El incierto panorama que enfrentan las reformas del Gobierno Petro

Luego de que en las sesiones extras del Congreso no se aprobara ninguna de las reformas sociales proyectadas por el Gobierno, el panorama al inicio del periodo ordinario no parece más alentador, ya que solo se han radicado dos y siguen ‘emproblemadas’.

En efecto, pese a que la reforma a la salud fue presentada oficialmente el 13 de febrero todavía no hay un documento oficial para iniciar su debate, debido a que aún no terminan las negociaciones que el Gobierno tuvo que hacer con los partidos Liberal, la U y Conservador.

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Asimismo, el proyecto de ley para el sometimiento de grupos criminales fue radicado el miércoles, pero de inmediato despertó el rechazo en varios sectores, entre otros puntos, por la supuesta permisividad que plantea.

Ese mismo día también se pretendía radicar la reforma pensional, pero el Ejecutivo lo aplazó para el próximo 22 de marzo, mientras que ayer se esperaba que el presidente Petro presentara oficialmente la laboral ante el Congreso (ver recuadro).

En cuanto a la reforma a la salud, el miércoles el jefe del liberalismo, César Gaviria, expresó que, a pesar de las conversaciones, hasta el momento no se ha logrado un consenso en la escritura del articulado por parte de los equipos técnicos del Ministerio de Salud y de los partidos.

“Materializar la integración de los dos sistemas de lo que quiere el Presidente, que con recursos públicos se llegue hasta el último rincón de Colombia y el sistema de EPS que hoy existe, no es fácil”, agregó.

Al respecto, el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa señaló que “hay mucha incertidumbre” porque “de las recomendaciones que hicieron el conjunto de partidos no conocemos aún el impacto de esa norma estudiándola integralmente. Puede haber artículos contradictorios, dejarse vacíos normativos que pueden dificultar la implementación del nuevo sistema, que se ha dicho que es mixto, y podría poner en riesgo la atención de salud de los colombianos”.

De su lado, el analista político John Mario González consideró que “cualquier punto de compromiso al que lleguen el Gobierno y los partidos será lesivo para el sistema de salud, porque significará una mayor estatización y gasto público para el sistema con un proyecto que no apunta a resolver las falencias existentes para atender de forma eficiente a los habitantes de los sectores rurales y a quienes no tienen atención de calidad”.

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A este proyecto de ley ayer le llovieron críticas por la supuesta flexibilidad que plantea frente a los grupos armados y las pocas garantías que propone para las víctimas.

La procuradora general, Margarita Cabello, añadió reparos ante la posibilidad de que se restrinja la extradición y advirtió que en el articulado habría varios ‘micos’.

Entre tanto, el fiscal general, Francisco Barbosa, dijo a Blu Radio que “no me voy a quedar quieto dejando cómo el país se va desmoronando. Hay una serie de elementos en los que hay una posible afectación a la separación de poderes y a la administración de justicia y, por supuesto, eso va en contravía de la Constitución”.

“Si esto pasa en el Congreso, estaríamos ad portas del fin del Estado de Derecho, añadió el funcionario y advirtió que si “quieren sacar a todos (los narcotraficantes) de las cárceles, de una vez que hagan un jubileo en el Congreso y que enfrentemos el debate de esa manera en el país”.

El Fiscal incluso afirmó que todo indica que “el Gobierno lo que quiere es legalizar el narcotráfico”.

Sobre esta iniciativa, el senador Motoa dijo que “tiene incentivos perversos que deben de ser corregidos o hundidos en el Congreso. Preocupa el mensaje de urgencia, la falta de profundidad en los temas que están hoy atentando contra la seguridad de los colombianos y que los narcotraficantes terminen creyendo que esta norma va a ser el canal para legalizar las economías ilícitas”.

Y el analista González dice que esta ley “no es otra cosa que acabar con la política criminal. ¿A quién se le ocurre ofrecerle a personas que han cometido delitos de la envergadura de los que perpetraron las bandas criminales un máximo de ocho años de cárcel?”.

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“Cuando el expresidente Álvaro Uribe presentó el proyecto de alternatividad penal para hacer la paz con los paramilitares, los opositores radicales pusieron el grito en el cielo porque no se debía ofrecer impunidad y ahora esos mismos la están generando, porque ocho años de cárcel para ese tipo de delitos se convierten en una burla a la justicia”, agregó.

En cuanto a la reforma pensional, que sería radicada la próxima semana, las fuentes coinciden en que es necesario aterrizar el proyecto, ya que “el Ejecutivo anda enredado e improvisando, porque la agenda legislativa que bosquejó era inviable”, dijo González.

Según él, “aun si el Gobierno lograra sacar la reforma como la presenta, puede encontrarse con un contexto más difícil y es que en un mes o unas semanas los mercados financieros internacionales estén más asustados”.

Motoa añade que “de la reforma pensional solo hemos conocido anuncios, titulares y segmentos. Falta mucha discusión y concertación que tendrá que hacerse con los diferentes estamentos de la sociedad, con el Congreso e incluso con las academias. Es importante conocer el mayor tecnicismo para tramitar y presentar esa legislación tanto a la Cámara como en el Senado. Todavía es incipiente la información que tenemos”.