¿Qué hay detrás de la creciente invasión de predios bajo el control de la SAE en el Valle del Cauca?

Los casos de invasión de predios rurales registrados en los últimos meses en varios municipios del departamento, bienes que en su mayoría estaban bajo la custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), es una voz de alerta frente a un fenómeno que puede salirse de control en el Valle del Cauca.

Según expertos consultados por El País, hay dos razones por las que esta situación despierta la preocupación en las autoridades seccionales: una de ellas es que el Gobierno Nacional no tiene ya más tierras para entregarles a los indígenas en el Cauca y miembros de algunos resguardos o consejos comunitarios han optado por venir a invadir y solicitar tierras en sectores rurales del Valle del Cauca.

La segunda razón, dicen, es que restan nueve meses de gobierno de Gustavo Petro y en más de tres años de mandato no se acordó sino hasta último momento de cumplirles la promesa a los indígenas, a los que les entregó solo parte de lo anunciado, pero ni a los consejos comunitarios de negritudes ni a los comunidades campesinas se les adjudicó las tierras ofrecidas y ahora algunas de estas organizaciones buscan la toma de predios, a la espera de que se lo legalicen antes de que acabe el actual mandato.

“El tiempo se acaba y las promesas quedaron inconclusas; los proyectos de ley no tienen oportunidad ya de ser tramitados; no cuentan con las voluntades políticas que los favorezcan y entonces las vías de hecho se convierten en la vía de oportunidad para conseguir algún resultado”, indicó el analista y docente de la Universidad Central Jorge Luis Yarce.

“Las comunidades se quedaron esperando las promesas que un gobierno les hizo en campaña y les juró en plaza pública de manera reiterativa, para mantenerse fortalecido en el poder, y están tratando de hacer una estratagema en la medida en que piensan que las vacantes o los predios que están bajo administración del Gobierno, que no van a presentar oposición por terceros, pueden ser más fácilmente ocupados, lo que no es cierto”, aseguró.

Es justamente eso lo que estaría ocurriendo en municipios como Palmira, Ginebra, Dagua, Zarzal o Bugalagrande, donde indígenas, negritudes y campesinos, llegados muchos de ellos de otros departamentos, han invadido predios que pertenecieron a sectores del narcotráfico y pasaron a manos de la SAE luego de los procesos de extinción de dominio.

Cifras no oficiales hablan de alrededor de 150 predios que tiene la SAE en el Valle bajo su administración y que serían entregados a la Agencia Nacional de Tierras, ANT, para que sean adjudicados a algunas de estas organizaciones.

Ninguna otra comunidad en Colombia se ha beneficiado tanto de la adjudicación de tierras en este Gobierno como los indígenas del Cauca, y parece ser que es a la única minoría que le interesa cumplirle el presidente Gustavo Petro, aseguró el analista y catedrático Diego Luis Sánchez.

“Es claro que este es un gobierno indigenista, porque ellos votaron con Gustavo Petro y son el grupo de choque que llevan a Bogotá cada que necesitan llenar plazas o hacer manifestaciones. Lo que pasa en el Valle con la invasión de tierras tiene mucho que ver con la toma reciente de los indígenas en Bogotá a algunos entes oficiales”, indicó.

El hecho al que hace referencia el analista es la toma realiza el pasado 14 de octubre por parte de indígenas y organizaciones sociales a las sedes de los ministerios de Agricultura y Vivienda, así como a las sede de la Agencia Nacional de Tierras y la Sociedad de Activos especiales exigiendo acelerar la adjudicación de tierras.

El abierto favorecimiento del actual Gobierno Nacional hacia las comunidades indígenas ha llevado a que organizaciones campesinas terminen en alianza con ellos en algunos sectores o intentando constituirse como cabildos para facilitar que les entreguen tierras.

Alianzas como las que se han identificado en los bloqueos de la vía a Buenaventura, donde se ha visto gente de otras regiones protestando al lado de personas que sí son de la comunidad, según indicaron fuentes oficiales bajo reserva de identidad.

“Hay reclamos de comunidades a la Alcaldesa de Dagua y entonces mezclan las luchas y aparece fusionada gente del Valle con otra del Cauca”, dicen.

“Hay unos que se hacen llamar campesinos del Congreso de los Pueblos, pero como este Gobierno a los campesinos casi no les da tierra, están constituyéndose como consejos comunitarios o cabildos indígenas para facilitar la entrega, pero son gente que no es del Valle”, aseguró una fuente consultada.

La traba que existía antes, dice, es que eran las alcaldías las que debían dar reconocimiento como comunidad indígena, negra o campesina para que la Agencia Nacional de Tierras les adjudicara algún predio, pero esa entidad lo está haciendo ahora a las carreras y sin aval de los gobiernos locales. Así habría ocurrido en predios que la ANT entregó recientemente en La Delfina, La Víbora, Yotoco, La Paila, Palmira y Bugalagrande.

“El procedimiento es que la Alcaldía de algún municipio los reconoce como cabildo, pero les dice que no tiene tierra; sin embargo, les da el certificado reconociendo que son del territorio, que han vivido ahí, para que hagan la solicitud ante la ANT, como ocurrió en Buenaventura con los consejos de Calinto y Yoinye, de Juanchaco”, explicó el secretario de Asuntos Étnicos del Valle, Óscar Lenis.

“Las alcaldías los reconoce y los atiende en temas que pueden resolver, pero ellos no pueden darles tierra. Necesitamos que el Gobierno Nacional priorice la entrega de tierras a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, resguardos y campesinos del Valle del Cauca que llevan años solicitando”, indicó el funcionario.

La invasión de predios es el mecanismo de presión con el que comunidades indígenas, negras y campesinas buscan la adjudicación por parte de la Agencia Nacional de Tierras.

De acuerdo con la normatividad, la SAE debe trasladarle, según el Plan Nacional de Desarrollo y la Ley de Extinción de Dominio, las tierras a la ANT, que es la única entidad que puede dar títulos de propiedad de la tierra a alguna organización para que puedan ser recibidas.

Los predios extintos y con titularidad del Estado pueden ser entregados de manera gratuita a la ANT para que los adjudique a beneficiarios. Pero si el bien está en etapa judicial, se cobra por él y el dinero se reserva en caso de que el fallo ordene la restitución a un dueño.

“En realidad es muy poca la tierra que se entregó en el Valle porque reconocemos que los procesos son muy lentos y están muy centralizados aquí en Bogotá; en el Valle solo se hicieron entregas en Tuluá, San Pedro y Ginebra, que apenas sumarán unas mil hectáreas”, indicó extraoficialmente un exfuncionario de la Dirección Nacional de la Sociedad de Activos Especiales.

Frente a la priorización de las comunidades del departamento, indicó que la decisión de la ANT es discrecional y que la agencia decide libremente a quién le entrega la tierra y en dónde.

“Pero se supone que hay prioridad para la gente local, en la medida que se regule por el Comité Municipal de Reforma Agraria, donde están las organizaciones del municipio”, indicó la fuente y aclaró que lo que ocurre en el Valle del Cauca obedece a que la Mesa de Tierras Interétnica del Norte del Cauca dispuso la entrega de unos predios a un ente afín a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc, porque no había suficiente tierra en el Cauca, y eso se generalizó y han empezado a mirar al Valle.

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