Ataques golpean a la Fuerza Pública: cuatro policías fueron asesinados en menos de 24 horas

El municipio de Valdivia, en el norte de Antioquia, fue escenario de un nuevo ataque armado contra la institucionalidad.

Y es que la estación de Policía fue blanco de una violenta ofensiva en la madrugada del martes 10 de junio, cuando hombres armados abrieron fuego con ráfagas de fusil contra las instalaciones policiales.

Durante el enfrentamiento, resultó gravemente herida la patrullera María Alejandra Vieda Almario, quien se encontraba cumpliendo funciones de vigilancia.

Pese a los esfuerzos de sus compañeros por trasladarla con urgencia al hospital San Juan de Dios y, posteriormente, a un centro médico de mayor complejidad en Yarumal, la uniformada falleció en el trayecto.

Alerta por aumento de casos

Horas antes, en el municipio de Sonsón, otro miembro de la Policía Nacional perdió la vida.

Se trata del capitán Juan Carlos Amaya Méndez, de 36 años, quien adelantaba labores de inteligencia en zona rural de la vereda La Linda, corregimiento de San Miguel.

El oficial, adscrito a la Dirección de Inteligencia Policial, fue atacado presuntamente por integrantes del Clan del Golfo, organización criminal con presencia creciente en el oriente antioqueño.

El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, confirmó que durante la operación se produjo un cruce de disparos.

Sin embargo, desde la alcaldía de Sonsón se señaló que las autoridades locales no habían sido informadas sobre la operación, la cual habría sido coordinada directamente desde la capital del país.

A esta lista de víctimas se suma el patrullero Jair Gonzalo Gurrute, de 24 años, quien perdió la vida tras ser alcanzado por un proyectil en medio de los enfrentamientos.

El patrullero Duván Andrés Ramírez perdió la vida como consecuencia de un ataque con explosivos perpetrado a un costado de la vía Panamericana, en un hecho que se suma a la serie de agresiones contra la Fuerza Pública.

Frente a este panorama de violencia, el Ministerio de Defensa anunció el despliegue de operaciones conjuntas entre el Ejército y la Policía Nacional.

Esto con el propósito de frustrar el accionar de estructuras criminales como Jaime Martínez, la cual es activa en el suroccidente del país.

Además, se ofreció una recompensa de hasta $ 300 millones de pesos por información que permita dar con los responsables de estos ataques.

Finalmente, crece la preocupación entre la ciudadanía ante la posibilidad de que estos hechos de violencia se repitan en los territorios.

Por ello, la comunidad hace un llamado al Gobierno Nacional para que adopte medidas urgentes y efectivas que garanticen la seguridad y la tranquilidad en las regiones afectadas.