Regalos, rifas, bonos de descuento en asaderos de pollo. ¿Qué hay tras el mercado persa de licencias en Cali?

A Cali, literalmente, se le metieron al rancho. Pese a que la capital del Valle tiene jurisdicción exclusiva para expedición de licencias de conducción por parte de la Secretaría de Tránsito y el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, habría oficinas satélites de otros municipios operando en la ciudad.

Una denuncia que explica la feria de beneficios que vienen ofreciendo algunas escuelas de conducción en Cali o concesionarios, que aparecieron de la noche a la mañana, prometiendo a los caleños menores costos y los ‘regalos’ más absurdos con la única condición de aceptar un documento expedido por la autoridad de otro municipio.

Ofrecimientos que van desde parlantes gratis, descuentos entre los $100.000 y los $600.000 en la expedición de la licencia, un mes gratis de entrenamiento físico personalizado, hasta un 12 % de descuento en la revisión técnico mecánica y cupones de $10.000 para compras en un asadero de pollos en Cali.

Una competencia desleal que, de acuerdo con el ingeniero Cristhian Londoño, gerente (e) del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle (CDAV), se habría empezado a registrar desde finales del año 2024, que es cuando algunos organismos de Tránsito aumentaron exponencialmente su participación en el mercado de las licencias.

En especial municipios como Dagua, que entre enero y marzo del 2024 expidió solo 206 licencias de conducción y que en el mismo periodo del 2025 tramitó 3335; es decir, un incremento en el primer trimestre de este año del 1519 %.

Lo propio ocurrió en el municipio de Ansermanuevo, donde el comparativo del primer trimestre del 2024 y el 2025 dejó un aumento del 1024 % en la expedición de licencias; en El Cerrito hubo un incremento del 382%, y en Jamundí, donde se registra un aumento del 117% en este tipo de trámites.

“Vemos que algunos organismos de Tránsito antes operaban por sí mismos todo el tema de expedición de licencias y registro automotor infractor, pero desde finales del 2024 suscribieron contratos con privados, donde les delegaron la operación y eso ha facilitado que esos contratistas entren de manera simple a otros organismos de tránsito para traerse los servicios y, obviamente, como son privados no les impide incumplir la norma”, explica el ingeniero Cristhian Londoño.

No obstante, un experto en temas de movilidad que ha pedido la reserva de su identidad, asegura que sí considera que “no solo es desleal, sino ilegal que a Cali vengan a montar infraestructura de otro municipio para establecer desde aquí una conexión IP con el software o las aplicaciones establecidas, y violando de manera descarada la jurisdicción local”.

“Considero que es un tema que amerita una investigación no solo a los secretarios o directores de movilidad de los organismos de Tránsito de los municipios que hayan establecido por terceras personas oficinas clandestinas en Cali, sino a las personas encargadas de supervisar o auditar esos contratos que se firmen con privados y que deben estar en el marco de la normatividad legal vigente”, aseguró la fuente.

El País intentó comunicarse con las alcaldesas de los municipios de Dagua y Jamundí, pero al cierre de esta edición no había logrado respuesta.

Sin embargo, de manera extraoficial, un funcionario del municipio de Dagua indicó que en su municipio no hay Secretaría de Tránsito y la que opera es una sede de Tránsito del Departamento del Valle.

“Donde no hay organismos de Tránsito establecidos, como en municipios como Dagua, Bugalagrande o Riofrío, el Departamento tiene una concesión con un privado, creo que es por más de diez años, que opera todo el proceso de patios, grúas, registro infractor y el registro automotor, y eso incluye también la expedición de licencias de conducción”, detalla el experto en movilidad.

Agrega que: “Lo que no pueden hacer es venir a competirle a Cali. La norma es clara referente a que los servicios se tienen que ofrecer dentro de la jurisdicción del municipio y no se podría prestar el servicio a otros municipios porque obviamente estarían violando la norma”.

‘Feria de irregularidades’

Difícilmente una secretaría de Tránsito de algún municipio del Valle podrá ofrecer descuentos como los que se anuncian en las vallas o la publicidad en redes sociales de algunas escuelas de conducción en Cali.

Para obtener la licencia en Colombia es necesario realizar tres pagos: curso de conducción certificado por escuela, las pruebas teóricas y las prácticas; también los exámenes médicos y las pruebas psicosensométricas, además de la impresión o costos del servicio en Tránsito. Todos ellos deben cargarse de manera independiente al Registro Único Nacional de Tránsito, Runt.

Sin embargo, un exempleado de una escuela de conducción en el sector de Salomia, en el norte de Cali, advierte que hay un negocio muy grande detrás de algunas escuelas que ofrecen el paquete completo. “No sé si eso es legal o no, pero ofrecen tarifas muy bajas para la expedición de la licencia y es claro que aún así es un negocio que deja jugosas ganancias a los privados y a los organismos de Tránsito”.

“Para hacer esos descuentos bajan el número de horas prácticas y teóricas, no dan los cursos con la profundidad, los exámenes los firman médicos, pero los hacen personas que no lo son, y hay casos en los que usan huellas gemelas para validar el curso en los dispositivos en varias personas”, asegura el exempleado consultado.

Información que fue validada por el director encargado del CDAV, Cristhian Londoño, quien indicó que se han visto casos de reducción de horas o falsedad en los exámenes; “y en la Superintendencia de Trasporte hay muchos procesos en este momento en curso y escuelas de conducción o Centros de Reconocimiento de Conductores que han sido cerrados”.

“Han encontrado que la persona que va a hacer un curso de escuela de conducción le piden la huella y solo con la huella cada cierto tiempo simulan como si la persona estuviera ahí y al final, después de un mes, le dan el certificado y es una persona a la que le entregan una licencia de conducción sin saber manejar un vehículo y que va a terminar probablemente con un muerto o un herido en la vía. Por eso han cerrado escuelas de conducción y centros de reconocimiento de conductores”, indicó Londoño.

Frente al tema de los descuentos, Víctor Monsalve, director de la empresa de asesoría en movilidad Valet MAS SAS, consideró que “es difícil que esto suceda; un descuento de $200.000 o $300.000 es más un gancho publicitario. Tal vez el descuento amplio sea para licencias de categoría C3, para tractocamiones o articulados y que es una licencia que para trámite de primera vez su valor supera los $ 4 millones”.

Amerita investigación

Más allá de que las rifas de licencias, los bonos de descuento en restaurantes o el regalo de electrodomésticos no sea ilegal, en lo que sí puede haber una investigación es en el ofrecimiento de algunas escuelas de descuentos en la revisión técnico mecánica de vehículos.

De acuerdo con la Resolución 3318 del Ministerio de Transporte, explican los expertos en materia de movilidad, en el tema de la revisión técnico mecánica y de escuela de conducción, está rotundamente prohibido generar beneficios.

“El Ministerio de Transporte puede sancionar un CDA o una escuela de conducción que genere beneficios en el precio porque la tarifa sí está definida a nivel nacional y hay unos mínimos y unos máximos y no se puede generar ningún tipo de beneficio como regalar gasolina o regalar descuentos porque es objeto de una sanción por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte. O sea que ahí lo que está pasando es un proceso que podría investigar tranquilamente la Superintendencia”, concluyó Cristhian Londoño.

Un golpe a las inversiones que realiza Cali en materia de movilidad

El principal problema que enfrenta Cali con la llegada de las oficinas satélites de otros municipios para competir por el mercado local, es que los ingresos que los organismos de tránsito perciban de los servicios de expedición de licencia o registro automotor se invierten directamente en la ciudad.

Lo que se están llevando a través de privados hacia otros municipios son recursos que se destinan a mejorar la seguridad vial, a procesos logísticos en casos de accidentes y al pago de agentes de tránsito. Es decir, cuando se hace el trámite a través de otro municipio, no es ese municipio el que atiende la víctima en caso de accidente sino la ciudad de Cali.

“Eso básicamente nos genera un problema en la logística porque en la medida que los recursos se van a otros municipios, se queda la ciudad con menos recursos para atender todo tipo de eventualidades. Entonces es donde dice la ciudadanía que no hay apoyo logístico ni de las autoridades, pero no ven la otra cara de la moneda y es que estás dejando tu plata siendo ciudadano caleño en otros organismos de tránsito, donde el nivel de accidentalidad seguramente es mucho más bajo y les va a sobrar mucho dinero para que ellos puedan invertir en otros temas”, explica el Director encargado del Centro de Diagnóstico.