Ministros bajo la lupa: suspensión del ‘decretazo’ tendría consecuencias penales; ya enfrentan una denuncia formal

El Consejo de Estado ordenó esta semana la suspensión provisional del Decreto 0639, conocido como el ‘decretazo’ con el que el Gobierno Petro convocó a una consulta popular.

La decisión, que fue interpretada por juristas como un fallo anticipado, ha generado una sacudida en el sector político y jurídico.

Especialistas señalan que este tipo de medidas cautelares suelen anticipar la nulidad definitiva del acto administrativo en cuestión, lo que abriría la puerta a consecuencias legales para los funcionarios que lo firmaron.

¿Medidas legales a quienes firmaron el decreto?

La información fue revelada por la sección Los Secretos de D’arcy Quinn, de La FM, en donde se advierte que, en caso de que se confirme la nulidad del decreto, varios ministros podrían enfrentar cargos penales.

El documento del Consejo de Estado no solo suspende el decreto, sino que también deja entrever una seria preocupación por la legalidad del proceso.

De acuerdo con el análisis de expertos en derecho administrativo, la anulación de un acto oficial como el Decreto 0639 no se queda únicamente en el plano institucional.

Pues, en caso de que se llegue a demostrar que los ministros y el presidente eran conscientes de que la expedición del decreto contravenía la ley, podrían enfrentarse a cargos por prevaricato, entre otras figuras penales.

Uno de los elementos clave es el concepto negativo emitido por el Senado, que, según se ha conocido, fue ignorado al momento de firmar el decreto.

Esto podría agravar la situación legal de los firmantes, al configurar no solo una extralimitación de funciones, sino también una posible usurpación de competencias, si se comprueba que actuaron de manera deliberada e indebida.

Involucrados en la ejecución del decreto

Según informó la FM, aunque varios ministros estamparon su firma en el documento, hay excepciones notables en este caso.

Por ejemplo, el ministro de Minas, Edwin Palma; la ministra de Ambiente; y la canciller Laura Sarabia, no lo firmaron personalmente, ya que delegaron esta responsabilidad en sus viceministros.

También quedaría al margen Luis Eduardo Montealegre, actual ministro de Justicia, quien redactó el decreto, pero no se había posesionado oficialmente en el cargo al momento de su expedición.

Cabe señalar, que aunque esta información fue analizada por expertos, hasta el momento, no se tiene certeza de que los mencionados anteriormente tengan estas implicaciones.

Por otro lado, la eventual nulidad del Decreto 0639 no solo plantea un desafío legal para el Gobierno Petro, sino que también podría marcar un precedente histórico en la relación entre el mandatario y las ramas del poder judicial.

Lo anterior, debido a que la consulta popular impulsada por el Ejecutivo, era una de sus principales apuestas para consolidar sus reformas.

Denuncia de Cabal

Teniendo en cuenta lo anterior, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra los 19 ministros del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La acción judicial los acusa del presunto delito de prevaricato por acción, tipificado en el artículo 413 del Código Penal.

Esta denuncia se centra en que el Ejecutivo expidió el decreto que convoca a una consulta sin contar con el concepto previo y favorable del Senado.

Según Cabal, los ministros firmaron el decreto “con conocimiento de causa”, lo que, a su juicio, configura un acto administrativo flagrantemente ilegal.

Finalmente, en el país continúa la incertidumbre sobre cuál será el resultado final de esta disputa política, teniendo en cuenta que la reforma laboral estaría a un paso de ser empleada.