Exclusivo: La minería ilegal arremete de nuevo contra el río Dagua, en el corregimiento de Zaragoza

Las escenas dantescas que conmovieron al Valle del Cauca y a la opinión pública nacional en los años 2009 y 2010, cuando imágenes aéreas registraron la destrucción enorme por minería ilegal de oro del río Dagua, a la altura del corregimiento de Zaragoza, en la Vía a Buenaventura, han aparecido de nuevo.

Quince años después de la intervención de la Fuerza Pública que logró contener la fiebre del oro que habitaba a un costado de la vía al Mar, ante los ojos de todos los que transitaban por ese corredor estratégico para el comercio nacional, las circunstancias son las mismas y los daños iguales o peores que los registrados cuando hubo la movilización nacional para rescatar el río Dagua.

Las imágenes aéreas más recientes muestran siete puntos en el corregimiento de Zaragoza en los que se encuentra focalizada esta minería ilegal y en algunos de ellos se pueden apreciar hasta seis máquinas retroexcavadoras y enormes clasificadoras del material extraído del río o de sus márgenes.

De acuerdo con personas consultadas por El País, el ataque minero contra Zaragoza no es nuevo y empezó con fuerza cinco años después de la intervención que se hizo en el 2010. Aseguran que uno de los hechos que motivaron el reinicio de la minería en el río y en túneles por debajo de la vía Cabal Pombo fue la tragedia en una mina en Santander de Quilichao, a raíz de la cual muchos mineros llegaron al sector para retomar la actividad.

“El control de la minería ilegal en el sector de Zaragoza es un asiento bien complejo porque allí hay una mezcla entre minería tradicional o ancestral que llaman, donde hay una gente que se dedica genuinamente a eso y que no podemos calificar como mineros ilegales sino informales, y otro sector que es ya el de la minería criminal”, explicó el secretario de Seguridad del Valle del Cauca, Guillermo Londoño.

“¿Cómo diferenciamos nosotros la minería criminal de la minería informal?, porque hay una cadena logística detrás con un músculo financiero muy grande. Estamos hablando de retroexcavadoras, de personal y posiblemente la presencia de hombres de la columna Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y de la guerrilla del ELN”, señaló Londoño.

Agrega el funcionario que: “Algunas informaciones nos han referido, incluso, que estos grupos armados organizados (Gao-r) cobran una especie de vacuna por dejar ingresar maquinaria y otra información nos decía que cobraban el 10% de cada gramo de oro que sacan; es decir, es una cosa mucho más compleja”.

Las intervenciones realizadas

En lo corrido del año se han realizado en el sector de Zaragoza dos intervenciones por parte de los equipos interinstitucionales, en febrero y mayo pasados, en una estrategia desplegada, entre otros, por la Fiscalía Nacional, el Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea e integrantes de la Armada Nacional.

La ultima de las intervenciones fue la realizada el 10 de mayo del 2025, en la que fueron destruidas por los técnicos explosivistas 3 retroexcavadoras, 1 draga de succión, 2 canales de drenaje y 2 motobombas; maquinaria que según la Fuerza Pública tenía una capacidad de producción mensual aproximada de 1500 gramos de oro, lo que representarían ingresos por más de $1800 millones cada mes para los grupos armados.

Igualmente, se estableció por el equipo de investigadores que estas estructuras criminales vertían en solo ese punto “hasta 55 kilogramos de mercurio cada mes al río Dagua, generando un grave impacto ambiental sobre los ecosistemas y poniendo en riesgo la salud de comunidades rurales cercanas”.

Un elemento que no ha pasado desapercibido para las autoridades y la Fuerza Pública durante los operativos que se han realizado en el sector de Zaragoza, es que cada que se interviene una mina o un punto de extracción, la gente es presionada para salir a bloquear la vía e intentar evitar que se destruya con explosivos la maquinaria amarilla.

“Lo más reprochable es que en la última ocasión que intervenimos, supimos que había actores políticos del departamento incitando a los mineros ilegales a realizar bloqueos en la vía”, dijo uno de los investigadores.

Incluso, cuando se retomó la explotación ilegal minera, hombres de estos grupos armados ilegales habían realizado reuniones en sectores cercanos a Zaragoza para ir coordinando con algunas personas de la comunidad.

“Para nosotros es crucial y ha sido una prioridad combatir ese tema de la minería ilegal en el Valle. La orden de la gobernadora Dilian Francisca Toro ha sido contundente en que hay que golpear las fuentes de financiamiento del crimen porque es la única forma de debilitar sus capacidades”, agregó Londoño.

Una estrategia regional

Como parte de un esfuerzo conjunto entre la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Santiago de Cali, desde el año 2024 se orquestó la estrategia ‘Un Valle sin Minería Ilegal’ para contrarrestar los daños que este fenómeno criminal viene causando en algunos puntos del departamento, en especial en el corregimiento de Zaragoza y en Los Farallones de Cali.

Fue justamente este último lugar donde se realizó el primer esfuerzo, con el apoyo de Parques Nacionales Naturales de Colombia por la extensión que tiene el Parque Farallones, que abarca territorios de los municipios de Cali, Dagua, Jamundí y Buenaventura, y por ser la cuna del río Cali, que abastece de agua a más de medio millón de caleños en su paso por la capital del Valle del Cauca.

El objetivo, al que también se sumó el Ministerio de Ambiente era planear la implosión de los socavones que han abierto los mineros en el interior de las montañas y conservar el control de las trochas y vías de acceso a través de Peñas Blancas.

Como resultado se logró el cierre técnico de los socavones de Sacarías, La Laguna, Teófilo, El Paisa, Ferney, Juan Jetian, y Anchicaya, que eran las siete apuestas por cerrar en la intervención.

“Tuvimos muchísimas dificultades y debimos contratar una empresa porque fue imposible llevar al personal y los explosivos en los helicópteros. Pero además estábamos avisados de que probablemente nos estaban preparando una asonada y existía el riesgo de que se presentara un hostigamiento también por parte de las disidencias de las Farc”, explicó a El País una fuente policial.

Pero lo llamativo fue lo que se encontraron las autoridades al llegar al lugar: la presencia de migrantes venezolanos ejerciendo la prostitución en la parte alta; inclusive, una especie de caserío donde había venta de drogas y licor en este lugar donde se estima que han permanecido hasta 600 y 700 personas perforando la montaña.

Sin embargo en la operación, que sirvió de punto de partida para desplegar la fuerza en Zaragoza, fueron capturadas 16 personas: 11 con orden judicial y 5 más en flagrancia.

El enorme problema, explicó un funcionario de la administración anterior de la Alcaldía de Cali, “es que esta gente tiene una capacidad superior de reorganizarse y lo que me dicen las personas con quienes hablo en Peñas Blancas, es que han reabierto socavones que fueron cerrados y la minería sigue asentada en Farallones”.

Acabaron con la sierpes

Cuando se intervino hace quince años el sector de Zaragoza para erradicar la minería ilegal que estaba destruyendo el río, era previsible que el ejército de mineros debía desplazarse a algún lugar para continuar con la única actividad que sabían hacer, pero nadie se percató de averiguar hacia dónde habían ido.

La información que manejaban las autoridades locales era que algunos de ellos desocuparon sus improvisadas viviendas y se habían desplazado hacia el Chocó; otros aseguraban que luego de la intervención de las autoridades muchos habían ido a buscar oro a los municipios de Guapi y Timbiquí, en el Cauca, e incluso, que se habían movido hacia Anchicayá o San Cipriano.

No fue sino hasta que las imágenes satelitales empezaron a mostrar cómo cambiaba la forma del lecho y sus márgenes naturales cuando se supo que la minería se había ensañado ahora contra las quebradas La Sierpes y La Sierpesita en busca de las chispas de oro por parte de los mineros ancestrales, pero también de los kilos del metal con el que se financias los grupos armados ilegales.

“Toda la selva la están acabando y nadie hace, ni dice nada. Por esta vía pasaban a diario autoridades de todo nivel y veían la cantidad de gente internarse en la montaña con botas plásticas y herramientas y era como si nada pasara”, indicó hace unos meses un líder social en Zaragoza.

Cómo células malignas, centenares de mineros, hombres y mujeres, permanecieron durante años afectando varios kilómetros de la quebrada y lo que se aprecia ahora, pese a que las imágenes satelitales están desactualizadas, no es más que el nivel de deforestación, las bocas abiertas en La Sierpes y la enormes piscinas de cianuración.

“Lo que hemos sabido es que se ha hecho un daño irreparable en la quebrada La Brea, pero también en La Sierpes y La Sierpesita; las han destruido completamente. Puede verse que sus cuencas hidrográficas están deformadas al igual que la margen forestal protectora y la margen hídrica. Le han metido hasta planchones”, aseguró una fuente judicial consultada por El País.

El financiamiento de semejante daño, indica la fuente, ha permanecido en disputa entre las disidencias de las Farc y reductos del ELN que ejercen control en sectores del Bajo Calima.

“Ese daño ni en un siglo podrían haberlo hecho mineros artesanales con sus bateas; son organizaciones criminales muy poderosas las que se camuflan entre mineros informales que según nos contaban, eran hasta 300 trabajando diariamente”, concluyo.