Comerciantes afectados por primeras obras del MÍO aún no han sido indemnizados; llevan esperando más de una década

Por Gerson David Hincapié, periodista de Cali

Cerca de 12 años llevan esperando 1852 comerciantes de la ciudad que se les reconozcan recursos luego de haberse visto afectados por las primeras obras de las troncales del MÍO, realizadas a mediados de la década del 2000.

Los trabajos de la red del sistema masivo iniciaron a mediados de 2004 y finalizaron cuatro años después, en 2008, tiempo en el que los comerciantes vieron importantes caídas en sus ventas debido a la inhabilitación de las vías de acceso a sus negocios.

“Adelantar este tipo de obras ayuda a mejorar la movilidad y la visibilidad de la ciudad, pero puede causar daños que son de proporción mayor para alguna parte de la población. Una cosa es que tú salgas en tu carro y te encuentres con un trancón, de pronto perdiste una cita o llegaste tarde a una reunión, pero cosa diferente es que la obra te la hagan al frente de tu establecimiento de comercio, donde se te diga que va a durar cuatro meses, pero resulta que la obra no duró eso, sino dos años, entonces ahí ya se trata de una carga anormal”, explicó Marino Ospina, abogado de los intereses de los comerciantes afectados, conjuez del Consejo de Estado y profesor universitario.

Luego de que el pleito llegara al campo jurídico, en segunda instancia el Tribunal Administrativo del Valle tomó la decisión en 2018 de ordenar el pago en favor de los ciudadanos por el orden de los $10.700 millones de pesos, los cuales debían ser aportados en partes iguales por la Alcaldía de Cali y Metrocali, ente gestor del MÍO.

Sin embargo, este monto no iba a ser desembolsado de manera directa por estas entidades, sino que, de acuerdo a la legislación vigente, debían ser depositados en el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, el cual es administrado por la Defensoría del Pueblo.

“Metrocali giró a la Defensoría el 30 de septiembre de 2019 un valor total de $5337 millones, dicho monto es lo que le corresponde al ente gestor del sistema masivo según el fallo. El resto del dinero (que es por el mismo valor) le corresponde al Distrito”, explicaron desde Metrocali luego de consultar sobre el tema.

Por parte de la Administración Central también se informó que el recurso fue enviado al fondo administrado por la Defensoría en 2019, por lo que la entidad del orden nacional cuenta con el dinero desde hace más de cuatro años.

“Desafortunadamente, la Defensoría del Pueblo cuenta con un recurso humano realmente escaso para dedicarse a la revisión de estas condenas, que no son únicamente de Cali, sino de toda la geografía nacional. El personal realmente ha sido un poco deficiente y no sé si negligente, incluso, en la revisión de la documentación que ya completó cuatro años con ellos, porque eso fue antes de pandemia que se radicó la solicitud para que se hiciera el desembolso”, agregó el abogado.

El País consultó con la Defensoría del Pueblo el estado del proceso de revisión de los documentos para la posterior entrega de los recursos a los comerciantes afectados durante la ejecución de las obras, pero aún no ha recibido respuesta desde la entidad.

Aun así, se conoció que recién a finales de 2023 la Defensoría envió una comunicación a los comerciantes y su representante en el proceso para que llenen unos formatos adicionales, los cuales estarían entre los últimos pasos administrativos antes de que se apruebe y ejecute el desembolso del dinero.

Comerciantes no están satisfechos

El fallo en primera instancia, determinado por los juzgados administrativos de Cali, indicaba que el pago a los afectados debía ser por más de $645.000 millones, pero el Tribunal del Valle, en segunda instancia, redujo la suma a los valores actuales.

“Como prueba idónea para el monto de las indemnizaciones, el Tribunal Administrativo del Valle determinó el pago de Industria y Comercio, razón por la cual la cuantía disminuyó ostensiblemente”, declaró en 2015 el director Jurídico de la Alcaldía de la época, Carlos Humberto Sánchez.

Sin embargo, el abogado Marino Ospina señaló que los comerciantes no están de acuerdo con los argumentos para la reducción, y advirtió que pedirán un mayor monto a la Defensoría.

“Ese recurso debe dar unos rendimientos porque los más de $ 10.000 millones que se consignaron hace cuatro años no son los mismos de ahora”, manifestó el jurista.

Así se divide la deuda

Tras el fallo en segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo del Valle, la deuda de la Alcaldía y Metrocali con los comerciantes afectados quedó así:

• $14,1 millones para la empresa Inversiones Santa Lucía Ltda.
• $5,7 millones para Rodamientos Y Retenes Ltda.
• $2,9 millones para Surtiroller Ltda.
• $383 mil para Logo Color Ltda.
• $319 mil para Pinturas Belalcázar Ltda.
• $10.700 millones para los otros más de mil comerciantes de la ciudad.