Los escándalos que rodean al presidente Gustavo Petro, según The Economist

El reciente informe de The Economist han colocado a familiares y allegados al presidente colombiano Gustavo Petro en el centro de escándalos que involucran supuestos actos ilícitos. Entre los implicados se encuentran el hijo, el hermano y la exjefa de Gabinete del mandatario.

La acusación más reciente recae sobre Nicolás Petro, hijo del presidente, quien enfrenta cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Según The Economist, Nicolás Petro habría aceptado sobornos de un exnarcotraficante y del hijo de un empresario vinculado a grupos paramilitares, todo a cambio de favores políticos. La incógnita persiste sobre si estos fondos influyeron en la carrera presidencial de Gustavo Petro, que culminó con su victoria en 2022.

Aunque Nicolás Petro admite haber recibido el dinero, alega que los fondos quedaron en su posesión. Ante estos hechos, el presidente Petro ha negado tener conocimiento de tales acciones, desencadenando investigaciones sobre los recursos que respaldaron su campaña y que involucran también a su hermano y a su exdirector de campaña, Ricardo Roa.

Tanto el hermano del presidente como Roa niegan irregularidades, mientras que Laura Sarabia, exjefa de Gabinete, se presentó ante fiscales en medio de un polémico proceso que incluyó un detector de mentiras y la mención de chuzadas telefónicas y dinero en efectivo.

En uno de los apartes de la nota del medio dice: “La situación de su hijo es parte de una constelación de escándalos que afectan a Petro, quien, tras casi 18 meses en el cargo, enfrenta una ardua batalla para ganar apoyo para su ambicioso programa de reformas”.

Cabe resaltar que este medio es una publicación semanal en lengua inglesa, con sede en Londres, que aborda la actualidad de las relaciones internacionales y de la economía desde un marco global.

El Congreso colombiano inició un proceso de ‘impeachment’ (proceso de destitución) contra Petro en diciembre, y recientemente citó a su hijo como testigo. The Economist señala que el Tribunal Supremo también busca escuchar su versión en un caso adicional de enriquecimiento ilícito.

Estos escándalos arrojan una “sombra inminente” sobre el mandato de Petro, según Sergio Guzmán, de Colombia Risk Analysis. Con una favorabilidad del 33% en diciembre, el presidente enfrenta desafíos políticos para avanzar en las reformas propuestas, incluyendo cambios en el sistema de salud, pensiones y educación.

Además, la elección del próximo fiscal general genera expectativas, con votaciones en la Corte Suprema que revelaron tensiones y múltiples rondas sin un claro sucesor para el actual fiscal. La incertidumbre persiste en el panorama político de Colombia, mientras los escándalos amenazan la estabilidad del gobierno de Petro.

Nicolás Petro fue oficialmente acusado por la Fiscalía y llamado a juicio

Cabe recordar que en una pasada audiencia, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La acusación por parte de la Fiscalía se da luego de que el juez segundo especializado de Barranquilla negó por completo la nulidad del caso, permitiendo así que el proceso siga.

En ese sentido, el delegado de la Fiscalía se permitió argumentar las razones por las que acusan al hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Según el delegado de la Fiscalía, entre los años 2020 y 2022, Nicolás Petro realizó compras de casas, autos, pagos en establecimientos de comercio y demás gastos millonarios que no tienen sentido al compararlos con los ingresos que el acusado reportó tener por su labor como diputado del Atlántico.

“Por todos estos gastos usted obligatoriamente debía tener en su haber un valor total de $ 1450 millones, todo esto para poder soportarlos y acceder a ellos. Es más, entre los meses de julio a diciembre del 2022 usted realizó gastos por valor de $ 1205 millones, que representan el 83% en los gastos realizados en ese año. Sin embargo, se reitera que para el año 2022 usted solo contaba con $ 280 millones, por lo que existen más de $ 1000 millones que no son productos de su labor como diputado y, al no haberse reportado ni encontrado otra actividad económica legal que le genere ingresos, estos se reputan como incremento patrimonial injustificado”, explicó el delegado de la Fiscalía.