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Acompañamiento a excombatientes durará por el tiempo que sea necesario: Gobierno
El director general de la Agencia para la Reincorporación, Andrés Stapper, dice que el Gobierno quiere dar “certidumbre” a esta población.
Desde el miércoles pasado, un día antes del vencimiento de la figura jurídica de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), el Gobierno Nacional anunció que estos lugares no se eliminarán y que, por el contrario, empiezan un proceso para integrarse a los municipios como veredas, corregimientos o centros poblados.
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Ante las dudas que dejó el anuncio, el director general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Andrés Stapper, habló con El País para asegurar que el Gobierno está comprometido con garantizar a los excombatientes todo lo necesario en su tránsito a la reintegración.
“Lo que queremos generar es la certidumbre al cien por ciento de los excombatientes de que el Gobierno tiene un compromiso muy firme”.
¿Qué proceso inicia ahora para los desmovilizados que habitan los Espacios Territoriales?
El decreto por el cual se crearon los Espacios Territoriales finalizó el 15 de agosto, es importante reiterar que esto no significa que esas zonas se vayan a desmontar. Por el contrario, viene todo un proceso de transformación, evolución y consolidación de esos territorios para que se conviertan en centros poblados, en veredas o extensiones de los corregimientos para que ellos hagan allí todo su arraigo a la legalidad.
La estrategia que definió el Gobierno es que en esas zonas del país se construyan los proyectos de vivienda, se haga toda la provisión de los bienes y servicios públicos para que los excombatientes y sus familias vean en ese territorio todo el potencial en la implementación de la política de paz con legalidad.
Hay algunas preocupaciones con respecto a lo que se viene, ¿qué se les va a garantizar a los excombatientes?
El Gobierno va a seguir garantizando sus arriendos, los abastecimientos, los servicios públicos, sus rentas económicas mensuales, todas las medidas de acompañamiento estatal, siempre y cuando cumplan con su proceso de reincorporación.
Mientras se siguen dando estos recursos, el Gobierno ya está comprando los territorios, está legalizando cada una de esas tierras y va a comenzar todo un proyecto de construcción de los proyectos de vivienda, vamos a comenzar con la contratación de los estudios y diseños de los suelos, los temas urbanísticos y todo el tema de provisión de bienes y servicios públicos para llegar con esa infraestructura a cada uno de esos territorios.
¿Se va a reforzar la seguridad en las zonas?
Lo primero que tengo que decir es que al interior de estos espacios no ha ocurrido ningún hecho que afecte la integridad o la vida de los excombatientes de Farc y de las comunidades que están allí. Esto quiere decir que la estrategia implementada por el Gobierno ha sido efectiva frente a la salvaguardia en temas de seguridad y protección para los excombatientes. El Presidente, en razón de los diferentes hechos victimizantes que han ocurrido en el país desde la firma del Acuerdo, reforzó las medidas de seguridad con 23 medidas adicionales, tanto en lo que tiene que ver con la investigación, judicialización y esclarecimiento de estos hechos, así como los esquemas de protección tanto individuales y colectivos de los excombatientes a cargo de la UNP, y también acciones que están orientadas al establecimiento de medidas de autoprotección y protección con las comunidades, los colectivos y las familias de las personas en proceso de reincorporación.
¿Hasta cuándo iría el acompañamiento del Estado?
Nosotros acabamos de sacar una resolución transitoria y casi todos la entendieron muy mal, lo que pasó es que la renta básica se agotó en julio, ahí se cumplieron los 24 meses que definía el Acuerdo de Paz frente a estas rentas económicas a la población de Farc, y el Gobierno, a través del Plan Nacional de Desarrollo, definió la extensión de ese pago, no como la renta básica sino como una asignación mensual a las personas que estuvieran cumpliendo con su ruta de reincorporación.
Ya definimos que esta ruta tiene una duración de ocho años, vamos en el segundo, nos quedan seis años durante los cuales lo que ha dicho el Gobierno es que ese acompañamiento durará por el tiempo que sea necesario.
Entonces, ¿pueden estar tranquilos los excombatientes que habitan estos espacios?
El mensaje, desde hace un par de meses, es un mensaje de tranquilidad que hemos dado desde el Gobierno Nacional, desde la Consejería para la Estabilización y desde la Agencia de Reincorporación. Lo que queremos generar es una certidumbre al cien por ciento de los excombatientes, a los que están en los espacios territoriales y a los más de 8800 que están en otras zonas del país, que el Gobierno tiene un compromiso muy firme de apalancar sus proyectos en materia reincorporación colectiva o individual, dar los apoyos que sean necesarios para impulsar ese arraigo a la legalidad y consolidar esto como una estrategia efectiva acorde con lo dispuesto en el Plan Nacional.
Hace poco se especuló que el Gobierno eliminaría el ETCR de la Elvira, en Buenos Aires, Cauca, luego se reversó esa decisión, ¿por qué?
En ningún momento la estrategia del Gobierno era eliminar ese ETCR. El municipio tenía una pequeña barrera y era que se encontraba en Ley 550 frente a un incumplimiento de pagos de sus pasivos, entonces cualquier inversión que se hiciera en el marco de estos contextos tendrían que primero ser para el pago de deuda y no para inversión pública. Esto lo compartió el Gobierno con los excombatientes en la zona y con la misma Alcaldía. Hay un dato interesante y es que todos los alcaldes quieren que se queden esos ETCR en sus espacios, y ahí fue cuando también buscamos el compromiso por parte de ellos para poder evolucionar en esta labor. Entonces en la visita que hicimos a Buenos Aires, el Alcalde nos informó que ya habían superado los temas fiscales, que ya habían quedado al día con el pago de los compromisos y que iban a presentar todas las documentaciones ante el Ministerio de Hacienda para que se levantara esa restricción. Por eso, gran parte de esta estrategia si bien la construimos nosotros, también tienen gran incidencia los mandatarios locales.
¿Qué balance hace de la reincorporación en este año de Gobierno?
Es un balance positivo, tanto en las cifras que nosotros llevamos como Gobierno Nacional, así como la misma caracterización que se hizo a los excombatientes en el primer trimestre del año, donde el 76 % de ellos ve con optimismo su futuro en el marco del proceso de reincorporación, se sienten entusiastas con la hoja de ruta que hemos implementado. Obviamente hace falta mucho, pero de eso se trata, es un proceso de largo plazo que requiere más de ocho años para transitar en ese camino de la legalidad. Tenemos en este momento 29 proyectos productivos de carácter colectivo, que vinculan a unas 1934 personas; tenemos 360 proyectos de carácter individual que benefician a 416 personas. Esas son inversiones por más de $24 mil millones. Hemos acompañado también las iniciativas autogestionadas por los excombatientes, más de 226 en todo el territorio nacional y tenemos tres proyectos grandes con la cooperación internacional en materia productiva.
¿Y en cuando a los procesos de formación académica?
Allí, el Sena ha sido uno de nuestros aliados principales: más de 4000 personas se han beneficiado con cursos para fortalecer sus proyectos productivos, sus proyectos de autoemprendimiento y sus capacidades para el tema de la empleabilidad. El 26 de agosto vamos a firmar un convenio con el Ministerio de Educación y el Consejo Noruego para Refugiados para seguir fortaleciendo las rutas educativas de la población en el proceso de reincorporación para que hagan sus ciclos académicos.
¿En el Valle del Cauca cómo vamos?
Tenemos 405 excombatientes acreditados por la oficina del Alto Comisionado para la Paz que están en el departamento comprometidos con su proceso de reincorporación. El ETCR más cercano es el de Monterredondo y venimos haciendo allí todo el proceso de acompañamiento y ahora más en el proceso de fortalecer los proyectos de vivienda e infraestructura. Tenemos unos puntos de reagrupamiento en Buga y Tuluá, donde están varios excombatientes realizando sus proyectos de reincorporación de carácter colectivo.
Hicimos una alianza estratégica con la Alcaldía de Cali, en la que, con la figura de gestores ciudadanos, se han contratado a personas en proceso de reincorporación para que a través de estos procesos de vinculación laboral, de formación ciudadana, apoyen las estrategias de los gobiernos locales para apalancar todas las rutas, tanto de reincorporación como de ciudadanía al interior del municipio.
Al inicio del Gobierno había mucha incertidumbre sobre la posición de la administración Duque frente a la paz, ¿las preocupaciones de los excombatientes han disminuido?
En el marco de la implementación del Acuerdo habían muchos temores por parte de la población, pero el Presidente lo que hizo desde el primer día fue generar un compromiso cierto con todos los excombatientes que le están apostando a la legalidad, que están comprometidos con este tránsito en su proceso de reincorporación.
El Presidente ha sido muy enfático y su política ha sido muy reiterativa en acompañar al cien por ciento de ellos para que podamos apalancar este proceso de largo plazo.
