¿Qué logró Colombia tras el fallo del tribunal de La Haya?

A favor de Colombia fue el fallo de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, de La Haya sobre el único caso que quedaba abierto acerca de la delimitación de la plataforma continental, más allá de las 200 millas marinas contadas desde la costa nicaragüense que pretendía el régimen de Daniel Ortega.

Con 13 votos a favor y 4 en contra, la Corte coincidió en que el área del Mar Caribe que reclamaba Managua no puede primar sobre los derechos de la zona económica y la plataforma continental de los colombianos.

¿Qué implica para Colombia la decisión de la Corte?

“La ventaja es que se rechazan las pretensiones que ha tenido Nicaragua sobre el Caribe Occidental desde 1969. Además, es la demostración de que la política exterior de un Estado debe ser eso y no una política de los gobiernos que estén en el poder”, observa el Julio Londoño, decano de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.

Asimismo, expertos señalan que el fallo garantiza que, tanto el territorio insular, es decir, las islas y los cayos que se encuentran en esas 200 millas, como el área continental, tenga que ser respetados por Managua y, por ende, Colombia es protegida por el derecho internacional y por la Corte Internacional de Justicia.

En ese sentido, “nos quitamos un problema, porque si la corte le hubiera dado la razón a Nicaragua, se habría abierto un nuevo proceso con audiencias para determinar cómo hubiese sido la plataforma extendida. Eso significaría un obstáculo mayor por la bioreserva Seaflower”, agrega el analista internacionalista Mauricio Jaramillo.

¿Ahora qué sigue?

Aunque el fallo a favor de la Nación es claro en que, en el pleito con Managua, la CIJ consideró insubsistentes sus determinaciones para que se le reconociera el área marina y que “no puede extenderse la plataforma continental que se sobreponga sobre otro Estado”, según señaló la magistrada Joan Donogue, aún hay algunas determinaciones por ejecutar.

“Todavía está pendiente el cumplimiento de ciertas disposiciones de las decisiones del 2012 y del 2022. La Corte en la sentencia del año pasado invita a una negociación entre Nicaragua y Colombia sobre el uso de los derechos de pesca, y ese es un asunto que tienen que negociar los dos estados”, indica Juliana Bustamante, docente de la facultad de Derecho en la Universidad de los Andes.

También, aclara que, pese a que el gobierno de Ortega asegura que el proceso no ha terminado, “no hay posibilidad de que haya nuevas demandas sobre el territorio o las aguas colombianas que, como ya reconoció la CIJ, no pueden ser vueltas a poner en controversia, porque Colombia ya no es parte del Pacto de Bogotá y, por lo tanto, la corte no tiene jurisdicción para estos casos”.

¿Qué es el Pacto de Bogotá?

“Es un tratado internacional de resolución pacífica de controversias que se firmó en 1948, cuando se creó la Organización de Estados Americanos, OEA, y lo que hace es obligar a las partes contratantes (en este caso Colombia y Nicaragua) a que, si tienen una disputa, la puedan elevar a la CIJ”, explica Jaramillo.

A su vez, Londoño advierte que “a diferencia de lo que sucede con los tribunales nacionales, la Corte Internacional de Justicia, para pronunciarse sobre una diferencia entre dos países, necesita que previamente ambas naciones hayan aceptado su competencia para actuar como árbitro”.

En su momento, el expresidente Juan Manuel Santos se retiró de ese acuerdo “para evitar la competencia de la Corte y por eso nos quitó de encima futuras y posibles demandas de Nicaragua, aunque hay otros mecanismos de derechos internacionales que nos vinculan a la Corte”, añade Miguel Jaramillo.

¿Qué salidas tiene Nicaragua?

Pese a que el régimen de Daniel Ortega ha asegurado que esta es solo una etapa de la disputa con Colombia por el Mar Caribe, expertos están de acuerdo con que “hay un principio que advierte que un Estado no puede activar un proceso por el cual ya hay una orden judicial”, dice el analista político internacionalista Mauricio Jaramillo.

Agrega que, “en este caso, la Corte tomó una decisión y es una determinación inapelable y de inmediato cumplimiento. Entonces Nicaragua no podría volver a pedir la plataforma continental extendida”.

De su lado, Julio Londoño, decano de Relaciones Internacionales de la U. del Rosario comenta que “Managua puede seguir con sus pretensiones, pero el máximo tribunal del mundo, que es la CIJ, las ha rechazado y, a mi juicio, ha dejado para siempre selladas sus intenciones sobre la tierra”.

¿Es necesario seguir a disposición de instancias internacionales?

Para Londoño, “Colombia no puede estar vinculada a las decisiones obligatorias de la CIJ, pero eso no quiere decir que no pueda acudir de común acuerdo con otro Estado para solucionar diferencias”. Además, parte de las responsabilidades que tiene el país al pertenecer a las relaciones internacionales es que responda frente a esos tribunales”.