Humberto De la Calle: “En La Habana nunca dijimos que era paz total, porque éramos realistas”

Por Olga Lucía Criollo, Editora Política de El País

“Hoy no hay lucha armada en Colombia, por lo tanto, la noción de conflicto armado interno, para meter todos los huevos en la misma canasta, encierra enormes peligros que, a pesar de ser conceptuales, derivan en circunstancias concretas”.

La advertencia la hace Humberto De la Calle, exjefe negociador del Gobierno en los diálogos con las extintas Farc y hoy senador independiente, al comparar las condiciones existentes en el país en el 2016, cuando se firmó el Acuerdo del Teatro Colón, y los grupos generadores de violencia con los que el actual Ejecutivo busca lograr la Paz Total.

¿Cómo ve los diálogos del Gobierno Petro con las disidencias de las extintas Farc autollamadas Estado Mayor Central, EMC?

El EMC es una creación que obedece a unos hechos que no podemos negar, pero que se ha venido aglutinando en parte por la actitud del Gobierno de crear un esquema de fragmentos de las antiguas Farc que operaban en el territorio de manera muy poco sistemática. Ahí hay un problema en términos de lo que significa que Colombia mantenga la idea de que tenemos un conflicto armado interno en la noción internacional de una guerrilla política que busca un cambio de régimen. En segundo lugar, esa aproximación al llamado Estado Mayor Central y también al ELN y a la Segunda Marquetalia tiene dos equivocaciones de fondo. En primer lugar, una dosis importante de voluntarismo, que ha venido bajando intensidad, pero que cuando se inauguró el Gobierno era evidente: ‘aquí nadie ha hecho nada porque no saben hacerlo y nosotros sí, por lo tanto la paz se va a obtener, producto de que sí somos buena gente con la guerrilla’, y esa es una equivocación: uno nunca puede olvidar que está frente a un antagonista en la mesa de conversaciones, y, segundo, lo que suele llamarse el adanismo: ‘yo soy el primero, a mí fue al que se me ocurrió’, y justamente la manera de presentar la Paz Total es ‘eso segmentado no sirve, porque continúan problemas de perturbación’. Claro, hay problemas que persisten. En La Habana nunca dijimos que era la paz total, precisamente porque éramos realistas, era un proceso para poner fin al conflicto con ese grupo específico, pero ese adanismo los ha llevado a un apresuramiento, que me parece que es nocivo.

EE. UU. dijo en la última sesión del Consejo de Seguridad de la ONU ce que va a mirar las negociaciones con esas disidencias de las Farc antes de decidir si avala ampliar el mandato de Misión de Verificación en Colombia. ¿Qué piensa al respecto?

La inseguridad nos agobia a todos, pero hay un escalamiento que tiene unas características distintas, que es el descontrol territorial. Nunca Colombia ha podido controlar su territorio, pero se ha ido incrementando la presencia de grupos desarticulados, que ya no tienen propósito político, en el sentido de tumbar al Gobierno por las armas, sino una búsqueda de controles territoriales y en función de una línea central, que son las organizaciones criminales... estos grupos están suplantando el Estado y generando condiciones casi de autoridad en determinados territorios. Estoy proponiendo que el Estado recupere la capacidad de disuasión, lo cual implica la potencialidad de la coerción, pero eso es mucho más que salir a disparar.

¿O sea que no deberían ser consideradas como una guerrilla?

Reitero, hoy no hay lucha armada en Colombia, por lo tanto, la noción de conflicto armado interno, para meter todos los huevos en la misma canasta, encierra enormes peligros que, a pesar de ser conceptuales, derivan en circunstancias concretas. La firma con las Farc generó la evidencia nacional e internacional, no de que no hubiera violencia, pero sí que había desaparecido el paradigma de que Colombia tenía una guerrilla política. Eso fue enorme y estamos echando para atrás. Cuando uno reconoce que estos grupos, que están contendiendo entre sí, hacen parte, vía la Paz Total, de un conflicto armado interno renovado, es una frustración, no para los que estuvimos en La Habana, sino para un país que había logrado, ante la comunidad internacional, decir: ‘tenemos problemas, narcotráfico, pero la fase de guerrilla política terminó’. Lo que tenemos son problemas de criminalidad superiores a otros países y no hay que disimular eso.

¿Y cuál sería la alternativa: el proyecto de sometimiento anunciado por el Ministerio de Justicia?

Lo primero sería decir que a ese proyecto de sometimiento se le acabó la gasolina y se murió solo, ni siquiera fue que lo tumbó la oposición, se tornó inviable y el propio Gobierno dejó de alentarlo. Recordemos que el ‘Clan del Golfo’, a través de uno de sus abogados, dijo que no les satisfacía. Luego el Gobierno puede estar pensando qué características tiene que tener esa ley de sometimiento para que permita su eficacia, pero tenemos que tener claro de qué estamos hablando: el Gobierno mantuvo la idea de que había una guerrilla política, que era el ELN, con la cual hay un camino de negociación pura y dura ya experimentada en Colombia, y que lo demás eran bandas criminales frente a las cuales había que optar por un sometimiento.

Es una idea válida, sobre todo porque si dijésemos que hay que negociar con todos los que tienen armas, se está haciendo una invitación al desbordamiento y a un tratamiento que desconoce la esencia del Estado de Derecho... pero todo eso termina siendo retórica: negociación o sometimiento, lo que es necesario es enfrentar estos fenómenos, que ya son sustancialmente distintos a los del 2016, pero para eso hay que tener, primero, método: entre mano dura y zanahoria, hay un tándem que es delicado y que hay que ir midiendo en función de las circunstancias. El cese al fuego es la gran decisión y precipitarse a ofrecerlo sin contraprestación, produce lo que produjo: hasta el propio ELN dijo ‘yo no he hablado de eso’.

¿Cual es su preocupación frente al accionar de las Fuerzas Armadas hoy?

Yo no voy a sostener que Gustavo Petro les dio la orden de suspender operaciones, salvo las ofensivas, como lo definen los decretos de cese el fuego; no es que haya una operación tortuga dictada por el Ejecutivo, pero sí voy a decir que los decretos del 31 de diciembre crearon ambigüedades para los comandantes. Pongámonos en la mente del comandante que está en el norte del Cauca: las Fuerzas Armadas están hechas para obedecer y esa estrategia tiene que ser unívoca, a un soldado solo se le puede dar una instrucción que él cumple; la obligación para ese soldado de distinguir si esto es una operación ofensiva o me tengo que guardar en el puesto de Policía genera una deliberación que termina paralizando la Fuerza Pública. Hay muchas evidencias en los territorios donde los colombianos han sentido que la Fuerza Pública se frena por una dinámica que, repito, no obedece a orden explícita del Gobierno, como dicen en la oposición, pero que sí ha generado una operación tortuga de facto provocada por la incertidumbre.

Y en ese ambiente de confusión se anuncia la visita del Consejo de Seguridad de la ONU para febrero...

Naciones Unidas ha sido clave para mantener lo acordado en La Habana y para ayudar en el impulso a la implementación y verificación del cumplimiento del Acuerdo. Esa es la dinámica que trae el Consejo de Seguridad, pero ya empieza uno a oír países que se preguntan hasta dónde debe llegar esto, particularmente cuando en el mismo saco terminan dándose tratamientos que no conocemos, porque no hay ley de sometimiento, a grupos que ya no tienen un propósito político. ¿Qué quiere decir esto? Reitero, no hay un programa nacional de rebelión o insurrección, hay algo de papel político cuando se trata de controlar una determinada comunidad con fines delincuenciales, pero sobre esa desvertebración, que se ha ido agudizando, creería que el Consejo de Seguridad sí necesita tener certezas.