Política
Fantasmas constituyentes
Como en otras polémicas iniciativas impulsadas por el presidente Petro, la propuesta para cambiar la Constitución será otra derrota para el Gobierno.

22 de jun de 2025, 12:01 p. m.
Actualizado el 22 de jun de 2025, 12:01 p. m.
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En las últimas semanas, el Gobierno ha enfrentado una serie reversos jurídicos, que pueden ser leídos como grandes derrotas políticas.
El primero de ellos fue la decisión del Registrador Nacional de suspender la realización de la consulta popular. A lo cual se sumó, casi de manera inmediata, la orden del Consejo de Estado de suspender todos los efectos jurídicos del denominado ‘decretazo’.
Pocos días después, la Corte Constitucional emitió un concepto negativo sobre la reforma pensional, promovida por el Gobierno y su bancada en el Congreso. En este caso, la ley deberá ser devuelta al Congreso para que se den las discusiones necesarias a todos y cada uno de los artículos que la componen, dado que la misma fue aprobada en bloques, lo cual impidió el derecho de los senadores de analizarla y discutirla apropiadamente.
Finalmente, el pasado viernes se terminó de aprobar en el Congreso la reforma laboral, proyecto de ley que había sido rechazado y hundido por la Comisión Séptima del Senado, pero que luego fue revivido por la plenaria del mismo, para posteriormente ser modificado y ampliado por la Comisión Cuarta.
Siguiendo lo dicho por los ponentes iniciales de esta reforma en la Cámara, en el proceso de conciliación de los textos se terminó imponiendo el del Senado, el cual, si bien incluyó la mayor parte de los pilares iniciales de la propuesta, no es del todo lo inicialmente esperado por el Gobierno.

Este último hecho da cuenta que sí se podía negociar, discutir y aprobar ‘a voto limpio’ una reforma laboral más amplia e incluyente, a pesar de lo cual hay que reconocer que persisten muchos vacíos e inconsistencias, especialmente en lo relacionado con los impactos económicos que tendría para las medianas y pequeñas empresas, por lo cual es altamente probable que en un par de años se incremente aún más la informalidad, la cual ya llega al 57 %.
No obstante, a través de un tuit, el Presidente ‘cantó victoria’, mostrando la nueva ley laboral como una promesa de campaña cumplida, como si la misma fuese producto de su puño y letra y no hubiese tenido importantes modificaciones y ampliaciones en el Senado, es decir, desconociendo que se trató de una coproducción entre varios actores políticos.
En el tuit presidencial se anunció a su vez que se derogaría el ‘decretazo’ de la consulta popular, pero, de manera seguida, se anunció la posibilidad de realizar una Asamblea Constituyente.
Esto último, mediante la inclusión de una boleta adicional dentro de uno de los eventos electorales que están por realizarse en el país, a través de la cual los ciudadanos podrán decidir si desean o no convocarla.

Además de constituirse en una promesa de campaña incumplida, pues se comprometió públicamente en no hacerla, para muchos expertos este llamado se trata de un nuevo exabrupto jurídico, en el que el Gobierno saldrá derrotado, puesto que para convocar a una constituyente se requiere de una ley que apruebe tal iniciativa, por lo cual, necesariamente deberá pasar por el Congreso, donde las cuentas no le han venido favoreciendo, sin contar con el control de constitucionalidad que pueda ejercer la Corte Constitucional.
Y mientras todo esto sucedía, se introdujeron importantes cambios en el gabinete de gobierno, luego de que en un consejo de ministros se denunciara una “traición” por parte de varios funcionarios públicos, provocando con ello una deformación ideológica más al interior del Gobierno, al que le queda muy poco de izquierda en su composición. Por los perfiles de los nuevos convocados, todo indica que el gobierno se la jugará por justificar -a toda costa y a cualquier precio- el exabrupto jurídico anunciado, pasando a denunciar la presunta falta de integridad e idoneidad del Congreso y de las Cortes.
Pero, ¿hasta dónde nos conducirá todo esto?; ¿hasta llevar a las instituciones y los equilibrios de poderes a un punto de asfixia tal, que en el campo de la opinión pública se llegue a creer que es la constituyente la única opción real para salir de la crisis provocada?, volviendo a revivir fantasmas como el de la reelección o el del “estado de opinión” que antes reprochaban. ¿Es eso lo que en el fondo se desea?