Colombia
Asociación Colombiana de Gas y Petróleo, ACP, rechazó ataques y amenazas contra transportadoras de hidrocarburos
Grupos al margen de la ley estarían detrás de los hechos.
En un comunicado emitido en la mañana de este miércoles 29 de noviembre, la Asociación Colombiana de Gas y Petróleo (ACP) rechazó enérgicamente las amenazas y ataques que grupos al margen de la ley han realizado en contra de empresas que transportan hidrocarburos por el río Magdalena.
Conforme se lee en uno de los renglones, el traslado de ese tipo de compuestos orgánicos permiten el buen funcionamiento de la Refinería de Barrancabermeja y, además, contribuyen al abastecimiento nacional de combustibles.
La ACP destacó también que este tipo de acciones por parte de tales grupos criminales ponen en riesgo la vida de quienes trabajan en esta actividad que es “fundamental para garantizar el abastecimiento de los energéticos en el país”, y de las comunidades aledañas de ese territorio, lo cual se define como “una violación contundente a los derechos humanos”.
En la misiva se hizo especial énfasis en la contribución económica y social para el país que estos traslados traen consigo, además, se resaltó que el río Magdalena también juega un papel importante dentro de esta actividad, porque, entre otras cosas, es un factor fundamental para la protección del medio ambiente. Asimismo, se hizo un contundente llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asusto, y disminuir estos actos de violencia que son tan frecuentes en el país.
“Es importante considerar que el transporte de hidrocarburos también redunda en bienestar social y económico para el país y las regiones por la dinámica económica que genera, contexto en el que el río Magdalena es un importante corredor para desarrollar esta actividad que, entre otros beneficios, contribuye a la reducción de emisiones al medio ambiente”, se señaló en el comunicado.
Y concluyó: “La ACP condena la extorsión y el terrorismo en contra de empresas que operan de manera legal en el país, y hace un llamado a las autoridades competentes para que se garantice la seguridad e integridad de quienes trabajan en estas operaciones y de las comunidades vecinas, así como la viabilidad de las operaciones de estas compañías que le apuestan a Colombia como país de destino de inversión y que están comprometidas con la seguridad energética y el bienestar de los colombianos”.