras su visita, el procurador explicó que, “encontramos que había una serie de ayudas acumuladas o abarrotadas en Bomberos de Ocaña, para eso la comisión se trasladó hasta allá para preguntar qué era lo que ocurría y, pues, es muy preocupante que viendo esta situación humanitaria, que es evidente en los ocho albergues, pues no se estén suministrando o se estén fraccionando algunos mercados que, lógicamente, tienen unos destinatarios previstos en la ley”.

Una de las principales preocupaciones identificadas por la comisión fue la ausencia de coordinación entre la Alcaldía de Ocaña, la Gobernación de Norte de Santander y la Personería.

Esta falta de alineación se está manifestando en el estancamiento de las ayudas humanitarias, las cuales siguen almacenadas y no han sido distribuidas entre las víctimas del conflicto en esa zona del país.

“Es muy prematuro hablar de un retorno porque las condiciones de seguridad no están dadas, resaltando, por ejemplo, la gran cantidad de minas antipersonal. El Catatumbo es una zona que, históricamente, ha estado con muchas minas, no se ha podido realizar ni desminado militar ni desminado humanitario”, advirtió Sarmiento.

La Procuraduría considera que, en el contexto de la creciente violencia protagonizada por el ELN y las disidencias de las Farc en el Catatumbo, resulta imposible llevar a cabo labores de desminado humanitario.

Este es otro desafío que enfrenta el Estado para garantizar el retorno seguro de las más de 52 mil personas que fueron desplazadas y ahora desean regresar a sus hogares, en medio de los extensos campos minados que abundan en la región.