Mientras Gobierno defiende el ‘decretazo’ que reestructura el sistema de salud, la oposición alista demanda

La firma del decreto por parte del presidente Gustavo Petro que adelanta gran parte de la reforma a la salud que sigue sin ser aprobada en el Congreso, ha generado una ‘ola’ de rechazo por el desconocimiento que se le estaría dando al Legislativo.

Según argumentó el Gobierno, el decreto está alineado con los lineamientos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo y no reemplaza el trámite legislativo de la reforma a la salud.

“La medida busca reorganizar los servicios para fortalecer la atención primaria, priorizar la prevención de enfermedades y mejorar la prestación de los servicios. Su implementación será progresiva y con enfoque territorial, en especial en zonas con menor capacidad en el primer nivel de atención”, explicó el Ministerio de Salud

Para la cartera, el decreto 0858 de 2025 tiene como único propósito dar cumplimiento a lo ya establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023) y fortalecer la atención primaria en salud de todo el país.

“Este decreto hace parte de las medidas que el Gobierno ha venido adelantando para mejorar la prestación de los servicios de salud en el corto y mediano plazo, sin que ello implique sustituir el debate democrático y amplio que continuará en la Comisión Séptima del Senado sobre los cambios estructurales que requiere el sistema”, aclaró.

El documento firmado por el Mandatario en la noche del pasado miércoles, deja en manos del Ministerio de Salud y de los departamentos y municipios toda la dirección del sistema de salud y crea una Redes Integradas e Integrales Territoriales de Salud, que gestionarán la salud en los territorios y serán las encargadas de acceso a los servicios de salud de las personas.

A través de esas redes deberá coordinarse la labor de las EPS y de las demás entidades encargadas de prestar el servicio de salud en el territorio.

El decreto le da además un plazo de 6 meses al Ministerio de Salud para que organice la gestión territorial de la salud pública en regiones y subregiones del país.

Con la norma, las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) se podrán organizar como Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) que tendrán la función de ser el primer contacto de las personas con el sistema de salud.

Por su parte, las EPS podrán obtener autorización para funcionar como gestoras de la salud pública en determinados territorios.

Anuncian demanda contra el decreto

El representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero se refirió a la medida como un nuevo ‘decretazo’, indicando que a “Guillermo Jaramillo (ministro de Salud) no le bastó el desastre del sistema de salud de los maestros y ahora implementa su reforma vía decreto, desconociendo al Congreso”.

“Y eso que Benedetti había dicho que quería buscar acuerdos y concertar con la Comisión VII de Senado… Demandaremos ese esperpento", anotó.

Asimismo, la senadora Nadia Blel, del Partido Conservador señaló que es una “incoherencia total que mientras el Gobierno impulsa una reforma a la salud en el Congreso, el Ministro expide un decreto que no solo desconoce al Legislativo sino que excede su potestad reglamentaria”.

“Modificar de esta manera el sistema de salud no solo es una falta de respeto a la institucionalidad: es una peligrosa señal de desprecio por la democracia y por los colombianos que representamos, es una muestra clara de que a este gobierno no le interesa el diálogo ni el consenso, sino la imposición”, señaló.